Por Redacción Es Noticia
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La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón, alzó la voz este viernes contra la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto 310, una medida que, según denunció, reduce derechos ciudadanos y restringe el acceso a los tribunales en casos relacionados con violaciones en obras de construcción.
De acuerdo con Gutiérrez Colón, la medida —de la autoría del representante Jorge “Georgie” Navarro— impondría como requisito que comunidades o individuos demuestren daño inminente para poder presentar una acción judicial contra desarrolladores que violen leyes o reglamentos de permisos.
“Actualmente la ley permite que cualquier persona o comunidad afectada pueda acudir al tribunal cuando se violan leyes o reglamentos relacionados con permisos en obras de construcción, y con esta nueva medida se transgrede esa función preventiva del estatuto. Se permitiría que obras ilegales continúen a sus anchas violando la ley, mientras obligan a las comunidades a demostrar un daño específico”, expresó la legisladora, quien también es abogada.
La representante sostuvo que el Proyecto 310 forma parte de una tendencia legislativa reciente que limita derechos fundamentales, señalando además el Proyecto del Senado 63, aprobado la misma noche del jueves, que busca restringir el derecho constitucional de acceso a la información pública. Según Gutiérrez Colón, ambas medidas “obstruyen la capacidad del pueblo para fiscalizar proyectos que podrían poner en riesgo su salud, su seguridad o el ambiente”.
Como ejemplo, mencionó casos en Adjuntas, Guaynabo y Trujillo Alto, donde comunidades han recurrido a los tribunales para denunciar operaciones ilegales de canteras que, alegan, afectan su salud y el medioambiente. Bajo la legislación actual no es necesario probar daño, sino demostrar la violación; sin embargo, el Proyecto 310 revertiría esa interpretación.
La también legisladora del PIP, Nelie Lebrón Robles, criticó la medida al afirmar que dejaría a las comunidades “casi sin herramientas” para defender sus entornos naturales y residenciales.
“Las comunidades han utilizado este estatuto para proteger playas, ríos, áreas residenciales, terrenos públicos y espacios de alto valor ecológico o histórico. De convertirse en ley, este proyecto las desarma completamente”, expresó Lebrón Robles.
Gutiérrez Colón hizo un llamado a los grupos ambientalistas y comunitarios a oponerse a la medida cuando llegue al Senado, advirtiendo que su aprobación representaría un retroceso significativo en la fiscalización ciudadana.
La medida ahora pasará al Senado para evaluación.
