El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó una querella contra la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, al concluir que no existe evidencia suficiente para atribuirle la divulgación de información confidencial relacionada con un supuesto incidente de violencia doméstica de la senadora Joanne Rodríguez Veve.
“Reconocemos y comprendemos la preocupación de la Senadora ante la circulación de información personal y el impacto que manifestó haber experimentado. No obstante, tales circunstancias, aun consideradas junto con sus objeciones a las expresiones públicas de la Procuradora, no sustituyen la evidencia necesaria para establecer causa suficiente para creer que esta incurrió en conducta delictiva”, expresó el Panel en su resolución.
La determinación acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no designar un fiscal especial independiente para investigar a Piñeiro Vázquez. La pesquisa no produjo evidencia que vinculara a la funcionaria con los delitos considerados.
Rodríguez Veve había planteado posibles infracciones a disposiciones de la Violence Against Women Act, la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Como parte de la investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor examinó documentos, declaraciones de personas entrevistadas, investigaciones relacionadas con los hechos y expresiones públicas atribuidas a la procuradora.
“El expediente no obtuvo evidencia suficiente de que la Procuradora hubiera realizado la divulgación inicial, participado en ella o revelado posteriormente información protegida en los términos de las disposiciones penales analizadas. Tampoco se identificó la prueba necesaria para atribuirle el estado mental requerido por los delitos examinados”, sostuvo el PFEI.
Las diligencias incluyeron entrevistas en distintas ocasiones a Rodríguez Veve, una declaración jurada de la senadora, revisión de documentos y enlaces aportados por ella, entrevistas a recepcionistas y agentes investigadores, registros de asistencia, grabaciones y verificación de tablillas de vehículos. También se solicitó asistencia técnica al Instituto de Ciencias Forenses.
Pese a esas gestiones, los investigadores no pudieron identificar a la persona que entregó la comunicación anónima que dio origen al asunto ni determinar quién divulgó inicialmente el documento. El Panel concluyó que esa circunstancia no constituye por sí sola evidencia de conducta delictiva por parte de Piñeiro Vázquez.
Rodríguez Veve decidió no afirmar ni negar las alegaciones de violencia doméstica contenidas en la comunicación anónima, lo que, según el PFEI, limitó la posibilidad de determinar la veracidad de esos señalamientos y profundizar en la posibilidad de una denuncia falsa.
La investigación determinó además que Piñeiro Vázquez reconoció haber recibido una comunicación anónima y haberla referido a las autoridades, pero evitó confirmar la identidad de las personas involucradas o divulgar información personal y detalles específicos de su contenido.
