La Asociación de Maestros de Puerto Rico y su Local Sindical advirtieron que fiscalizarán el impacto de la reducción de aproximadamente $1,200 millones en el presupuesto consolidado del Departamento de Educación.
Mientras, el Gobierno aseguró que el vencimiento de fondos federales no recurrentes no afectará la contratación de personal ni los servicios esenciales durante el inicio del curso escolar.
El presidente de la AMPR, Víctor M. Bonilla Sánchez, recordó que la organización fue una de las primeras voces del sector educativo en alertar, en marzo de 2025, sobre la vulnerabilidad del sistema educativo ante la reducción de fondos federales y la dependencia de recursos temporeros para sostener gastos recurrentes.
“Hace más de un año advertimos sobre la alta dependencia de fondos federales y sobre las consecuencias reales que tendrían nuestras escuelas, nuestros estudiantes y el magisterio ante la posible falta de estos. Hoy existen decisiones administrativas y situaciones reportadas que hacen indispensable comprobar si esas preocupaciones comienzan a materializarse, a pesar de que el Gobierno insiste en que los servicios no se afectarán. Nuestra responsabilidad es verificar que esa garantía se refleje en cada escuela, con maestros nombrados, servicios esenciales como los de Educación Especial, transportación, mantenimiento, limpieza, seguridad y condiciones adecuadas desde el primer día”, expresó.
Bonilla Sánchez sostuvo, además, que “un inicio de curso no puede ser exitoso simplemente porque las escuelas abren sus puertas. Podremos hablar de éxito cuando nuestras escuelas tengan sus maestros nombrados, personal de apoyo suficiente, materiales disponibles, instalaciones seguras y servicios funcionando para garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad”.
Mientras, el vicepresidente de la organización, Raúl González Colón, señaló que la AMPR fiscalizará si la reducción presupuestaria y los ajustes administrativos se traducen en un deterioro de las condiciones laborales y salariales del magisterio.
“El Gobierno ha asegurado que los servicios y la contratación de personal estarán garantizados, y esperamos que así sea. Sin embargo, nos corresponde verificar que esas garantías se cumplan en cada escuela. Estamos atentos a que la falta de personal docente no continúe siendo atendida mediante la utilización de trabajadores sociales, consejeros, bibliotecarios u otros profesionales especializados para sustituir maestros”, destacó.
Como en años anteriores, el equipo de coordinadores de la AMPR ha sido desplegado por las distintas regiones educativas para verificar directamente las condiciones de las escuelas y contrastar la información oficial con la realidad que enfrentan los educadores. Este ejercicio de fiscalización se concentra en asuntos como plazas vacantes, infraestructura, sistemas eléctricos, cisternas, generadores, ventilación, materiales y disponibilidad de servicios esenciales.
Al momento, se han visitado unas 466 escuelas, que representa el 54 por ciento de los planteles escolares. Entre las situaciones más preocupantes identificadas se encuentran las relacionadas al suplido de energía eléctrica y almacenamiento de agua.
Según el censo realizado por la AMPR, de las escuelas visitadas solo un 38.8% tienen generadores eléctricos, mientras un 70% tienen abanicos. De otra parte, solo un 53% cuentan con cisternas, un 23% no tienen y otro 24% tienen, pero no funcionan.
De otra parte, el liderato de la AMPR reiteró que la Carrera Magisterial continúa siendo una de las principales prioridades de su agenda de trabajo. Aunque ya fueron identificados cerca de $90 millones para atender la deuda acumulada con miles de maestros, esos fondos permanecen detenidos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por lo que la organización continuará exigiendo que se complete el proceso administrativo y que los pagos lleguen finalmente a los docentes que por años han esperado el reconocimiento económico que les corresponde por ley.
El presidente de la AMPR adelantó que este tema ocupará el primer punto de la agenda durante una reunión programada para esta misma tarde con el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés. Asimismo, indicó que se cursó una comunicación a la Junta de Supervisión Fiscal solicitando que atienda este asunto con premura y que facilite cualquier trámite necesario para viabilizar el desembolso de los $90 millones.
