Por Redacción Es Noticia
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El gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas directrices para revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos antes de obtenerla, incluyendo por primera vez delitos civiles, en una movida que ha generado gran preocupación entre expertos legales y activistas proinmigrantes.
Aunque la desnaturalización —el proceso legal para quitar la ciudadanía— no es nueva y ha existido por décadas, el enfoque actual representa un cambio significativo en su aplicación, ya que bajo esta administración se propone convertir esta herramienta en una prioridad del Departamento de Justicia (DOJ).
Delitos criminales y ahora civiles
Históricamente, los motivos para despojar a una persona naturalizada de su ciudadanía han incluido delitos graves, como representar un peligro para la seguridad nacional, participar en crímenes de guerra, tortura o violaciones de derechos humanos, o estar vinculado a cárteles, tráfico de personas o delitos sexuales.
Sin embargo, el gobierno de Trump propone ampliar los criterios a delitos civiles, lo que incluye fraude a programas federales como Medicaid, Medicare o el Programa de Protección de Nómina (PPP), establecido durante la pandemia.
“Lo que vamos a ver es un aumento de casos de delitos menos serios”, advirtió el abogado constitucionalista Joseph Malouf, quien expresó su preocupación por el impacto de esta política.
Según Malouf, el peligro radica en que delitos como mentir en formularios gubernamentales o cometer fraude administrativo podrían ser usados para justificar la pérdida de la ciudadanía.
Cambios en el proceso judicial
Uno de los aspectos más polémicos de esta nueva política es que los casos de desnaturalización se trasladarían a cortes civiles, donde los acusados no tendrían derecho a un abogado asignado ni a un juicio con jurado. Además, el gobierno solo necesitaría cumplir con un estándar de prueba más bajo que en el sistema penal.
“Esto va a aterrorizar a todo el mundo”, advirtió Malouf, subrayando la posibilidad de errores judiciales y abusos de poder.
Críticas desde organizaciones proinmigrantes
Grupos defensores de derechos humanos y de la comunidad inmigrante han denunciado el plan como otro ataque sistemático contra los inmigrantes por parte del expresidente Trump.
“Lo vemos como un ataque más a la comunidad inmigrante”, expresó Artemio Arreola, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois.
Contexto histórico
Aunque el expresidente Barack Obama también utilizó este proceso en su mandato, el uso de la desnaturalización fue más común en la década de 1940. Sin embargo, bajo la administración Trump, el objetivo parece ser intensificar su aplicación y ampliar el rango de casos elegibles.
Cabe señalar que estas acciones no afectan a ciudadanos por nacimiento, sino únicamente a quienes adquirieron la ciudadanía por naturalización.
Los críticos advierten que esta política podría tener un efecto paralizante en comunidades enteras y generar temor entre inmigrantes naturalizados que ahora podrían ser blanco de investigaciones por errores menores o malentendidos administrativos.
