Por CyberNews
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó este miércoles, que concurrió con la recomendación del Departamento de Justicia (DJ) de no designar un Fiscal Especial Independiente (FEI) sobre alegaciones de que Miguel Romero Lugo, mientras ocupaba el cargo de senador por San Juan, mantenía en nómina a empleados fantasma.
“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI. Más bien, la querella se basó en conjeturas y opiniones no confirmadas. De conformidad con lo expresado, se ordena el archivo definitivo de este asunto,” reza en su parte final la Resolución emitida por el PFEI.
Al examinar minuciosamente el informe, el PFEI ordenó el archivo por falta del quántum de prueba necesario, de la querella ante su consideración sobre actuaciones de Romero Lugo.
La investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia no encontró causa suficiente para creer que el ahora alcalde Romero Lugo hubiese incurrido en conducta delictiva en los procesos de reclutamiento y pago del personal de su oficina, entre otros asuntos.
La querella que activó el proceso investigativo fue presentada por la señora Raquel Evín Vélez Molina, quien fuera empleada del entonces senador en la Comisión de Gobierno y Asuntos Electorales.
Según la pesquisa preliminar de Justicia, Romero Lugo prescindió de los servicios de Vélez Molina cuando por decisión del Presidente del Senado, dejó de presidir la referida comisión.
A raíz de este suceso, la exempleada alegó que en la oficina senatorial se mantenían como empleados fantasmas a ciertos contratistas y se manejaban asuntos políticos para adelantar la candidatura de Romero Lugo a alcalde de San Juan.
De la investigación de la DIPAC, luego de entrevistar a múltiples testigos y recopilar evidencia documental, no surgió prueba que sustentara la alegada acción delictiva.
Los contratistas realizaban sus labores según pactadas contractualmente, no se encontró evidencia de manejo impropio de propiedad o recursos públicos, como tampoco hubo testigos que sostuvieran haber recibido instrucciones políticas del senador.
