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Nueva lucha de salud ambiental en Peñuelas por antena de telecomunicaciones

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Por Nydia Bauzá
redaccion@esnoticiapr.com

 

Una torre de telecomunicaciones sembrada en días recientes en terrenos cercanos a tres sectores residenciales en el barrio Santo Domingo, en Peñuelas, aunque está dentro de los parámetros de la Ley 89-2020, sus ondas radioactivas atentan contra la salud de las comunidades aledañas, denunció el portavoz del Frente Unido de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico, Wilson Rivera Ramos.

Rivera Ramos dijo que según la Ley 89-2020 que regula la instalación de torres de telecomunicaciones, esta nueva antena de la empresa QMC Telecom LLC está “fuera del radio de seguridad de 10 metros y de notificación a sectores afectados (100 metros)”.

Sin embargo, el líder ambientalista indicó que precisamente desde el cuatrienio pasado diversas comunidades de distintos puntos de la isla libran una batalla en el Capitolio por la aprobación de un proyecto de ley que busca ampliar las distancias de las torres de telecomunicaciones de sectores residenciales y que sea obligatorio abrir estos proyectos a vistas públicas.

“En Puerto Rico hay unas 20 mil antenas según el mapa gráfico de la Junta de Telecomunicaciones. No necesitamos más antenas. El problema que tenemos es que eso es un negocio, para la empresa privada es un negocio, para el gobierno es un negocio y al gobierno no le importa. La gente tiene que ser notificada, pero han ido enmendando la Ley 89 y al principio las vistas públicas eran obligatorias, pero ya no. Ahora están a discreción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), dijo el portavoz del frente comunitario contra la instalación desmedida de antenas.

“Donde se pone una antena las abejas se van, se afecta el ambiente, la flora y la fauna y aunque esta antena instalada en Peñuelas cumple con el estado actual de derecho, obviamente afecta la salud de los residentes más cercanos”, sostuvo Rivera Ramos, quien se personó a Peñuelas, donde se instaló la nueva torre, en terrenos privados de una ferretería.

La denuncia pública la hizo el legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Peñuelas, Elvin Estrada García, quien este lunes 20 de enero de 2025 radicó una resolución en la asamblea legislativa peñolana para que se investigue la ubicación y construcción de la antena por la proximidad a la urbanización Alturas de Peñuelas 2 y los sectores Ruberté y El Mato.

Según Estrada García la antena fue instalada sin que estas comunidades fueran notificadas. “Lo hicieron en tiempo récord. Después de las pasadas elecciones se construyó la base y a finales de la semana pasada (en enero) ya estaba arriba. Solo le faltan unos recibidores para distribuir la señal”, detalló.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo Estrada García, quien además, cuestionó la necesidad de ubicar otra torre de telecomunicaciones en el sector peñolano pues dijo que en lo alto de las montañas que circundan al barrio Santo Domingo y otros barrios de Peñuelas hay varias torres de distintas compañías de telecomunicaciones.

“Soy residente del barrio Santo Domingo y allí todos los servicios de internet tienen cobertura. Nos preocupa porque al parecer esta no va a ser la única. Se dice que hay planes de colocar siete antenas adicionales en Peñuelas”, indicó el legislador municipal del PIP, quien dijo que está en contacto con líderes comunitarios de los sectores afectados.

Es Noticia se comunicó con QMC Telecom Puerto Rico para obtener una reacción de su presidente, Javier Fernández, pero no devolvió las llamadas.

El portavoz del Frente Unido Contra la Proliferación de Antenas explicó que el nuevo proyecto de la Cámara P.C. 254, que radicó la semana pasada el representante Denis Márquez Lebrón nuevamente a petición del grupo comunitario busca “hacer más justa” la Ley 89-2020.

“Hay tres cosas importantes que pedimos: que se notifique a la gente, que aumenten las distancias de los sectores residenciales porque las que hay facilitan la construcción de torres y la participación ciudadana en el proceso mediante vistas públicas”, enumeró Rivera Ramos.