Por Sandra Caquías Cruz
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La gobernadora Jenniffer González Colón, flanqueada por la inmensa mayoría de los alcaldes del país, rojos y azules, firmó el veto a la controversial medida del impuesto al inventario -Proyecto de la Cámara 420- y propuso redactar un nuevo estatuto que enmendaría la propuesta en un intento de que no se afecten las arcas municipales y los ayuntamientos queden insolventes.
La nueva versión del proyecto mantiene la propuesta original del 18 de marzo, que establece una congelación del impuesto al inventario por cinco años y su eventual sustitución por nuevas fuentes de recaudo. El Proyecto de la Cámara 420 era una medida que congelaba el impuesto al inventario y establece su eliminación en 2028.
“Voy a estar radicando hoy mismo, nuevamente, el proyecto tal y como se originó el 18 de marzo, que incluye congelación del impuesto alimentario por cinco años y su sustitución», dijo González Colón.
“Como esta la medida (PC – 420) redactada, se hace imposible firmarla. No voy a desvestir un santo para vestir otro”, dijo González Colón, quien organizó un comité para buscar la alternativa a ese proyecto y el que tendrá representación de los alcaldes y de organismos que agrupa el sector comercial.
Ese comité de trabajo estará encargado de identificar fuentes de recaudos para sustituir las fuentes que dejaría de entrar por el impuesto al inventario.
El presidente de la Federación de Alcalde y también alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández, indicó que “hoy es un día histórico” al lograr que todos los alcaldes se reúnan y coincidan en la propuesta de la Gobernadora. Dijo que hay que “buscar alternativa para trabajar lo que va a ser la eliminación del impuesto al inventario con la garantía de que se identifique una fuente de dinero recurrente”.
Mientras, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Jayuya, George González, dijo estar de acuerdo en “buscar alternativas y ser parte de este comité”.
Por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera hijo, dijo que le preocupaba que se afectara el crédito de Puerto Rico porque había dinero que les dejaría de llegar y eventualmente eso afectaría los bonistas y el mercado.
Explicó que hay 75 municipios con préstamos vigentes que, si se aprobara la medida tal cual llegó a la Gobernadora, no podrían pagar sus prestamos y caerían en “impago” de emisión de bonos con las implicaciones que eso tendría para el estado.
“Puerto Rico llegaría al día uno (como) cuando la Junta de Control Fiscal llegó a Puerto Rico”, dijo el alcalde bayamonés.
Los alcaldes expresaron que la banca no está prestando a los municipios por el riesgo que esa amenaza representaba, así como las repercusiones que tendría a nivel central.
El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, explicó que no se trata de una partida de ingresos que los municipios utilizan para lo que ellos quieran “es para pagar deudas del Gobierno de Puerto Rico” y que la determinación de vetarlo “es un alivio al sector empresarial”.
La Gobernadora explicó que todavía está sobre la mesa las alternativas que presentaron los alcaldes y que serán discutidas por el comité de trabajo que organizó.
Sobre el aval legislativo, dijo que “si yo pude sentarme con los 78 municipios, por qué la Asamblea Legislativa no puede hacerlo. Yo estoy cumpliendo con mí promesa de Gobierno”.
