Por CyberNews
El gobernador Pedro Pierluisi firmó anoche (martes) el Proyecto de la Cámara 1003 que viabiliza la reestructuración de la deuda pública.
“Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, de forma sostenible, y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente”, dijo Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.
“A pesar de grandes escollos, hoy hemos dado un gran paso hacia adelante para ponerle fin a la quiebra y salir de la Junta de Supervisión. Por eso no claudicamos en nuestras luchas para defender las pensiones de nuestros retirados, para proveer los fondos que nuestra universidad necesita y para garantizar que nuestros municipios puedan servirle a su pueblo”, sostuvo.
“Las grandes metas siempre requieren trabajo duro y hoy dimos un gran paso hacia adelante cumpliendo con nuestra responsabilidad de tomar las decisiones, que aunque difíciles, son por el bien de Puerto Rico. Le agradezco a todos los legisladores, de ambos partidos mayoritarios, que se crecieron y pusieron el bien común y el futuro de nuestra gente primero», expuso.
El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel dijo, que el ente federal evaluará si el proyecto aprobado en la Legislatura del Proyecto de la Cámara 1003 facilita el Plan de Ajuste de Deuda (PDA).
“La Junta ha dado a conocer claramente qué términos serían aceptables en la legislación necesaria para disponer sobre la emisión de los nuevos bonos de obligación general como parte del séptimo plan de ajuste enmendado. La Junta de Supervisión evaluará cuidadosamente la legislación aprobada a fin de determinar si facilita la confirmación del Plan de Ajuste”, expuso Skeel en declaraciones escritas.
El Segundo Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1003, que habilita el PDA, fue aprobado en ambas cámaras legislativas en tardes horas de la noche.
En el Senado, 14 senadores dieron su aval al proyecto y 11 votaron en contra. Poco después, en la Cámara baja se aprobó el proyecto a viva voz. La medida pasó a La Fortaleza, para la firma del gobernador.
El segundo informe establece en su exposición de motivos que “incluye cero recortes a las pensiones de los empleados públicos retirados, a los beneficios acumulados de los empleados activos y el deseo de promover el bienestar del pueblo de Puerto Rico”.
Igualmente, indica que “en total, los acuerdos incluidos en el PAD reducen la deuda pública del Gobierno Central en aproximadamente un 50%. Es decir, la deuda pública se reduciría de aproximadamente $70 mil millones a $34 mil millones, y la deuda de bonos de Obligaciones Generales (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18.8 mil millones a $7.4 mil millones”.
Entre las enmiendas incluidas están asignarle fondos adicionales a la Universidad de Puerto Rico, para ser utilizados para el mejoramiento de la experiencia y el ambiente estudiantil, de modo que las asignaciones para la entidad sean en total de $500 millones anuales por un periodo de cinco años desde el año 2023 hasta el 2027. Igualmente, apoya la creación de un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias.
Respecto a los municipios, el proyecto aprobado respalda la asignación de fondos adicionales para los municipios y la continuidad de los servicios esenciales que ofrecen:
- El recogido y disposición eficiente de Ia basura, desperdicios sólidos, escombros
- La implementación de programas de reciclaje para atender estos residuos
En términos de salud, la medida establece apoyo a planes médicos razonables para los empleados del gobierno central que beneficiaría a más de 60,000 trabajadores y familias puertorriqueñas. Igualmente, establece la meta de aumentar la población que tiene cubierta médica. El propósito de esta iniciativa es extender y/o facilitar el acceso a cubiertas médicas a unos 225,000 ciudadanos que hoy carecen de planes médicos.
De igual forma, favorece la creación del Fondo Especial para la Desigualdad Social.
“Esta propuesta, a ser legislada próximamente, pretende combatir la pobreza y la desigualdad social”, reza la pieza legislativa, que también viabiliza “la creación del Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico que inyecte una inversión continua. Esta iniciativa propone la creación de un Fondo de Inversión Estratégica dividido en cuatro categorías”.
Igualmente, busca establecer un mecanismo que le permita al Gobierno adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda después que termine la Junta bajo PROMESA. “Este mecanismo tiene el único propósito de autorizar al Gobierno de Puerto Rico a refinanciar 1os acuerdos de pagos de la deuda después que termine la Junta bajo PROMESA, con el único objetivo de acelerar o saldar los pagos acordados, de conformidad a Ia situación fiscal futura y sin afectar los servicios esenciales y prioritarios del Gobierno de Puerto Rico”.
Además, establece un grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva. Esta iniciativa tiene el objetivo de diseñar la legislación que sea necesaria para asegurar que, una vez concluya el proceso de reestructuración de la deuda pública, el Gobierno de Puerto Rico no vuelva a endeudarse sin tener los recursos económicos para cumplir sus obligaciones del pago; ni vuelvan a repetirse las prácticas indebidas de aprobar presupuestos desbalanceados, con estimados de ingresos irreales o gastos excesivos.
El domingo pasado, delegaciones de la Asamblea Legislativa y el designado secretario de Estado, Omar Marrero, en representación del gobernador, realizaron una reunión en busca de un acuerdo sobre el Plan de Ajuste de la Deuda, y lograron acordar un solo mensaje para presentar la legislación ante el Tribunal de Quiebras.
Tan reciente como el lunes -25 de octubre- la jueza federal Laura Taylor Swain denegó la solicitud de la JCF para aplazar la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda y ordenó un proceso de mediación.
Se presume que el 7 de noviembre es la fecha establecida por la jueza Taylor Swain para atender el proyecto.
Entre las enmiendas que se incluyeron están asignarle fondos adicionales a la Universidad de Puerto Rico, específicamente 500 millones de dólares anuales por un periodo de cinco años desde el año 2023 hasta el 2027. Igualmente, apoyar la creación de un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias.
Respecto a los municipios, el proyecto aprobado respalda la asignación de fondos adicionales para los municipios y la continuidad de los servicios esenciales que ofrecen.
El proyecto de ley fue aprobado con 34 a favor, 12 en contra y 2 abstenidos.
