Por Miguel Díaz Román
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Pasados casi seis meses del temblor del pasado 7 de enero, cuyo azote destructivo se sintió con saña en los pueblos de Ponce, Peñuelas, Yauco, Guánica y Guayanilla, y a pesar de que continúa sin pausa la actividad sísmica, provocando el pánico entre la ciudadanía y alterando el clima económico en el suroeste, todavía la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha creado una iniciativa especial para atender los graves y complejos efectos de los terremotos, cuyas pérdidas totales han sido estimadas por la Fortaleza en $8,369 millones.
Hasta ahora el gobierno no ha logrado una respuesta coherente para enfrentar la emergencia y se ha limitado a reaccionar a los reclamos de auxilio de la ciudadanía, de los alcaldes y de los comerciantes con promesas que, para convertirse en realidad, dependen de la aprobación de los numerosos organismos en la burocracia federal y local.
A duras penas en los pasados días ha comenzado a surgir información sobre la aprobación de fondos para la demolición de estructuras colapsadas en algunos pueblos del suroeste, mientras las cifras revelan el tétrico panorama causado por los sismos: miles de estructuras destruidas o afectadas, cuyas pérdidas la Administración Federal para el Manejo de Emergencias calcula en $838 millones; 32,224 solicitudes de asistencia por dueños de viviendas afectadas y 5,804 familias asistidas con ayuda para renta temporal de viviendas.
Cuando el suroeste comenzaba poco a poco a superar el efecto paralizador de los terremotos en medio de las ruinas, surgió la pandemia del coronavirus, que causó un toque de queda y el cierre de la economía, cuyas pérdidas se estiman en más de $10,000 millones para toda la isla.
Sin duda, el suroeste ha sido la región más afectada por el cierre de la economía, luego de los graves daños causados por los terremotos.
Pero todavía, casi seis meses después del sismo de enero, el Departamento de Educación es incapaz de anunciar cuándo comenzará un plan para la construcción de las más de diez escuelas declaradas inhabitables en el suroeste, lo que implica que las clases se reanudarán en decenas de estructuras de metal denominadas módulos, por un tiempo indefinido. En declaraciones escritas Educación sostuvo que junto a la Autoridad de Financiamiento para la Infraestructura y la Autoridad de Edificios Públicos, están discutiendo el plan para las escuelas en el sur afectadas por los temblores de enero.
La agencia también evalúa alternativas para la ubicación de módulos que servirán como centros educativos.
“El plan para las escuelas del sur, retrasado por la pandemia del COVID-19, está complementado con el proyecto de tecnología; precisamente será en la zona sur que comenzará la distribución de computadoras y tabletas para maestros y estudiantes”, indicó la comunicación escrita.
De hecho, la situación de las escuelas inhabitables tiene una repercusión imprevista y es que las escuelas son los refugios oficiales en caso de que ocurra una emergencia como un huracán. Debido a que ya comenzó la temporada de huracanes, la falta de escuelas podría tener también graves consecuencias para los pueblos del suroeste. Uno de esos pueblos es Guánica, que perdió seis escuelas por los daños que causó el temblor del 7 de enero.
La legislatura tampoco se dispone a aprobar la Resolución Conjunta 610, una medida tripartita para conceder alivios contributivos a individuos, comercios e industrias del suroeste por valor de más de $500 millones, y que tenía como objetivo estimular la actividad económica en los pueblos afectados por los sismos.
El representante Denis Márquez, coautor de la RC 610, dijo que la medida estaba estancada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que preside el representante Antonio Soto, quien también es coautor de la iniciativa. “Está estancada y solo se le hizo la primera lectura, que es lo que exige la Constitución”, dijo Márquez.
El legislador no pudo precisar si en el futuro la RC 610 podría, al menos, llegar a la etapa de vistas públicas. El representante Soto no respondió a los llamados de Es Noticia para conocer los planes de la mayoría legislativa con la medida.
La administración de la gobernadora Vázquez Garced tampoco ha dicho nada sobre la rehabilitación de carreteras, puentes y edificios públicos afectados por los temblores. El más reciente anuncio alentador vino de parte del Negociado de Energía, que aprobó el uso de $25 millones para que la Autoridad de Energía Eléctrica comience la rehabilitación de la central Costa Sur, ubicada entre Peñuelas y Guayanilla, que fue seriamente afectada por el sismo del 7 de enero.
Con excepción de la solicitud realizada por la gobernadora Vázquez Garced al presidente Donald Trump, para pedir $8,369 millones en asistencia por los daños causados por los sismos, el gobierno no ha tomado la iniciativa para atender los complejos efectos de los terremotos con una nueva política pública en el área de desarrollo económico, en la dimensión de la planificación y diseño de áreas residenciales e industriales, y en la atención de los efectos sicológicos para los residentes de los pueblos afectados.
Ante esta situación Es Noticia realizó una sencilla encuesta integrada por tres preguntas, dirigidas a buscar una solución al estancamiento en que se encuentra el suroeste.
Las preguntas:
¿Considera que es necesaria una iniciativa especial del gobierno para atender la situación causada por los sismos en el suroeste?
¿Cree que el gobierno puede hacer más de lo que ha hecho para enfrentar los daños de los sismos en suroeste a los ciudadanos, los municipios y la economía?
¿Hace falta que se nombre un comisionado para el suroeste, similar al que se nombró para Vieques, con el fin de garantizar la revitalización de la economía y de las viviendas destruidas, así como de las instalaciones públicas afectadas o destruidas?
Los participantes en la encuesta fueron Ángel Luis Torres, alcalde de Yauco; Nelson Torres Yordan, alcalde de Guayanilla; Santos Seda, alcalde de Guánica; María Meléndez Altieri, alcaldesa de Ponce; Christa Von Hillebrandt, gerente del Programa de Alerta de Tsunamis del Caribe del Servicio Nacional de Meteorología; y Luis Alvarado Cintrón, presidente de la Cámara de Comercio del Sur. El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, no respondió a nuestras preguntas.
El resultado de la encuesta indica que, con relación a la primera pregunta, todos los encuestados consideran que es necesaria una iniciativa especial del gobierno para atender la situación causada por los sismos, lo que implica la emergencia causada por los sismos en el suroeste no ha sido atendida adecuadamente por el gobierno central.
En la segunda pregunta todos los encuestados, con excepción de la alcaldesa María Meléndez Altieri, consideran que el gobierno puede hacer más de lo que ha hecho hasta ahora para ayudar a los ciudadanos, los municipios y la economía. Meléndez Altieri se inclinó por reconocer las gestiones del gobierno a favor de los alcaldes, a pesar de la oposición de la Junta de Supervisión Fiscal.
En la última pregunta la alcaldesa de Ponce y los alcaldes de Guánica, Yauco y Guayanilla consideran que no es necesario nombrar un comisionado para el suroeste. De las respuestas de los alcaldes se desprende que no estarían dispuestos a compartir la autoridad que obtienen de sus posiciones como funcionarios elegidos por el voto popular con un funcionario nombrado por el Ejecutivo y que no tolerarían a un funcionario de mayor jerarquía a la suya, con excepción de la gobernadora. Aunque Meléndez Altieri reconoce que las particularidades del suroeste requieren de trato especial, no aceptó la figura del comisionado.
Por su parte, Christa Christa Von Hillebrandt y Luis Alvarado Cintrón coincidieron en la necesidad de un funcionario especializado en la recuperación del suroeste, sin ataduras políticas y con recursos y personal suficiente para cumplir su tarea.
