La gobernadora, Jenniffer González Colón, firmó una nueva legislación relacionada al sistema hipotecario del país y, a su vez, vetó una medida que proponía cambios al proceso de cobro del seguro de responsabilidad obligatorio para vehículos de motor.
La mandataria vetó el Proyecto del Senado 67, que buscaba enmendar la Ley 253-1995, conocida como la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor.
La medida proponía actualizar la definición de entidad autorizada para el cobro del seguro obligatorio conforme a la evolución del marbete electrónico y establecer que la selección y pago del seguro para vehículos con más de tres años de fabricación se realizara durante el proceso de inspección vehicular. Además, permitía que la evidencia de selección del asegurador se ofreciera de forma electrónica o física.
En declaraciones escritas, González Colón indicó que cualquier modificación al sistema debe realizarse de manera estructurada y fiscalmente responsable.
“Cualquier cambio a este sistema debe realizarse de manera estructurada, y fiscalmente responsable, protegiendo la libre selección del consumidor y garantizando la estabilidad operacional y tecnológica del Gobierno de Puerto Rico”, expresó la gobernadora.
Según explicó, el Departamento de Transportación y Obras Públicas concluyó que la medida imponía nuevas responsabilidades operacionales sin incluir una asignación presupuestaria para su implementación y que tendría un impacto fiscal negativo estimado en alrededor de $2.67 millones en reducción de ingresos relacionados con las transacciones de CESCO Digital.
Asimismo, la Oficina del Comisionado de Seguros advirtió que el proyecto restringía la libre selección del consumidor al limitar la compra y pago digital del seguro obligatorio exclusivamente a centros de inspección vehicular, excluyendo otros canales autorizados como bancos, cooperativas, colecturías y CESCO Digital.
La gobernadora también señaló que la medida no contemplaba un periodo razonable de transición ni la coordinación tecnológica y operacional necesaria entre las entidades involucradas.
Por otra parte, González Colón firmó la Ley 94-2026, la cual enmienda la ley hipotecaria y la Regla 55 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico con el propósito de agilizar los procesos en el Registro de la Propiedad y reducir costos en transacciones jurídicas para la ciudadanía.
La nueva legislación surge como parte de los esfuerzos para continuar la modernización y digitalización del Registro de la Propiedad, proceso iniciado con la aprobación de la Ley 210-2015.
La medida también establece nuevos requisitos para ocupar el cargo de Registrador de la Propiedad, entre ellos haber sido admitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la profesión de abogado y notario, contar con al menos cinco años de experiencia en la práctica legal o experiencia previa como registrador, además de mantener buena reputación.
