Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Jenniffer González Colón encabezó ayer la primera reunión del Grupo de Trabajo Multisectorial creado mediante la Orden Ejecutiva 2026-006, con el objetivo de coordinar esfuerzos para extender y equiparar las aportaciones federales del programa Medicaid, cuyos fondos podrían reducirse considerablemente a partir de octubre de 2027 si no se aprueban nuevas asignaciones.
Al encuentro, celebrado en La Fortaleza, se unió el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, junto a líderes del sector hospitalario y representantes del sistema de salud público y privado. El plan delineado consiste en recopilar datos actualizados de cada sector y llevarlos, junto a testimonios de pacientes, al Congreso para abogar por que las aportaciones federales —que actualmente cubren un 76%— se equiparen a las que reciben los estados o, al menos, se mantengan en un nivel similar.
“Al Puerto Rico no tener dos senadores y cuatro congresistas con voz y voto, es importante una coordinación del sector privado y el sector público para llevar el mismo mensaje de la importancia que son estos recursos para Puerto Rico”, expresó la gobernadora.
González Colón recordó que en el pasado las negociaciones de Medicaid se realizaban cada dos años en el Congreso y que en la última ocasión se logró una asignación por cinco años. “Ahora queremos que esto sea de manera permanente. La meta ideal sería lograr la permanencia de un aumento en la porción de aportación federal sobre la aportación estatal”, sostuvo.
Por su parte, Hernández Rivera calificó la reunión como productiva y destacó la necesidad de presentar datos uniformes y actualizados sobre la situación de salud en la Isla, así como evidencia del cumplimiento del gobierno con los requisitos federales impuestos en la última asignación. “Tenemos que ir unidos a Washington y presentar el impacto que tendría una reducción en los fondos de Medicaid”, indicó.
El comisionado residente también señaló que los fondos de Medicaid y del Plan Vital expiran en septiembre de 2028 y deben aprobarse antes del 30 de septiembre de 2027, como parte de un proyecto más amplio de reautorización. “Hay buena disposición de parte de los congresistas para como mínimo mantener el nivel de financiamiento actual, pero queremos que se aumente el financiamiento total”, puntualizó.
El secretario de Salud, Víctor Ramos, aseguró que tanto el Departamento de Salud como la Administración de Seguros de Salud (ASES) están preparados para presentar la data requerida y demostrar cumplimiento total con los cinco requisitos establecidos en la legislación anterior. “Estamos en el 100% de cumplimiento de lo que se nos pidió”, afirmó.
Como parte del plan de trabajo, la gobernadora otorgó a las organizaciones un plazo de entre 25 y 30 días para recopilar la información necesaria, tras lo cual se coordinarán visitas al Congreso para iniciar el cabildeo formal. “Es importante que todos manejen la misma data y hablen con una sola voz, porque mensajes contradictorios pueden desacelerar la aprobación”, subrayó.
Entre los participantes estuvieron la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli; el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech; el director ejecutivo de ASES y del programa Medicaid en Puerto Rico, Carlos Santiago; así como representantes de la Asociación de Hospitales, la Asociación de Salud Primaria y la Asociación de Laboratorios Clínicos, entre otros.
El grupo también endosó dos medidas legislativas federales dirigidas a ampliar la igualdad en fondos de salud: el proyecto HR 6031, radicado por el comisionado residente y originalmente impulsado por la gobernadora en su gestión previa en Washington, y el proyecto HR 256, presentado por el congresista James Moylan, de Guam.
Actualmente, entre 1.3 y 1.4 millones de personas en Puerto Rico reciben cobertura médica a través de Medicaid, lo que convierte la continuidad y estabilidad de estos fondos en un asunto crítico para el sistema de salud de la Isla.
