Por Redacción Es Noticia
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La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó este lunes, cargos de fraude en ejecución de obras, explotación financiera a una persona de edad avanzada y apropiación ilegal agravada, contra Gabriel López López, dueño de la compañía Virtuosity LLC, que se dedica a la venta de placas solares.
“La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia tiene activas varias investigaciones por fraude en la venta de placas solares. Por lo que exhortamos a los ciudadanos a indagar sobre la legitimidad y el historial de las compañías antes de contratar y pagar por este servicio”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en una comunicación.
López López, de 24 años, otorgó un contrato en marzo del año pasado con José Martínez Coello, de 79 años, mediante el cual se comprometió a instalarle placas solares en una propiedad inmueble ubicada en Jayuya. El costo total de la instalación fue de $267,500. El 15 de marzo de 2021, el señor Martínez Coello adelantó al imputado la cantidad de $133,750.
El agente William Heredia Morales, de la División de Propiedad y Fraude de la Policía, estuvo a cargo de la investigación inicial y confirmó que López López cambió el cheque el mismo día en que lo recibió. Sin embargo, a pesar de múltiples gestiones realizadas por Martínez Coello y su familia durante más de un año, la compañía Virtuosity no cumplió con lo estipulado.
La jueza Melissa Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, determinó causa para arresto contra el propietario de Virtuosity y le impuso una fianza global de $30,000, la cual prestó. El contratista permanecerá con grillete electrónico hasta la vista preliminar pautada para el 9 de agosto, a las 3:00 de la tarde, en el Tribunal de Utuado.
Agentes de la División de Vehículos Hurtados le ocuparon al imputado un vehículo marca Tesla que había sido reportado como desapreciado por una institución bancaria.
La fiscal Ileana Martínez Rosado explicó que “López López podría enfrentar entre tres a ocho años de prisión, además de multas y una pena de restitución del dinero recibido por los delitos tipificados en los artículos 127C, 182 y 204 del Código Penal”.
