Por Redacción Es Noticia
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La comisionada residente, Jenniffer González Colón, señaló que Puerto Rico tiene la tasa más alta de homicidios en comparación con el resto de los estados, al tiempo que se duplica el porcentaje de adultos en Estados Unidos que informaron tener un trastorno de salud mental por uso de drogas ilícitas.
González Colón citó datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que revelan que en el 2022 la tasa de homicidios en Puerto Rico se situó en 18.1 homicidios por cada 100,000 personas; la tasa más alta comparada con el resto de los estados y casi tres veces el promedio nacional de 6.3 homicidios por cada 100,000 personas.
Se estima que entre el 75% y el 80% de las drogas que llegan a Puerto Rico se contrabandean hacia los Estados Unidos. Sólo una pequeña porción se queda aquí para el consumo local.
Destacó que datos de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, revelan que cerca del 44% (135,000 libras) de las 307,000 libras de cocaína incautadas en todo Estados Unidos entre los años fiscales 2020 y 2023, fueron operativos realizados por la oficina de campo de San Juan y el sector de Patrulla Fronteriza de Ramey, aquí en Puerto Rico y las vecinas Islas Vírgenes.
“Esta situación ciertamente tiene serías implicaciones locales, ya que contribuye a la delincuencia violenta en nuestras comunidades y calles, afecta la salud mental, disminuye la calidad de vida y alimenta las tasas de homicidio».
Señaló que las drogas y los riesgos para la seguridad pública que enfrentamos en Puerto Rico «no pueden verse simplemente como un problema local o regional ya que esto tiene repercusiones nacionales y afecta las jurisdicciones y comunidades a las que presta servicios y debe plantearse como un importante riesgo de seguridad nacional para todos los Estados Unidos».
«Como única representante de Puerto Rico en el Congreso, he abogado durante mucho tiempo para garantizar que el gobierno federal responda en consecuencia, priorizando recursos, activos y operaciones conjuntas para abordar el crimen y mejorar la seguridad pública en nuestras islas”, indicó.
Resaltó legislación que avaló para atacar la criminalidad como: H.R. 920, Ley de Estrategia Antinarcóticos en la Frontera del Caribe, para exigir por ley que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (O-N-D-C-P) desarrolle una estrategia federal integral para ayudar a combatir el tráfico de drogas desde la región del Caribe hacia los Estados Unidos.
Explicó que para fortalecer la respuesta del gobierno federal al tráfico ilícito de narcóticos, también incorporó lenguaje en su proyecto de ley para garantizar que la Estrategia Nacional de Control de Drogas incluya explícitamente esfuerzos para interrumpir el lavado de dinero y las redes financieras de las organizaciones narcotraficantes.
“Como fiscales, ustedes entienden mejor que nadie que si queremos perseguir a estos criminales, debemos golpearlos donde más les hará daño: sus billeteras”, expresó durante la reunión de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la organización nacional más grande y antigua que representa a fiscales estatales y locales del país.
González también defendió los fondos de la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA), que apoyan los servicios para las víctimas de crímenes en todo el país, incluidos los ofrecidos por las agencias policiales locales, refugios contra la violencia doméstica, apoyo legal y organizaciones religiosas. y organizaciones de abuso infantil.
«Las drogas que llegan a través de Puerto Rico están alimentando esta crisis de salud mental en todo el país».
La encuesta anual realizada por Mental Health America, la principal organización sin fines de lucro del país dedicada a la promoción de la salud mental, el bienestar y la prevención de enfermedades, encontró que, de 2022 a 2023, el porcentaje de adultos en Estados Unidos que informaron tener un trastorno por uso de drogas ilícitas en el año pasado se duplicó del 2,97% al 6,82%.
Cerca de 2 de cada 5 personas encarceladas tienen antecedentes de enfermedad mental (37% en prisiones estatales y federales y 44% en cárceles locales). Además, casi una de cada cuatro personas asesinadas a tiros por agentes de policía entre 2015 y 2020 tenía un problema de salud mental.
“A medida que las crisis de salud mental exigen un aumento de agentes policíacos en nuestro mundo pospandémico, es importante que los socorristas tengan la capacitación y las herramientas para atender mejor estas intervenciones en crisis de salud conductual. También es importante para nuestro sistema de justicia penal en general que podamos encontrar formas de reducir el rol del sistema penal en aquellos casos que son tratados más eficazmente por profesionales de la salud mental”, indicó.
