Por Miguel Díaz Román
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Como si se tratara de una burla siniestra organizada en el Departamento de Justicia contra el país, el informe sobre el almacén de suministros de Ponce elaborado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) no contiene revelaciones que puedan sustentar acusaciones de delitos contra funcionarios públicos, ni que su divulgación pueda colocar en peligro a presuntos confidentes o que por la naturaleza sensitiva de la información sea necesario mantener el documento en absoluta confidencialidad.
Nada de lo que contiene el informe del NIE parece surgir de fuentes confidenciales y mucho menos que la revelación de su contenido puede colocar en peligro la vida de los agentes investigadores.
Incluso, todo lo anterior describe el intento del Departamento de Justicia de impedir, de manera incomprensible, la divulgación de un documento que no contiene información relevante, con argumentos falsos.
Estas impresionantes conclusiones surgen de la sentencia que ayer emitió la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenando a Justicia entregar el informe sobre el almacén de suministros de Ponce.
El citado informe era hasta ayer -viernes- el principal objetivo de investigaciones periodísticas y de la Cámara de Representantes, pero con las conclusiones vertidas por el tribunal sin duda la secretaria de Justicia, Denise Longo, deberá ofrecer explicaciones sobre porqué hizo creer al país que era necesario mantener en confidencialidad un documento que no contiene nada relevante.
La determinación de la jueza Roque Arroyo sostiene que el informe, encomendado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced al NIE, es un documento público.
La determinación favorece los reclamos de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes habían demandado que Justicia divulgara el documento.
Además, la Cámara de Representantes mantiene otra controversia con Justicia por el mismo documento en el Tribunal Apelativo de San Juan.
Ayer el Apelativo solicitó copias de las grabaciones de las vistas celebradas por el juez Anthony Cuevas, quien determinó que Justicia debía entregar el documento a la Legislatura.
Tras la decisión del juez, la secretaria de Justicia fue en alzada al Tribunal Apelativo y ,entre otros argumentos, sostuvo que el documento contenía información sensitiva de una investigación en curso que debía mantenerse en confidencialidad.
En su determinación el Tribunal de Primera Instancia de San Juan sostuvo que, «el informe inspeccionado por este tribunal en ninguna de sus partes contiene datos cuya divulgación ocasione peligro potencial de que se identifiquen confidentes».
«Incluso, el documento que este tribunal examinó en cámara no tiene información o datos que de forma alguna sean indicativos de que el contenido del documento, o alguna de sus partes, fue obtenida en confidencia», sostuvo Roques Arroyo en su sentencia.
También señala que el documento carece de información sobre “la naturaleza de la investigación encomendada y que el informe contenga información dirigida a establecer algún tipo de delito, ya sea a título de negligencia o intencional», advirtió la jueza.
La determinación advierte, además, que el documento no menciona o hace referencia “a delito alguno que pudiera configurarse a raíz de la información recopilada en dicho documento».
Frente al contenido insustancial y de segunda importancia del informe, a la jueza Roques Arroyo no le quedó más remedio que tildar de falsos los argumentos de Justicia.
«En lo que ahora podemos caracterizar como un intento de inducir a error a este tribunal, el Gobierno aseveró que ‘la divulgación prematura del contenido del informe en controversia podría poner el peligro la seguridad de los agentes investigadores, que al presente continúan con la investigación. Esa aseveración carece de base real alguna, toda vez que el documento que este tribunal examinó en cámara no contiene ni una pieza mínima de evidencia que sustente ese tipo de caracterizaciones serias sobre el contenido del informe», sostuvo la jueza.
El excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, fue despedido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de que se revelara en las redes sociales la existencia del almacén de Ponce con suministros que no habían sido distribuidos entre los damnificados por los sismos ocurridos desde del 28 de diciembre. Junto a Acevedo también fueron despedidos los secretarios de Vivienda y de la Familia.
Tras los despidos la gobernadora encomendó al NIE hacer una investigación sobre el almacén y su contenido.
La Cámara de Representantes inició una investigación sobre la respuesta del gobierno a la emergencia causada por los sismos y en las vistas públicas se ha señalado que el informe de Justicia concluyó que Acevedo fue responsable del mal manejo de los suministros en el almacén.
Pero Acevedo y varios alcaldes han sostenido que la existencia del almacén era conocida por la Fortaleza y los alcaldes y que continuamente se extraían suministros de allí para distribuirlos entre los damnificados. La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, es la única funcionaria que ha alegado, increíblemente, que no conocía de la existencia del almacén.
