Por Redacción Es Noticia
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La determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain sobre la deuda pendiente de los municipios por la anulada Ley 29, no conlleva un proceso de negociación como interpretaron algunos alcaldes, sostuvo ayer el portavoz de la Junta de Control Fiscal (JCF), Edward Zayas.
Los alcaldes que componen la Asociación de Alcaldes, integrada por alcaldes del Partido Popular Democrático, sostuvieron ayer que la jueza Taylor Swain le ordenó a la JCF negociar con los alcaldes la manera cómo se logrará pagar la deuda de $66 millones, que resurge como una deuda vigente tras la anulación de la Ley 29, que eximía a los municipios de pagar los compromisos con el Sistema de Retiro y con el Plan de Salud del gobierno.
“La jueza simplemente estableció un límite de tiempo antes de que la Orden entrara en vigencia para dar tiempo a las partes para llegar a una posible determinación con respecto a la deuda de los municipios. Pero no ordenó que se llegara a una solución ni requirió que las partes negociaran en absoluto. La decisión de la Juez Swain es clara y el 6 de mayo comienza la vigencia de su orden”, dijo Zayas.
“La JSF está a la espera de que el Gobierno de PR y la Junta de Gobierno del CRIM le informen su determinación con respecto a las tres opciones que se ofrecieron durante la presentación que se le hiciera el pasado martes. La JSF brindó hasta el 1 de mayo para este propósito”, añadió.
Luego del encuentro celebrado el miércoles en el Jardín Botánico de Caguas, el alcalde William Miranda Torres declaró que “en la reunión celebrada con Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, lo que se evidenció no fue una negociación, como había ordenado la jueza Laura Taylor Swain. Jaresko sometió varias opciones bajo el manto de ‘tómenlo o déjenlo’. La opción de Jaresko nace de un convencimiento de que los municipios no son parte de la solución. Nada más lejos de la verdad”.
Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien también es miembro de la Junta de Directores del CRIM, añadió que “para poder comenzar una negociación, tal y como mandata la jueza Taylor Swain, estamos aceptando una de las opciones propuesta por la misma Junta de Control Fiscal, que es la venta de las deudas del CRIM. Según la propia información provista por la Junta en su presentación, dicha transacción produciría $400 millones anuales y se concretaría en el año fiscal 2021. Por lo tanto, de ahí se podría cobrar el dinero que se ha perdido debido a la anulación de la Ley 29. La deuda total se podría pagar de ahí, y así los municipios recibirían el dinero para pagar sus nóminas y ayudar a la ciudadanía en momentos de carencia y de dolor”.
El pasado 14 de abril la jueza federal Laura Taylor Swain anuló la Ley 29, con la cual los municipios estaban exentos de pagar las pensiones (PayGo) y el Plan de Salud del Gobierno (ASES). Con la determinación de la jueza, los 78 municipios deben $66 millones al gobierno en el año fiscal 2020.
Para pagar la deuda, Jaresko presentó tres opciones principales y dos alternativas adicionales en caso de que los recaudos no se consigan.
Como primera opción, se ofreció utilizar fondos de la Lotería Electrónica, que no se le transfirieron a los municipios en los años fiscales 2016-2017.
Segundo, los fondos en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) que no necesariamente se utilizan para pagar los préstamos de los municipios. La tercera opción es utilizar la liquidación que se da al final del año fiscal (en este caso el año fiscal 2020), que el CRIM otorga a los municipios cuando sobrepasan los estimados de recaudos por impuestos.
“Si después de agotar esas opciones, si todavía quedara algún balance que cubrir, pedimos que se pague con parte del dinero que se consiga por concepto de la venta de deuda morosa del CRIM. Eso, el CRIM ha tratado de hacerlo en múltiples ocasiones pero no han tenido éxito. Algunos estiman que hay sobre 400 millones de dólares en deuda en ese inventario. Y finalmente, si por la razón que sea, ninguna de las primeras opciones logra los resultados esperados, pediremos entonces que se utilice el dinero que el CRIM le adelanta a los municipios por las remesas a partir del año fiscal 2022, hasta que el municipio salde la deuda”, expresó Jaresko el pasado miércoles.
