Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Wanda Vázquez Garced se comprometió ayer a evaluar el análisis legal sobre el contrato de privatización de la transmisión y distribución de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, al consorcio Luma Energy, elaborado por el asesor legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.
La gobernadora hizo el compromiso con la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
“En la reunión, estuvimos escuchando las preocupaciones a lo que tiene que ver con los convenios colectivos, los derechos adquiridos y sobretodo, la mayor preocupación que tienen todos es el Sistema de Retiro. Nosotros vamos a examinar ese estudio que ellos hicieron del contrato y queremos asegurarnos que todos los derechos estén garantizados”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
Vázquez Garced mencionó que la próxima semana se reunirán nuevamente para discutir el informe para coordinar una reunión entre la Alianza y los directivos de LUMA. Mencionó que el contrato aunque ya fue firmado permite enmiendas que deben ser discutidas y acogidas por el consorcio LUMA.
El presidente de la UTIER, Angel Figueroa Jaramillo, insistió que el contrato con LUMA no reconoce ni garantiza el convenio colectivo ni al sindicato.
“Y desde el punto de vista del pueblo, este contrato tiene muchas cláusulas que benefician a la compañía privada y eso lo hace un contrato leonino como dicen los abogados”, sostuvo el presidente de la UTIER en la conferencia de prensa con la gobernadora.
“Nos enteramos que hubo una conferencia técnica donde se discutió el contrato y luego, se le dio carácter de confidencialidad”, dijo el abogado.
“Si nos hubieran dejado participar, de entrada hubiéramos dicho, verdad, al recibir ese contrato que no cumple con la Ley 120 en término de los derechos laborales de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica porque hay una contradicción en lo que dice la Ley 120 y lo que dice el contrato”, añadió.
El licenciado Emmanuelli Jiménez explicó que sometió una moción el jueves ante el Negociado de Energía para que se le entregue información relacionada al contrato y que fue clasificada como confidencial.
“Con toda una serie de planteamientos de derecho constitucional. ¿Esa ley tiene un interés apremiante que la apoye? ¿Estas circunstancias son las que se reconocen generalmente como que son confidenciales? Pues, si no, la legislatura se excedió en restringir la información y un tribunal puede declarar que en la ley ese aspecto de la confidencialidad es inconstitucional”, dijo el abogado.
Emmanuelli Jiménez mencionó que en este caso, cuando a Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), acudieron al Negociado de Energía a radicar, el proceso de licitación había acabado.
“Ya no hay competidores, ya se seleccionó a uno solo. Y en ese sentido, ya no hay un interés apremiante”, sentenció al tiempo que recordó que se le negó a la UTIER participar de ese proceso.
Otro aspecto que Emmanuelli Jiménez expuso como uno extraño, fue la participación directa del presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, participó directamente en el Comité que escogió a LUMA Energy.
“Hay un principio de derecho que es bien básico, y es que, un juzgador tiene que mantener su imparcialidad, pero no solamente su imparcialidad, sino la apariencia de parcialidad”, acotó.
“Una de las violaciones más serias al debido proceso de ley es cuando estás ante un trámite judicial o administrativo donde no hay imparcialidad. Y se ha resuelto que el contacto previo con la prueba es un elemento que obliga a la inhibición de un juez u oficial examinador o permite que las partes lo recusen”, añadió el abogado, experto en la ley de Quiebras.
Explicó que la UTIER recusará la participación de Avilés y buscará que se anule la aprobación del certificado que se le otorgó a LUMA Energy.
“Hay cuatro comisionados (del Negociado de Energía), uno votó en contra e hizo una opinión disidente muy buena y muy detallada sobre lo que se supone que el Negociado hubiera hecho y no hizo. Entonces, había tres votos, Uno de ellos de Edison Avilés y al no estar Edison Avilés solo quedan dos votos a favor. ¿Y qué dice la ley del negociado? Dice que las decisiones se toman por la mayoría de los comisionados. Por tanto, si hay cuatro comisionados, dos comisionados no dan para tomar una decisión y en ese sentido, esa decisión es nula”, explicó Emmanuelli Jiménez.
“Al ser nula, ese certificado no es válido y por ende, el contrato no fue aprobado por el Negociado de Energía que es uno de los requisitos esenciales de la Ley 120”, añadió.
Ante la aprobación por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), la Autoridad de Energía Eléctrica mantendrá la generación de energía y la transmisión, distribución de servicio al cliente, estará a cargo de la empresa LUMA.
LUMA Energy es una empresa compuesta por el consorcio de Quanta Services, ATCO e IEM.
La Autoridad para las Alianzas Público Privadas escogió a esta empresa para manejar, operar, reparar y restaurar la red eléctrica de la AEE por un espacio de 15 años. Se supo que los activos serán del gobierno.
El contrato, por unos $70 millones en el primer año, hasta $125 millones para el tercer año, que incluyen $25 millones en bonificaciones, incluirá la facturación y servicio al cliente del sistema.
Los empleados de la AEE podrán pasar a trabajar bajo LUMA Energy sin perder sus derechos adquiridos bajo convenio colectivo. Este proceso será el inicio, previo a buscar fuerza laboral en el exterior, se supo.
