Por Miguel Díaz Román
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En momentos cuando cientos de empleados públicos con edad para el retiro o que pronto cumplirán con los años requeridos, miran con incertidumbre la posibilidad de jubilarse debido a lo incierto de su situación económica, la delegación de Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado presentó una medida que propone un plan de retiro incentivado que garantizará una pensión vitalicia de más de $1,500 a partir del 1 de enero del 2021.
Según la medida, los empleados elegibles al plan de retiro incentivado ascienden a 11,352, que incluyen trabajadores del gobierno central, de las corporaciones públicas y de los municipios.
El Proyecto del Senado 1616 radicado por la delegación del PNP el pasado 4 de junio, que no figura aún en los sistemas digitales del Capitolio y que EsNoticia obtuvo en exclusiva, representa la primera ventana del retiro que ofrecería el gobierno desde el pasado cuatrienio.
La propuesta ventana de retiro incentivado llega en momentos cuando la Junta de Control Fiscal (JSF) ha suspendido por un año los recortes al presupuesto del gobierno, debido a los efectos del cierre de la economía decretado para evitar la dispersión del coronavirus, y cuando las finanzas públicas enfrentan serios desafíos a causa del precario desempeño que se proyecta para la economía local en la próxima década.
La medida sostiene que si todos los empleados públicos elegibles se acogieran al retiro propuesto, el gobierno se ahorraría en los primeros cinco años más de $1,000 millones y en 30 años el ahorro estimado superaría los $1,400 millones.
El Proyecto 1616 establece que los empleados cobijados bajo la Ley 447 de 1951 que sean elegibles para el programa de retiro incentivado recibirán un beneficio de jubilación que consiste en el 50% de su último salario. En promedio, su beneficio monetario sería alrededor de $1,430 dólares mensuales y podrán recibir un subsidio de seguro médico de $100 mensuales de por vida, lo que elevaría su pensión a $1,530 mensuales.
Actualmente, los empleados adscritos a las disposiciones de la ley 447 suman alrededor de 9,452.
El proyecto menciona que el subsidio de $100 para seguro médico había sido eliminado bajo la Ley 3 del 2013 a los empleados que se retiraron después del 30 de junio de 2013. Según los estudios actuariales, los niveles de pensión que se proponen representarían un aumento de 25% en su ingreso mensual, lo que equivale a un aumento aproximado de $290 mensuales.
El segundo grupo que sería elegible para el programa de retiro son los empleados cobijados por las disposiciones de la Ley 1 de 1990, quienes recibirán un beneficio de jubilación equivalente al 2% de su ultimo salario al momento de acogerse al programa de retiro, multiplicado por el número de años de servicios acreditados hasta el 30 de junio de 2017.
La fórmula propuesta permitiría una pensión vitalicia hasta un máximo del 46% del último salario y sustituye la anualidad acumulada a la que estos empleados tenían derecho bajo la Ley 3 del 2013. La medida indica que el beneficio de jubilación sería en promedio de hasta $1,513 mensuales y, además, pondrán continuar por un año con la cubierta de plan médido que les garantiza su patrono.
También señala que el propuesto beneficio siempre será mayor que el beneficio que prometía el sistema de anualidad. El proyecto sostiene que, según estudios actuariales, el nivel de pensión propuesto representan, en promedio, un aumento del 39% en el ingreso mensual para estos empleados, lo que equivale a un aumento aproximado de $428 dólares mensuales.
Los empleado elegibles de la Ley 1 de 1990, suman alrededor de 1,900.
La ley 447 de 1951 establece que los empleados se podrán retirar a los 61 años, mientras que la ley 1 de 1990 dispone que la edad de jubilación será a los 65 años.
La medida indica que los puestos de las empleados que se acojan el programa quedarán vacantes salvo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) determine reclutar personal para esas posiciones. También establece que aquellos puestos nombrados por el gobernador no serán eliminados.
Además, la medida sostiene que se podrán ocupar aquellos puestos vacantes que proveen servicios esenciales para el funcionamiento de las agencias. Como primera opción se considerará a empleados de la misma agencia. En segundo lugar se permitirá el uso del mecanismo de traslado del empleador único. En el caso de que no se logre llenar la vacante con ambas opciones, se permitirá realizar una convocatoria abierta que incluya aspirantes fuera del gobierno.
La medida indica que los participantes del programa tendrán derecho al pago de liquidación de licencias de vacaciones regulares y enfermedad acumuladas a la fecha de su jubilación.
También prohibe que los participantes del programa sean reclutados por otras agencias o corporaciones públicas durante 7 años Una vez transcurrido este término, el beneficiario podrá prestar sus servicios a las agencias de acuerdo a las disposiciones de empleo para pensionados de la Ley 447.
Otra disposición de la medida establece que las agencias y corporaciones públicas se reservan el derecho de retener en su puesto a un empleado que solicite acogerse al programa durante el término que la OGP establezca, con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones del gobierno. En tales casos, el empleado continuará recibiendo su salario regular.
La medida indica que del plan de retiro genera ahorros multimillonarios y cumple con la política pública de reducir el tamaño del gobierno, pero no está claro si el propuesta plan de retiro figura en el plan fiscal que el gobierno presentó a la JSF o si será presentado en el plan para el próximo año fiscal 2021-2022, lo que implicaría que si fuera avalado por la JSF, no entraría en vigor el enero del 2021.
