Por Sandra Caquías Cruz
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PONCE – Las arcas de este municipio llevan años cerrando en números negativos, eso representa más gastos que el dinero que ingresa, esto a pesar de que, en la Ciudad se impuso la tasa de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble más altas del País, durante varios años se redujo la jornada de trabajo a cientos de empleados y el desarrollo de nuevos proyectos en las pasadas décadas fue escaso.
La escapatoria legal que utilizó la administración del alcalde Luis Irizarry Pabón para enfrentar la situación que heredó fue amortizar a 44 años el déficit de $22 millones que tiene el ayuntamiento. Eso representa que anualmente el municipio tiene que destinar alrededor de medio millón de dólares del presupuesto para abonar al déficit acumulado, un dinero que al tenerlo comprometido no podrá utilizar para obras.
El presupuesto para el año fiscal que acaba de comenzar es de $90,837,252 el fondo general y el consolidado (incluye todos los gastos ordinarios operacionales y de mejoras permanentes con cargo al fondo general) alcanza los $140,185,276.
El ayuntamiento utilizará -durante 2022-23- alrededor de la mitad de ese dinero para pagar la nómina y con el resto tendrán que pagar los gastos de la administración municipal para brindar servicios.
La directora de finanzas del ayuntamiento, Damaris Suliveres Cruz, reconoció que el déficit acumulado existe hasta que se cumpla con la amortización durante los próximos 44 años. Igualmente, dijo que la auditoría forense que contrató el municipio no expone el dato de cuánto dinero economizó el municipio en nómina durante los años en que unos 400 empleados trabajando a medio tiempo en la impuesta jornada reducida, tiempo en que déficit no bajó.
¿En la auditoría forense no se reflejó cuánto se economizó el municipio en nómina?, se le insistió. “Esa partida yo no la vi”, dijo sobre la auditoria forense que hizo la actual administración y la que no muestra grandes hallazgos desconocidos para el pueblo.
El alegato de la Unión de Empleados del Municipio de Ponce fue que los contratos de personas, algunos por servicios profesionales, absorbían el dinero que el municipio debió economizar con la reducción de jornada.
En el presupuesto del año fiscal 2022-23, que recién entró en vigor, el municipio estaría recibiendo $20.6 millones en patentes; $16.6 millones en IVU; $7.5 millones en arbitrios de construcción; $9.1 millones de otros ingresos (Fondo de Redención, etc.); $28.5 millones de propiedad no exonerada, entre otros ingresos de menor cantidad.
Mientras, las tres mayores partidas de fondos las tienen asignadas: Oficina de Finanzas y Presupuesto con $50.9 millones; Policía Municipal con $9 millones y la Directoria, Infraestructura, Ambiente y Transportación (DIAT) con $10.7 millones.
A esas partidas del nuevo presupuesto hay que sumarle el recién creado Departamento para el Desarrollo Integral de la Mujer Ponceña, cuya asignación es de $72,137.
Otra de las medidas impuestas a los ponceños, adicional a la reducción de jornada, y que no redundó en mejoras en las arcas municipales, fue el aumento en la tasa contributiva de la propiedad mueble e inmueble. En el municipio de Ponce se paga 12.33 en contribuciones sobre la propiedad inmueble y un 8.33 en la mueble. El municipio con una tasa contributiva similar es el de Lajas. En ningún municipio se paga una cifra mayor que en Ponce. En San Juan la tasa contributiva es de un 10.33 en propiedad inmueble.
¿Qué encontraron? Suliveres Cruz indicó que al entrar la actual administración entre lo que encontraron estaban planes de pagos que no se estaban honrando y para los que comenzaron reuniones en busca de ponerse al día.
También encontraron sentencias del tribunal, aunque no precisó la cantidad ni a favor de quién. Indicó que en el presente año fiscal tiene una partida de $218,900 para el pago de sentencias y reclamaciones.
Explicó que al llegar encontraron que el gasto del primer semestre era de aproximadamente el 50% del presupuesto para ese año fiscal y que lograron finalizar ese año fiscal sin déficit.
El informe de ingresos y gastos para ese año fiscal, según indicó, no lo entregarán hasta finales de este mes. Aseguró que el año fiscal que acaba de finalizar tampoco culminó en números rojos, pero el documento para confirmarlo tardará en estar disponible.
“Logramos terminar el año (fiscal) 2021-22 de manera positiva”, dijo. La auditoría del municipio la realiza la firma López Vega CPA, la misma contratada por el ayuntamiento hace unos ocho años, según indicó. “Han estado haciendo un trabajo excelente”, opinó.
¿Ellos recomendaron la amortización?, se le preguntó. “Eso es ley. Se tiene que hacer”.
¿El déficit está? “Está”, dijo. “Se obliga (ese dinero) y se asegura que una cantidad de ese déficit va a estar contemplado ahí (presupuesto) como si fuera un gasto”, señaló antes de explicar que si al final de un año fiscal identifican ingresos pueden abonar al déficit acumulado, disminuirlo y bajar la amortización.
“No es que nosotros vamos a desembolsar esa cantidad ni que se va a pagar más, sino que tiene que estar obligada y no se puede utilizar para nada”, reconoció.
La funcionara rechazó que el municipio tenga intenciones de hacer algún préstamo. “No avalamos hacer préstamos para disminuir deudas operacionales. No es saludable”, dijo.
¿Qué ocurre si cambia la administración y no cumple con esa amortización? “Cuando el Contralor haga la auditoria se lo va a señalar”, indicó. La ley establece que cuando un municipio termina con déficit tiene que presupuestar ese dinero al año siguiente para corregir ese exceso de gastos, algo que los informes del Contralor señalan constantemente sin que los alcaldes hagan caso.
La funcionaria explicó que el problema para llegar a ese déficit es que preparaban un presupuesto con cifras de recaudos que no eran reales y estaban sobre estimadas. “Se gastaba conforme a un presupuesto que se pensó iba a llegar… Y tú no puedes gastar con lo que pensaste te iba a llegar”, dijo.
