Por CyberNews
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El integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Ramón González, anunció hoy -martes- que informó a la Casa Blanca que no estará disponible para mantenerse en el cargo después del 31 de agosto de 2020, y que tampoco estaría disponible para un segundo término como miembro de la entidad federal.
González calificó como “frustrante” la relación del Gobierno con la Junta.
“Algunas veces la falta voluntad política para ejecutar se debe al Ay Bendito. Es la conformidad de aceptar excusas en vez de exigir resultados. Tenemos que dejar eso atrás si queremos que Puerto Rico esté donde debe estar”, dijo González en su mensaje.
“La Ley PROMESA ha tenido enormes limitaciones para atender estas situaciones. En respeto a los procesos democráticos de Puerto Rico, PROMESA- a pesar de lo que muchos piensan- no creo un supra gobierno por encima del Gobierno de Puerto Rico. PROMESA creó una Junta de Supervisión, que atiende asuntos financieros y fiscales. A través de planes fiscales que vienen y van, que no es el modelo más eficiente y es muy lento para atender muchas de las cosas que nos frustran a todos.
De acuerdo a González, el rol que el Gobierno de Puerto Rico ha decidido tener en esta “relación” con la Junta es uno de los factores que ha provocado la lentitud en resolver los temas.
“Se trataba de un esfuerzo de colaboración entre la Junta y el Gobierno electo. Desafortunadamente, el mayor obstáculo en hacer que PROMESA funcionara, fue el fallo del Gobierno de Puerto Rico en los pasados cuatro años de entender que esto era un proceso de colaboración, no un proceso adversativo contencioso”, mencionó.
Expuso que gran parte del tiempo se invirtió en atender demandas judiciales “sobre controversias menores, para al final no lograr nada o alargar los procesos”.
Sostuvo que también ha sido frustrante y desafortunado que dos administraciones del Gobierno no han querido seriamente atender el asunto de las reformas estructurales.
“El gobierno también tiene que atender con seriedad la falta de capacidad administrativa que seguimos encontrando en nuestras agencias, la capacidad de ejecución, inclusive, cuando hay acuerdo de que algo se tiene que hacer”.
Para González, la forma en que se maneja el Gobierno- que reacciona a base de controversias a corto plazo- lo ha convertido en disfuncional.
“El gobierno ha ido adaptando sus prioridades a las prioridades de grupos estrechos de presión, que tienen intereses y prioridades particulares. No teniendo como prioridad el bienestar amplio de la sociedad puertorriqueña, de la economía y del crecimiento económico a largo plazo, sino de contestar a algún reclamo, que individualmente puede sonar simpático o justificado, pero que siempre debería ser más hacia los reclamos competitivos y los recursos limitados que tiene que atender cualquier gobierno. Y en eso, nos hemos movido cada vez más hacia un proceso político disfuncional, que no puede resolver mucho de los temas críticos del país, porque no vemos el bosque por enfocarnos en los arboles”, expresó.
