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La abogada y comentarista política, Mayra López Mulero reclamó hoy a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), mediante una querella administrativa, que investigue la divulgación de sus datos confidenciales como electora en un chat de personas identifcadas con el Partido Nuevo Progresista (PNP).
López Mulero radicó la querella junto con una declaración jurada, en la Secretaría de la CEE, en San Juan y también pidió en una carta a la directora ejecutiva de la American Civil Liberties Union en Puerto Rico (ACLU en inglés), Annette Martínez Orabona que el organismo investigue la denuncia.
La abogada dijo que la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla “mató” la controversia al destituir a Carmen Vázquez supervisora de una Junta de Inscripción Permanente, luego de que ésta confesó haber divulgado los datos personales de López Muleros del Registro General de Electores.
“Esto no es un asunto académico. El hecho de que Carmen Vázquez haya confesado ser la autora directa de esta afrenta contra mi dignidad, mi privacidad e intimidad y que se haya tomado el atrevimiento de divulgar datos personales a través del uso de la internet, plantea un problema de seguridad para esta servidora porque cuando se utiliza la función pública para ir en persecución contra Mayra López Mulero, promover un carpeteo y que esa información haya ido a parar a un chat de integrantes del PNP, eso es alarmante”, denunció la también ex fiscal en conferencia de prensa frente a la sede de la CEE.
Reclamó que su información personal podría ser utilizada «de forma dañina, desde un robo de identidad hasta tratar de falsificar mi firma que aparece en los documentos y conocer mis movimientos y los lugares donde yo usualmente me encuentro”.
Sostuvo que “la persona que hizo esto, no actuó sola» y dijo que la empleada «estaba recibiendo instrucciones de un tercero que al día de hoy permanece oculto y he ahí la necesidad de que las autoridades de ley orden (estatales y federales) intervengan de inmediato para llegar hasta las últimas consecuencias y a los autores intelectuales de esta intriga”.
López Mulero dijo que la alta jerarquía del PNP y el comisionado electoral de la colectividad, Aníbal Borges “han pretendido que aquí, no ha pasado nada”.
-¿La empleada actuaba por instrucciones del partido?, le preguntó un reportero.
-“No voy a especular. Aquí hay una evidencia a prima facie que establece que esto responde a los intereses del PNP y eso es parte de lo que será investigado por las autoridades”, respondió la ex fiscal.
Dijo asi mismo, que la decisión de la Presidenta interina de la CEE de no referir el asunto al Departamento de Justicia y destituir a la empleada “responde a querer matar la controversia porque utilizan a la persona más frágil en la ecuación, la soga parte por lo mas finito y Carmen Vázquez, que es una empleada del PNP por 25 años ha seguido las directrices del PNP para ella inmolarse y para que permanezcan ocultos los verdaderos artífices que idearon este esquema”.
López Mulero dijo además, que no solo ella ha sido objeto de la divulgación de datos confidenciales del Registro General de Electores. “Tenemos muchas personas de la tercera edad, tenemos estudiantes y serán las autoridades estatales y federales los que llevaran esto hasta su último desenlace y tienen la obligación de darle respuestas al pueblo de Puerto Rico”, indicó.
La abogada replicó a expresiones del senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz, quien calificó sus denuncias de “dramatismo y exageración”.
“Rivera Schatz tiene derecho a querer minimizar la fuerza de mis argumentos, el nivel de escándalo, porque esto lo que demuestra es la fragilidad del sistema electoral que él creó en una ley que está totalmente defectuosa, que está llena de dardos venenosos para colocar al PNP en total control del aparato electoral”, sostuvo López Mulero.
En la carta que envió a la ACLU la abogada sostiene que sus datos personales fueron divulgados sin su consentimiento y que aparecen publicados en un chat creado por el PNP. «Es evidente que la intención detrás de las acciones de los empleados que laboran en la CEE, responden a requerimientos de terceros, cuya identidad al dia de hoy, se desconoce. Precisamente por eso, es imperativo la intervención inmediata para realizar una investigación rigurosa y profunda que nos dirija a conocer la verdad detrás del suceso denunciado”, expresó la ex fiscal en la misiva.
Al radicar la querella en la CEE estuvo acompañada por el asesor legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas.
