Por Redacción Es Noticia
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Adjuntas – En una polémica sesión celebrada anoche, la Legislatura Municipal de Adjuntas aprobó la Ordenanza #9, que enmienda el Plan de Ordenación Territorial (POT) para reclasificar suelos rústicos especialmente protegidos como terrenos de uso industrial especializado, abriendo la puerta a la expansión de la cantera local.
La medida, avalada por los ocho legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) —colegas del alcalde José Hiram Soto Rivera, quien no estuvo presente en la sesión— fue rechazada únicamente por la legisladora independentista Elizabeth Massol y el portavoz novoprogresista Oscar Orengo.
El presidente del cuerpo, Rafael Munet Maldonado, forzó la votación pese a que algunos legisladores solicitaron más tiempo para evaluar el documento. Previamente, la funcionaria de la Junta de Planificación (JP), Aurielee Díaz Conde, defendió el cambio alegando que solo se “reconoce el uso actual” de la cantera y que no hay registros arqueológicos en la zona, a pesar de que el Instituto de Cultura Puertorriqueña custodia allí cientos de tumbas de los compontes.
Casa Pueblo denuncia “expansión bochornosa”
La decisión desató la indignación de organizaciones ambientales y comunitarias. Arturo Massol Deyá, director de Casa Pueblo, denunció que la aprobación se realizó en un proceso “apresurado, sin participación real de la comunidad” y que constituye “un acto de gobernanza bochornoso”.
“La Asamblea Municipal actuó como peones del alcalde para aprobar una expansión significativa de la cantera… Esto va a requerir que se activen protocolos comunitarios y sociales de defensa territorial porque se ha legalizado la corrupción de una cantera que se ha expandido de manera ilegal en detrimento de la comunidad y los recursos naturales, históricos y culturales”, afirmó Massol Deyá.
El portavoz comunitario Juan Carlos Negrón Miró también adelantó que los residentes continuarán la lucha contra el cambio de zonificación que permitiría a la Cantera Adjuntas, propiedad de Rafael Vélez Andújar, añadir 50 cuerdas de terreno a su operación.
Proceso bajo cuestionamientos
Aunque la JP municipal asegura que se realizaron vistas públicas, vecinos denunciaron que la notificación fue deficiente y que se enteraron del asunto apenas horas antes de la votación. Además, trascendió que la Junta de Comunidad que debía representar el interés público está compuesta mayormente por empleados municipales.
El planificador Pedro M. Cardona Roig, conocido como El Urbanista, cuestionó la legalidad del proceso, señalando que el POT de Adjuntas “no puede enmendar el Plan del Carso ni el Plan de Uso de Terrenos” y que la decisión “es contraria a derecho” al comprometer recursos naturales de valor que trascienden la jurisdicción municipal.
Próximos pasos
El POT enmendado pasará ahora a la evaluación de la Junta de Planificación y posteriormente a la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón para su entrada en vigor, en medio de crecientes reclamos comunitarios para detener la expansión de la cantera.
