Por Redacción Es Noticia
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Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron el pasado jueves a dos hombres, en casos separados, relacionados con explotación de menores, según informó la agencia federal al anunciar las acusaciones de un gran jurado.
“Estamos comprometidos con llevar a los depredadores sexuales de menores ante la justicia y proteger a nuestros niños”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
En cuanto al primer caso, un gran jurado acusó a José Antonio Maestre Rivera, de 27 años y residente de Carolina, por explotación sexual de menores, coerción y aliento, transportación de una menor con intención de actividad sexual, recepción de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno.
Según documentos del Tribunal, entre abril y octubre de 2025 utilizó redes sociales para persuadir a una menor de 14 años a realizar conducta sexual explícita y produjo y transmitió material de explotación infantil.
Respecto a las posibles penas, se informó que Maestre Rivera enfrenta una sentencia mínima de 15 años y una máxima de cadena perpetua en caso de ser convicto.
En cuanto al segundo caso, agentes de HSI arrestaron a Gilberto Fontánez Alvarado, de 67 años y residente de Bayamón. Fue acusado por transportación y posesión de material de explotación infantil.
La acusación alega que, entre agosto de 2012 y noviembre de 2025, utilizó dispositivos electrónicos para poseer y acceder con intención de ver imágenes de explotación infantil, incluyendo de menores prepúberes.
De ser convicto, Fontánez Alvarado enfrenta una sentencia mínima de cinco años y una máxima de 20 años de prisión, según la información provista.
Sobre las tendencias observadas, Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan, indicó que “estos cargos resaltan una amenaza creciente: depredadores que utilizan plataformas de redes sociales para contactar y manipular a menores”. Añadió que las investigaciones reflejan patrones planificados y de largo plazo, según se informó.
Ambos casos son procesados por la fiscal Emelina M. Agrait Barreto como parte de Project Safe Childhood. Se recordó que una acusación es solo una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta ser declarados culpables más allá de duda razonable.
