Por Redacción Es Noticia
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Un informe de la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos concluyó que las exenciones contributivas otorgadas a personas de alto patrimonio bajo la Ley 60 de Puerto Rico podrían costar cientos de millones de dólares anuales a los contribuyentes federales sin evidencia clara de beneficios económicos para la isla, trascendió el viernes.
El estudio, solicitado por legisladores demócratas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, examinó el impacto de esos incentivos y los mecanismos de fiscalización utilizados por el Servicio de Rentas Internas para verificar el cumplimiento de los requisitos de residencia.
“El informe confirma exactamente lo que hemos sospechado: estas exenciones están drenando cientos de millones en ingresos federales mientras ofrecen poco o ningún beneficio a las familias trabajadoras de Puerto Rico”, expresó el congresista Jared Huffman, líder de la minoría demócrata del comité, en declaraciones escritas.
Hallazgos:
- Poco personal en el Servicio de Rentas Internas para verificar si los beneficiarios cumplían con los requisitos básicos.
- Al menos 179 personas que recibieron el incentivo sin residir en Puerto Rico durante el tiempo mínimo requerido por ley.
- Cantidad significativa de beneficiarios habría trasladado su residencia a Puerto Rico aun sin los incentivos, lo que sugiere que fondos públicos pudieron utilizarse sin generar el impacto económico esperado en la isla.
La congresista Nydia Velázquez sostuvo que la falta de supervisión permitió abusos del sistema. “Mientras la agencia no implementó controles básicos, personas adineradas pudieron evadir millones en contribuciones, dejando a Puerto Rico con mayores costos de vivienda, desplazamiento y servicios públicos subfinanciados”, afirmó.
Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez indicó que el uso de la Ley 60 ha afectado tanto a Puerto Rico como a los contribuyentes federales. “Personas con grandes fortunas están evitando pagar cientos de millones de dólares en contribuciones federales cada año sin residir realmente en Puerto Rico, lo que también reduce fondos destinados a programas federales esenciales”, expresó.
El informe recomendó fortalecer los mecanismos de supervisión y verificación del Servicio de Rentas Internas para asegurar el cumplimiento de los requisitos contributivos y evaluar con mayor precisión el impacto económico real de estos incentivos en Puerto Rico. (e CyberNews)





















































