Por Redacción Es Noticia
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Organizaciones comunitarias, ambientales y de base de fe repudiaron el uso del carbón para la generación de energía porque atenta contra la salud.
«Exigimos a la gobernadora Jenniffer González Colón y a la Legislatura que escuchen a las comunidades afectadas, se reúnan con nuestras organizaciones y evalúen con seriedad las alternativas propuestas por Queremos Sol y otros expertos», solicitaron.
Los manifestantes señalaron que la medida, que la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en la Ley 1, representa una grave amenaza para el bienestar, la salud y la vida de los puertorriqueños.
Además, la tildaron como una evidencia de «la irresponsabilidad y la ineficiencia del Gobierno, que modifica y deroga leyes».
«No solo evidencia incompetencia e irresponsabilidad, sino que también demuestra un absoluto desprecio por la vida de las personas afectadas por el desastre ambiental de la carbonera AES en Guayama», señalaron en un comunicación de prensa.
Explicaron que la quema de carbón ha provocado problemas de salud que han cobrado al vida de puertorriqueños. Además, su impacto se extiende a 14 municipios donde, con el encubrimiento de las autoridades, AES depositó más de dos millones de toneladas de cenizas.
«Extender el contrato de la carbonera por cinco años más es una sentencia de muerte para miles de puertorriqueñas y puertorriqueños, quienes seguirán expuestos a la contaminación generada por esta empresa», resaltaron.
Explicaron que pese a que AES se comprometió inicialmente a exportar las cenizas tóxicas, el Gobierno permitió su uso en la construcción de urbanizaciones, centros comerciales y carreteras, ignorando el precedente del desastre humanitario causado en República Dominicana por estos mismos residuos.
«Cuando la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) y organizaciones comunitarias denunciaron el peligroso manejo de las cenizas en terrenos baldíos y proyectos abandonados, el Gobierno, en lugar de tomar acción, protegió a AES al permitir su disposición en vertederos de desperdicios domésticos. Esta complicidad obedeció a un solo propósito: maximizar las ganancias de la empresa al evitar los costos de exportación», indicaron.
Ante esta crisis, comunidades y organizaciones se lanzaron a las calles. Luego de años de lucha desde Peñuelas, Guayama, Humacao y otros pueblos, lograron la aprobación de una ley que prohibía el depósito de cenizas tóxicas en la isla, obligando a AES a cumplir con su compromiso original de exportarlas.
‘Sin embargo, cuando la empresa alegó dificultades económicas por este requisito, el Gobierno cedió al chantaje y aprobó un rescate multimillonario que permitió a AES continuar con sus operaciones», indicaron.
Insistieron en que los efectos de la quema de carbón en la salud de las comunidades está documentado por estudios de la Escuela de Salud Pública en 2016 y 2018. De igual forma, análisis de la propia AES solicitados por la EPA, «confirmaron la contaminación del acuífero del sur con elementos tóxicos provenientes de las cenizas».
Asimismo, el Colegio de Químicos identificó la presencia de estos contaminantes en fuentes de agua que abastecen a hogares en Guayama y Salinas. «A pesar de esta evidencia, el Gobierno sigue ignorando el aumento alarmante de casos de cáncer, enfermedades respiratorias y otros reportados por los médicos y residentes de Guayama», denunciaron.
«El Gobierno ha priorizado las ganancias de AES sobre la salud y el bienestar del pueblo. Mientras la empresa ha visto un incremento en sus beneficios financieros, Puerto Rico ha pagado el costo con la vida y la salud de su gente».
La extensión de las operaciones de AES hasta 2032 traslada el problema a la próxima administración, evadiendo la responsabilidad de enfrentar la crisis climática y sus consecuencias para Puerto Rico. Ignorar el impacto del calentamiento global y seguir apostando por energías contaminantes es una decisión negligente que compromete el futuro del país.
