Por Redacción Es Noticia
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La Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, Inc. (FEPDEMAR) reclamó al Departamento de Agricultura que cancele la contratación con municipios para manejar villas pesqueras por entender que obstaculizan y encarecen la labor de los pescadores.
“Nos reunimos con el Departamento de Agricultura y celebramos el acuerdo de realizar reuniones mensuales de seguimiento con asuntos de interés para los pescadores. Estamos exigiendo la cancelación de los contratos con municipios que no cumplen con el Reglamento 7626 y la atención urgente al estado de las villas pesqueras con identificación de fondos asignados”, expresó Miguel Ortiz Serrano, presidente de la FEPDEMAR.
Ortiz Serrano explicó que el Reglamento 7626 establece las reglas por las cuales las asociaciones de pescadores y los municipios pueden alquilar las villas pesqueras que están bajo jurisdicción del Departamento de Agricultura. Este reglamento establece que la prioridad para administrar las villas la tienen agrupaciones de pescadores y en caso de no haber una asociación disponible la administran municipios. Los conflictos han surgido cuando las villas las administran municipios aún habiendo asociaciones interesadas.
“El caso de Ceiba ejemplifica por qué es urgente sacar a los municipios de la ecuación. En la villa pesquera de Ceiba, ubicada en Playa Los Machos, ANSI —una empresa presidida por un pescador con más de 40 años de experiencia — se ve obligada a pagar un alquiler mensual al municipio, que a su vez tiene el contrato con el Departamento y le subarrienda la villa pesquera a ANSI. Sin embargo, lejos de facilitar la operación pesquera, el municipio ha obstaculizado su labor”, manifestó Ortiz Serrano.
Ernesto Correa Torres, pescador presidente de ANSI, planteó que entre otras acciones, el municipio autorizó a una persona a estacionar su embarcación en el muelle flotante de la villa, en violación directa del Reglamento 7626, que limita su uso al embarque y desembarque.
“Esa embarcación lleva días allí, se niega a moverse y ha provocado conflictos graves entre pescadores, además de dañar visiblemente el muelle, construido en plástico y que, según se presume, fue adquirido con fondos FEMA. Cada marejada representa un nuevo impacto de la embarcación de unos 25 a 27 pies contra la estructura, acelerando su deterioro”, señaló Correa Torres.
“La situación se ha agravado en las últimas semanas: el municipio bloqueó el acceso a la Villa Pesquera mientras se celebraba un festival deportivo en terrenos aledaños de presuntos desarrolladores, a quienes sí se les asfaltó el camino. En contraste, a la villa se le cerró el paso”, añadió Beverly Román, secretaria de ANSI en Ceiba.
Por situaciones como esta, FEPDEMAR exige la cancelación inmediata del contrato entre el Departamento de Agricultura y el municipio de Ceiba, y que se otorgue directamente a la empresa pesquera. “Solicitamos con carácter de urgencia que el Departamento intervenga de inmediato, se comunique con el municipio y con las agencias del orden público pertinentes, y ordene la remoción de la embarcación estacionada ilegalmente en el muelle”, manifestó Ortiz Serrano.
El presidente de la Federación informó que anteriormente había reclamado a Agricultura que removieran a la persona a cargo del área de Pesca y ya no está en funciones, por lo que confían que los diálogos sobre otros temas, como el deteriorado estado de las villas pesqueras, sigan avanzando en próximas reuniones.
“La Federación reafirma su compromiso con un plan justo y ejecutable, y continuará fiscalizando su cumplimiento. No se busca protagonismo: se exige responsabilidad y acción firme en defensa del sector pesquero. Celebramos estos pasos importantes como el inicio de una ruta de trabajo más justa y colaborativa. La Federación seguirá presente en cada mesa de diálogo, con la misma firmeza con la que defiende a sus comunidades pesqueras”, destacó Ortiz Serrano. La próxima reunión será en agosto.
La Federación cuenta con el apoyo de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA), el proyecto Sea Grant y la clínica legal de la Universidad Interamericana, se informó en un comunicado de prensa.
