Por Redacción Es Noticia
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La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado presentó una resolución para ordenar a la Comisión de Salud y a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor a realizar una investigación exhaustiva sobre el transporte de residuos de animales hacia el vertedero de EC Waste, ubicado en la carretera PR-500, en Ponce, ante preocupaciones de salud pública, seguridad y cumplimiento ambiental.
La medida surge tras denuncias de residentes de la comunidad Punta Diamante, según informó el secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán. De acuerdo con los señalamientos comunitarios, el pasado 4 de diciembre de 2025 un camión de la empresa R4 Enterprises Corporation fue observado transitando por la PR-500 mientras derramaba sangre sobre la carretera, durante su trayecto hacia el vertedero. Los residentes aseguraron que no se trata de un evento aislado y que situaciones similares se han repetido en otras ocasiones.
Según el testimonio recopilado, el vehículo transportaba desechos animales provenientes del matadero de Yauco. Además, en otros incidentes se han observado camiones procedentes de Arecibo y Caguas, algunos alegadamente transportando cuerpos de animales de clínicas veterinarias. Fotografías suministradas por residentes muestran el estado del camión y los permisos rotulados, lo que ha levantado interrogantes sobre el alcance de las licencias otorgadas y el cumplimiento con los reglamentos vigentes.
La resolución, presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa, ordena evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en materia de salud pública, ambiente y transportación. Entre estos se incluyen el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como las disposiciones del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos relacionadas con licencias, condiciones de operación y medidas de seguridad para el transporte de este tipo de residuos.
Las comunidades de Punta Diamante y La Cotorra han expresado preocupación por los riesgos sanitarios asociados a la exposición a fluidos biológicos, como la proliferación de patógenos, malos olores persistentes y la atracción de vectores, especialmente en áreas donde niños transitan y juegan a diario.
Alvarado Guzmán informó que a nivel municipal también se han tomado acciones. Indicó que el legislador municipal de Ponce, Dr. José Escabí Pérez, radicó a principios de enero una resolución en la Legislatura Municipal para atender la situación y exigir respuestas a las agencias concernidas. Asimismo, la senadora María de Lourdes Santiago envió una carta a la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, para alertarla sobre los señalamientos y exhortarla a tomar medidas para proteger la salud y seguridad de las comunidades.
La resolución del Senado dispone que las comisiones investiguen, entre otros aspectos, la adecuacidad de los equipos y vehículos utilizados para el transporte de desechos animales, los protocolos de prevención y respuesta a derrames del vertedero y la fiscalización ejercida por las agencias gubernamentales competentes, con el fin de determinar responsabilidades y recomendar acciones correctivas.
“El deber del Estado de proteger la salud pública y el ambiente exige una intervención oportuna y rigurosa ante situaciones que representan riesgos reales para las comunidades”, sostuvo Alvarado Guzmán.
