La Hispanic Federation reunió a más de 150 líderes de estados y Puerto Rico en Washington DC para exigir al Congreso rechazar la legislación partidista que están considerando, la cual destinaría $72 mil millones a la implementación de leyes de inmigración sin supervisión ni rendición de cuentas.
Los líderes de organizaciones que sirven a y son dirigidas por latinos se dieron cita en la capital de los Estados Unidos para participar del Encuentro Nacional, la convención anual de política pública de Hispanic Federation donde por dos días hicieron que sus voces fueran escuchadas llevando a cabo más de 100 visitas a las oficinas congresionales de alrededor del país.
El debate sobre la reconciliación se desarrolla en un momento en que las comunidades latinas de todo Estados Unidos siguen sufriendo las consecuencias de la represión federal, que ha provocado la muerte de ciudadanos estadounidenses, la separación de familias, el cierre de lugares de trabajo, la falta de acceso a servicios esenciales y la desestabilización de comunidades enteras.
Líderes comunitarios se reunieron cara a cara con funcionarios electos para exigir un voto en contra de la legislación de reconciliación y para presentar una agenda afirmativa para las comunidades latinas, que abarca la reforma sobre la implementación de la ley de inmigración, la protección de los programas de salud pública y el acceso y regulación justa y equitativa de la tecnología y la inteligencia artificial.
“Hemos visto cómo estos dólares están siendo utilizados cuando se distribuyen sin la debida supervisión- agentes federales son desplegados en las comunidades sin restricción, amenazando la seguridad pública, violando las protecciones constitucionales y desviando recursos de programas que benefician a nuestras comunidades», afirmó Frankie Miranda, Presidente y CEO, Hispanic Federation.
Aun en estos momentos, los pupitres en las escuelas siguen vacíos, negocios están cerrados, las familias están siendo separadas y se están perdiendo vidas por la acción federal desenfrenada. Exigimos al Congreso que rechace esta legislación de reconciliación y que regrese a las negociaciones bipartidistas para incorporar la supervisión y rendición de cuentas de las acciones de los agentes federales”, abundó.
Los miembros del Caucus Hispano Congresional permanecieron junto a los líderes comunitarios de todo el país para amplificar las prioridades latinas a los creadores de políticas públicas federales.
«Este proyecto de ley de reconciliación republicano es un fraude, sin más. Quieren tomar $72 mil millones de dólares de los contribuyentes y enviárselos a agencias de control migratorio que ya tienen más dinero del que pueden manejar, están desgarrando nuestras comunidades y otorgando contratos sin licitación a los allegados de Trump. En un momento en que las familias luchan con el aumento de los costos de alimentos, energía, vivienda y atención médica, los estadounidenses necesitan que su gobierno se enfoque en reducir los costos cotidianos y ampliar las oportunidades económicas, no en alimentar una industria de detención y deportación que se beneficia del sufrimiento humano,» dijo el presidente del CHC, el Rep. Adriano Espaillat (NY-13).
“Los ciudadanos americanos quieren precios más bajos y cuidados de salud que puedan costear, no ataques contra la gente trabajadora, ni centros de detención inhumana, ni guerras sin fin, o estafas que llenan los bolsillos de Trump y sus amigos. En lugar de hacer algo por frenar a ICE o ayudar a los ciudadanos americanos a sobrevivir en la economía de Trump, los republicanos están usando su presupuesto para entregarle a ICE y a la Patrulla Fronteriza otro cheque en blanco de $70 mil millones para financiar más crueldad y brutalidad en las comunidades americanas”, dijo el representante Jesús “Chuy” García.
“DHS se mantiene como la más grande amenaza a nuestra seguridad colectiva y financiamiento. Esto solo alimenta nuestra propia destrucción y sufrimiento humano. Verás, por más de un año, nuestras comunidades han sido testigos de abducciones, secuestro, la detención ilegal de niños, la militarización de nuestras ciudades, el asesinato de nuestros vecinos, la persecución de los disidentes y el ascenso del fascismo en nuestra nación todo traído por Trump y DHS y mis colegas en el Senado,” dijo la representante Delia Ramírez.
“Como madre, nunca imaginé tener que explicarle a mi hijo de siete años porque hombres enmascarados y armados estaban rodeando escuelas y comunidades. El miedo creado por la implementación agresiva de leyes de inmigración no termina cuando un operativo termina. Se queda con los niños en sus salones de clases, en sus hogares, en su salud mental. Independientemente de la política, ningún niño debe vivir con ese tipo de miedo”, dijo Juliana Lozado, directora ejecutiva de Despierta en Carolina del Norte.
“En Ilinois, Operation Midway Blitz desató una implementación de las leyes de inmigración a gran escala, violenta, e ilegal en nuestros barrios, miedo en nuestras escuelas y dolor en nuestras comunidades; daños que tomarán generaciones para sanar. El Congreso no debe premiar eso con $72 mil millones de dólares más de los contribuyentes. Escuchen a la gente que ustedes representan y financien lo que las familias realmente necesitan para estar seguras y prosperar”, Linda Xóchitl Tortolero, Presidenta y CEO de Latino Policy Forum en Ilinois.
“Ningún niño debe llegar a la casa de la escuela preocupándose por si su familia todavía está unida. Mientras el Congreso considera esta inversión histórica en la implementación de leyes de inmigración, nosotros tenemos que recordar el impacto humano y continuar invirtiendo en educación, desarrollo de fuerza laboral y oportunidad”, Carlos Valentin Jr., presidente y CEO de ASPIRA Associaton Inc., y residente de Pennsylvania.
“El Congreso no puede pretender defender a las familias mientras consideran un cheque en blanco para la implementación de las leyes de inmigración que esparce miedo a través de nuestras comunidades. En el Central Valley, nosotros vemos la verdad dolorosamente: los niños están asustados, los trabajadores están silenciados y las familias están siendo alejadas de los mismos servicios destinados a mantenerlos seguros. Esto no es seguridad pública- esto es intimidación sin rendición de cuentas. Hacemos un llamado al Congreso a rechazar la implementación sin límites y a invertir en las comunidades que alimentan, construyen y sostienen a este país,” dijo José Rodríguez, Presidente y CEO de El Concilio California.
Sobre el Encuentro Nacional
El Encuentro Nacional convocó a más de 150 líderes de la red nacional de Hispanic Federation en Washington D.C. para elevar las preocupaciones de los comunicades latinas y presentar recomendaciones concretas con impacto en el mundo real. Este año, el encuentro incluye sesiones legislativas, talleres de desarrollo de capacidades y dos días de visitas congresionales – en total más de 100 visitas con congresistas y sus empleados.
Las organizaciones de Puerto Rico que participaron en el Encuentro Nacional son: Proyecto Matria; Instituto del Desarrollo de la Juventud; Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña; Ponce Neighborhood Housing Services; Centro de la Mujer Dominicana; Fundación Fondo de Acceso a la Justicia; Programa De Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S., Inc.); One Stop Career Center of PR Inc.; Espacios Abiertos; Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía; PathStone Corporation; The Vieques Conservation Historical Trust; PROFAMILIAS; y Salud Integral en la Montaña, Inc.
Hispanic Federation (HF) es una organización sin fines de lucro de membresía y abogacía fundada en 1990, comprometida con empoderar y avanzar a la comunidad Hispana, con enfoque en la población latina de bajos ingresos, marginalizada e inmigrante.
