Por Redacción Es Noticia
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La Oficina del Inspector General (OIG) informó que identificó deficiencias en los procesos de contratación de servicios profesionales en la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (CCCPRC).
De la información suministrada y evaluada, se encontraron situaciones en las que la CCCPRC pudo haber incumplido con las leyes y normas de contratación gubernamental, informó en un comunicado de prensa.
Las posibles deficiencias señaladas incluyen:
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- pagos sin contratos vigentes.
- falta de estudio para determinar si el contrato representa un puesto.
- incumplimiento con la solicitud y certificación de estatus de elegibilidad para empleo en el servicio público de los presidentes o signatario del contrato cuando sea una persona jurídica.
- ausencia de cláusulas mandatorias.
- certificaciones requeridas o vencidas.
- deficiencias en las cláusulas de contrato.
Durante el examen a los contratos formalizados entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de abril de 2021 y las facturas y pagos evaluados, identificaron que algunas no son detalladas ni incluían los informes de labor realizada a pesar de que existe robusta legislación al respecto.
Además, encontraron inconsistencia en la aplicación del descuento de la aportación especial del 1.5% y errores en 3 de las 5 declaraciones informativas, requeridas por las leyes aplicables y Departamento de Hacienda.
También identificaron deficiencias de control interno en el área fiscal.
Las situaciones señaladas en el presente informe reflejan una cantidad aproximada de $7,406,502.14 correspondientes contratos otorgados, que contienen cuestionamientos de la OIG por incumplimientos a leyes y normativas aplicables a la sana administración pública.
La CCCPRC necesita mejorar su sistema de control interno para corregir las deficiencias identificadas en el cumplimiento con la contratación de los servicios profesionales y consultivos en el gobierno a tenor con las disposiciones legales vigentes.
La OIG emitió las recomendaciones a la emitidas para corregir las deficiencias y requerir capacitación compulsoria en materia de contratación gubernamental a su personal a cargo de formalizar contratos dentro de los próximos ciento veinte (120) días.
Conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley Núm. 15-2017, el Inspector General podrá imponer sanciones administrativas por violación a las normas, reglamentos, órdenes y recomendaciones emitidas por la OIG.