Por CyberNews
Las Comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado recibieron hoy -martes- la visita de la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, con el fin de conocer el estado presupuestario que enfrenta la agencia del gobierno de cara al nuevo año fiscal.
Lea funcionaria fue citada como parte de la Resolución de la Cámara 144 y la Resolución del Senado 96, medidas que evalúan la utilización del presupuesto general actual y las partidas aprobadas por la Junta de Control Fiscal (JCF), para el año fiscal 2021-2022.
De acuerdo con la directora ejecutiva del ICF, el presupuesto aprobado por el ente federal asciende a $16.7 millones, que se desglosa por conceptos de nómina, facilidades y pagos por servicios públicos, servicios comprados, gastos de transportación, servicios profesionales, materiales y suministros, compra de equipo y plan de pensiones.
Conte Miller señaló que el nuevo presupuesto cuenta con un millón de dólares más que el año pasado. “Ese dinero se negoció con la Junta para el reclutamiento de personal y absorber una nómina de Base Office, correspondiente a empleados que pertenecían al Instituto cuando era parte de la sombrilla de Seguridad Pública”.
Por otro lado, la directora ejecutiva recalcó que su agencia aún se ve severamente afectada “principalmente por la falta de recurso humano y la poca competencia salarial en los puestos de difícil reclutamiento”.
“Ciencias Forenses requiere de un plan de clasificación y retribución que ofrezca salarios atractivos a nuestros peritos, garantice la retención laboral y evite la fuga de talento que impacta negativamente la cantidad de análisis científicos necesarios para resolver las controversias judiciales, provocando el fracaso de la justicia y la reducción en el esclarecimiento de los actos delictivos”, destacó Conte Miller.
A su vez, la experta en ciencias forenses, informó que, para lograr un aumento recurrente por concepto de nómina, con el fin de garantizar la contratación del personal necesario, el Instituto necesita aproximadamente $1.5 millones adicionales al presupuesto aprobado.
En la misma línea de escasez, a preguntas de los representantes, Conte Miller destacó que el ICF sí cuenta con el dinero para atender los “safe kits” y se encuentra trabajando cientos de “kits” que habían sido acumulados por años a causa de la merma del personal especializado.
“Ese dinero la Junta nos los aprobó. (El ente federal) dio paso a una reprogramación de presupuesto solicitado. Actualmente, estamos trabajando 1,300 ‘kits’ con una compañía privada especializada. Esa empresa tiene trabajo hasta el 2023 con los ‘kits’ que le hemos entregado”, mencionó.
Por otro lado, destacó que quedan unos 700 “kits” correspondientes a los años 2018-2019 sin atender, “pero aún el ICF se encuentra en búsqueda de otro laboratorio especializado en Puerto Rico que nos trabaje la cantidad restante. El proceso para atender los “safe kits” requiere de un personal especializado”.
También, la ejecutiva aclaró, que para que no se vuelvan a acumular los “safe kits”, con el millón adicional que tendrá en su presupuesto, estará asignando una parte al reclutamiento de serólogos forenses y personal especializado. “Las máquinas las tenemos en el Instituto. El problema siempre ha sido la falta de ese personal… Además, de que se le paga muy poco”.
Conte Miller destacó que actualmente el salario de un serólogo en el ICF es de $2,213 mensuales y las compañías privadas, principalmente en los Estados Unidos, le están pagando sobre los $80 mil dólares anuales. “Muchos comienzan con nosotros y luego se van para la empresa privada”.
La directora ejecutiva entiende que la poca competencia salarial ha ocasionado la pérdida de investigadores forenses, técnicos de balísticas, químicos forenses y serólogos.
