Las acciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvieron a tocar el corazón de una familia sin relación con la criminalidad pero sí por su sola presencia en territorio estadounidense. Dajeerling Areche, estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, denunció públicamente la detención de su padre, Francisco Areche Minaya.
Según la denuncia de la joven, su padre fue detenido la semana pasada mientras se encontraba estacionado en un establecimiento de la avenida Central. La familia sostiene que en el operativo participaron ocho agentes encapuchados.
“Mi papá es un hombre de familia y para los agentes federales su crimen fue estar trabajando para llevarle el plan a su familia”, expresó Areche.
El caso tomó un nuevo giro cuando Francisco Areche Minaya se encontraba en el aeropuerto, presuntamente a punto de ser sacado del país. En ese momento, según la familia, llegó una orden del Tribunal Federal que obligaba a la corte administrativa de inmigración a celebrar una vista de fianza.
Sin embargo, el juez de inmigración Elvin Talavera denegó la solicitud de libertad. La familia cuestionó la determinación y alegó que no se tomó adecuadamente en consideración la evidencia presentada, incluyendo que Areche Minaya llevaba 28 años residiendo en Puerto Rico.
Su hija, quien es ciudadana estadounidense, también señaló que su padre contaba con dos peticiones aprobadas por las autoridades de inmigración, por lo que cuestionó las circunstancias que rodearon su arresto.
La familia planteó además preocupaciones sobre el posible uso de información relacionada con tablillas y licencias de conducir compartida por el Gobierno de Puerto Rico con autoridades federales para localizar a personas inmigrantes.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha cuestionado determinadas actuaciones de las cortes de inmigración y ha señalado posibles violaciones al derecho a fianza en casos de inmigrantes que ya residen en la isla. La organización también ha hecho referencia a una decisión del Circuito de Apelaciones de Boston relacionada con ese derecho.
En ese contexto, la ACLU hizo un llamado a los cuatro jueces de inmigración que atienden casos en la corte de Guaynabo —Miguel Cordero González, Julia Díaz Rex, Pedro Espinal y Elvin Talavera Peraza— para que, según expresó la organización, cumplan con su deber de proteger la Constitución de Estados Unidos.
El licenciado Fermín Arraiza, director legal de ACLU Puerto Rico, criticó duramente las determinaciones tomadas en estos casos y expresó su indignación ante lo que describió como una injusticia contra las familias inmigrantes.
“Sientan vergüenza cuando se tienen que reunir con sus familiares, ir de compras, que recuerden sus rostros, porque se están prestando para una de las injusticias más grandes que hemos visto en los 28 años que llevo en la práctica de esta profesión”, sostuvo Arraiza.
La familia de Areche Minaya continúa denunciando su detención y las consecuencias que el proceso migratorio ha tenido sobre sus integrantes, mientras cuestiona las actuaciones de las autoridades federales y de la corte de inmigración.
