La Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE) advirtió que las disputas entre empresas privadas y el Gobierno por el suministro de gas natural podrían provocar otro aumento en la factura de electricidad, debido al mayor costo de generar energía con diésel.
Durante una manifestación frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Negociado de Energía de Puerto Rico, el presidente de la AJAEE, Johnny Rodríguez Ortiz, y el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos Ramos, denunciaron la vulnerabilidad del sistema eléctrico y reclamaron que el Gobierno recupere el control de este servicio esencial.
Los dirigentes señalaron que la controversia con New Fortress Energy (NFE), empresa vinculada al suministro de gas natural, evidencia los riesgos de depender de una sola compañía para garantizar el acceso a un combustible indispensable para la generación eléctrica.
«Cada día es más patente que nosotros los puertorriqueños tenemos que cobrar conciencia de que tenemos la capacidad y la sabiduría para defender nuestro sistema eléctrico como un servicio esencial y no como negocio de las empresas privadas», expresó Rodríguez Ortiz.
El presidente de la organización recordó que, durante el proceso de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se planteó que la privatización permitiría mejorar la eficiencia, reducir los costos y ofrecer alternativas a los consumidores.
Sin embargo, sostuvo que las promesas no se han cumplido y cuestionó que, en lugar de una mayor competencia, Puerto Rico enfrente una dependencia de compañías privadas para el funcionamiento de su sistema energético.
La AJAEE señaló particularmente la controversia con NFE, que en julio de 2025 suspendió el suministro de gas natural a la Central San Juan en medio de una disputa por una deuda que la empresa estimaba en aproximadamente $12 millones. La situación provocó críticas de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien acusó públicamente a la compañía de intentar «chantajear» al Gobierno.
Rodríguez Ortiz también cuestionó el acuerdo de 2018 que concedió a NFE acceso a infraestructura esencial en San Juan, al considerar que limita las alternativas del Gobierno para obtener combustible de otros suplidores.
La controversia ha tenido consecuencias operacionales. Desde el 16 de septiembre, las unidades 5 y 6 de la Central San Juan operan con diésel, mientras el Gobierno acudió al Tribunal Federal para exigir que NFE permita activar el mecanismo contractual conocido como tolling.
Este mecanismo permitiría a la AEE adquirir gas natural de otro suplidor y utilizar la infraestructura de NFE para recibirlo y procesarlo, mediante el pago de una tarifa.
Santos Ramos advirtió que la utilización de diésel, en lugar de gas natural, representa un costo adicional que podría terminar repercutiendo en los consumidores.
«Mientras ellos se pelean con el Gobierno, ¿quién paga la diferencia? El pueblo. Si tenemos que generar con diésel en lugar de gas natural, el costo termina afectando el sistema y eventualmente puede reflejarse en la factura», manifestó.
Los representantes de los jubilados también cuestionaron la fiscalización del Negociado de Energía y reclamaron que se divulgue el impacto económico de la utilización de diésel durante la controversia con NFE.
«Lo que no puede ocurrir es que una empresa privada tenga una controversia contractual con el Gobierno, se interrumpa un servicio esencial, aumenten los costos de generación y al final se presente la factura al pueblo como si fuera responsabilidad del consumidor», sostuvo Rodríguez Ortiz.
La organización también expresó preocupación por el litigio federal relacionado con el buque Amur River, que transporta gas natural licuado y cuya entrada al puerto de San Juan ha sido objeto de controversia.
A juicio de la AJAEE, estos acontecimientos demuestran la necesidad de contar con suplidores alternos y evitar que una sola empresa tenga tanto control sobre el acceso a un combustible esencial para Puerto Rico.
Los dirigentes extendieron sus críticas al modelo de privatización que involucra a LUMA Energy, Genera PR y New Fortress Energy, al considerar que estas compañías no han demostrado que sus operaciones hayan cumplido las promesas de reducir los costos y mejorar la confiabilidad del sistema.
Como parte de sus reclamos, la asociación exigió al Gobierno, al Negociado de Energía y a la Junta de Control Fiscal que divulguen cuánto cuesta generar electricidad con diésel, qué parte de esos gastos extraordinarios podría trasladarse a los abonados y qué remedios contractuales existen ante posibles incumplimientos.
También reclamó que se expliquen las medidas para garantizar el suministro de combustible mediante otros proveedores y evitar que las controversias entre empresas privadas terminen provocando nuevos aumentos en la factura eléctrica.
«Lo que está en juego no es solamente un contrato entre dos compañías o una disputa entre abogados. Estamos hablando del combustible que mantiene encendida la luz de Puerto Rico. Y cuando el costo aumenta, el pueblo termina pagando», enfatizó Rodríguez Ortiz.
La AJAEE anunció que continuará sus manifestaciones el próximo miércoles, 7 de octubre, a las 10:00 de la mañana, frente a la Oficina Central de la Autoridad de Energía Eléctrica, en Santurce.
La protesta forma parte de su oposición a la privatización del sistema eléctrico y de su reclamo en defensa del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE.
«Llevamos cinco años en la calle porque advertimos que entregar el sistema eléctrico a intereses privados tendría consecuencias. Lo que estamos viendo con el gas demuestra por qué Puerto Rico necesita recuperar el control sobre un servicio esencial. La Autoridad debe volver a manos del Gobierno», concluyó Rodríguez Ortiz.
