Por Redacción Es Noticia
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Ninguno de los deponentes que acudió a la vista pública para auscultar las discrepancias sobre el dinero que se recauda de las tarifas eléctricas que cobra LUMA Energy y las transferencias con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pudo ofrecer cifras concretas sobre los fondos ni explicar con precisión cómo se realiza el flujo de dinero entre ambas.
Durante el interrogatorio, los funcionarios se limitaron a señalar que el asunto se encuentra bajo evaluación judicial y que están a la espera de una determinación del Tribunal federal.
El representante popular Héctor Ferrer Santiago cuestionó que, a pesar de los alegados incumplimientos de LUMA, el Gobierno no haya iniciado el proceso formal de cancelación del contrato.
“Mientras ustedes siguen discutiendo esto, miles de familias viven apagones constantes. Nosotros advertimos desde el principio que este contrato estaba mal redactado, que iba a provocar errores en su fiscalización y que debía corregirse antes de entrar en vigor. Pero aquí se votó en contra y el gobernador vetó la medida”, reclamó Ferrer Santiago.
Por su parte, el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, insistió en que el Gobierno ha cumplido con los procedimientos establecidos en el contrato y que espera por la determinación de la jueza federal que atiende el pleito. “Fue LUMA quien se levantó de la mesa y acudió al Tribunal federal. Estamos esperando la decisión para actuar conforme a lo que se determine”, sostuvo el funcionario.
Sin embargo, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, rechazó que la empresa haya abandonado el proceso de mediación y admitió que la relación entre las partes es conflictiva. “LUMA nunca se ha levantado de la mesa. La realidad es que entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica, en vez de estar trabajando en soluciones, nos estamos sacando los ojos todos los días, y eso es lo que tiene que cambiar”, expresó el ejecutivo durante su turno.
Más adelante, Saca reiteró su llamado a la cooperación. “Estamos fracasando con el pueblo de Puerto Rico porque no se está trabajando en equipo. Lo que hace falta es que las agencias y las partes involucradas se sienten a resolver los problemas con un liderazgo que guíe el proceso”, dijo.
Colón Ortiz respondió que el problema no es la falta de reuniones, sino la ausencia de resultados. “Aquí lo que falta es ejecución de parte de la compañía que fue contratada para hacer un trabajo y que al día de hoy no lo ha realizado”, afirmó.
La vista concluyó sin que los legisladores obtuvieran la información solicitada sobre los fondos que maneja la corporación pública y el operador privado, un tema que continúa sin aclararse luego de cinco años de vigencia del contrato.
En su ponencia escrita ante la Comisión de Gobierno, LUMA Energy atribuyó las deficiencias en el pago a suplidores a lo que describió como un “patrón continuo de incumplimiento” de la AEE con las transferencias de fondos operacionales.
Según la empresa, desde 2022 la AEE ha realizado “transferencias parciales o tardías”, lo que -afirma- ha comprometido la estabilidad financiera del sistema y la ejecución de programas de mantenimiento y modernización.
De acuerdo con el documento, entre febrero y septiembre de 2025 la AEE habría dejado de transferir $95.9 millones del presupuesto operacional de LUMA, generando un déficit que llevó a la compañía a recurrir al Tribunal Federal bajo el Título III de PROMESA. La moción, presentada el 23 de octubre, solicita autorización para transferir fondos y cubrir gastos administrativos pendientes.
LUMA también sostuvo que la AEE mantiene “más de $182 millones en cuentas por pagar a suplidores”, de los cuales unos $150 millones superan los 60 días de atraso. Alega que esa situación ha provocado despidos, paralización de proyectos y la cancelación de trabajos críticos de mantenimiento. La empresa advirtió que, de no corregirse el patrón de retrasos, la confiabilidad del sistema eléctrico “seguirá viéndose afectada directamente”.
El documento cita además una carta de la Junta Fiscal, del pasado 20 de octubre, en la que se indica que la AEE retenía cerca de $200 millones en efectivo no restringido, confirmando -según LUMA- que el problema “no proviene de una falta de ingresos, sino de una política deliberada de retención de fondos”. (De CyberNews)
