Por CyberNews
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informó hoy -martes- a la Comisión Conjunta de Hacienda que el presupuesto recomendado por la Junta de Control Fiscal (JCF), de $361.7 millones para el próximo año fiscal, no incluye los fondos para el aumento salarial de la oficialidad y tampoco permitirá cubrir la totalidad del gasto de nómina.
La titular de la agencia, Ana Escobar Pabón, compareció este martes a la primera vista pública que evalúa la Resolución Conjunta de la Cámara 144 que persigue asignar sobre $10,111 millones al presupuesto del año fiscal 2022, que inicia el 1 de julio.
La funcionaria detalló que, de la totalidad del presupuesto recomendado, unos $203.9 millones de dólares corresponden al pago de nómina.
“Nosotros tenemos una necesidad apremiante de lo que es el reclutamiento de este personal que da servicios directos a la población correccional y también sustituir aquella oficialidad que en un momento dado sale por cualquiera de las oportunidades de renuncia, afiliación, o lo que fuera. Es necesario nosotros poder realizar esa academia de oficiales correccionales de 250 para poder dar continuidad de servicios”, expresó la secretaria del DCR en comunicación escrita.
Sin embargo, la agencia, que administra un sistema con una población promedio es de 13,369 personas, anticipa un gasto en nómina de $208 millones en el año.
Según la secretaria, al próximo 30 de junio el DCR deberá contar con 6,010 puestos ocupados, de los cuales 245 están en pre-retiro, quedando activos un total de 5,765 empleados.
Escobar Pabón señaló que el presupuesto recomendado para el año fiscal 2022, que representa una disminución de sobre $20 millones de dólares en comparación con el presupuesto vigente de $381.8 millones, tampoco posibilitará el reclutamiento del personal que brinda servicios directos a la población correccional, como los técnicos de servicios sociopenales, técnicos de récords, evaluadores de remedios administrativos, líderes recreativos, entre otros.
La funcionaria defendió la necesidad de un aumento de sueldo para los empleados del DRD, cuyo salario base es de $1,603 y no ha sido incrementado desde 2018. Aunque el gobernador Pedro Pierluisi asignó 15 millones de dólares para este fin en el borrador del Plan Fiscal, la partida no fue incluida en el documento final que sometió la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para la aprobación de la JCF.
Escobar Pabón explicó que la reducción de un promedio de 10,000 confinados y confinadas registrada en los pasados años, y que anticipa continúe esa tendencia, no representa una disminución en el personal que labora para el DCR.
“Elevamos esta petición a la Legislatura de Puerto Rico a los efectos de que se nos apruebe la cantidad solicitada y mencionada por el señor gobernador en su mensaje (de presupuesto) de la asignación de los $15 millones para cubrir el aumento salarial muy merecido por nuestros compañeros de trabajo. Realmente, un salario tan básico y esencial como ese no satisface las necesidades actuales”, manifestó la Secretaria a preguntas del representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la comisión cameral de Hacienda.
Plan a largo plazo consolidaría una decena de instituciones correccionales
La jefa de Corrección indicó que la agencia desarrolló un plan estratégico desde 2021 hasta 2025 dirigido a maximizar los recursos de la agencia.
Escobar Pabón mencionó como medida prioritaria la consolidación de instituciones o programas correccionales que se identifiquen – mediante un estudio comprensivo – como innecesarias o cuya inversión de renovación no sea contraproducente.
La propuesta busca, además, invertir en mejoras capitales de las facilidades con énfasis en la utilización de tecnología para promover la seguridad y mayor automatización de sus operaciones.
La titular adelantó que la agencia proyecta la clausura de 10 instituciones correccionales en un periodo de 10 años. Estos cierres resultarían en la continuidad de 17 instituciones, en comparación con las 27 que operan actualmente para adultos. Permanecerán activos los dos centros para menores disponibles al momento.
“Estamos atendiendo un plan de optimización requerido por la Junta de Control Fiscal a los efectos de poder transferir programas existentes a otras instalaciones o instituciones y maximizar los espacios disponibles, al igual que poder utilizar efectivamente los recursos humanos y fiscales de la agencia”, afirmó Escobar Pabón.
La secretaria desglosó que las primeras instalaciones y programas que serían cerrados son el Centro de Tratamiento Residencial y el proyecto de Recogido de Desperdicios Sólidos (REDES), ambos en Arecibo. Tanto el centro como el proyecto serán transferidos al Complejo Correccional Sabana Hoyos localizado en ese municipio. El Campamento La Pica, en Jayuya, también será movilizado a Sabana Hoyos, indicó Escobar Pabón.
Mientras, el Hogar Intermedio para Mujeres en San Juan, será cerrado ante la falta de confinadas embarazadas o con menores de tres años de edad. El proyecto sería reubicado al Complejo de Rehabilitación para Mujeres. De acuerdo con la funcionaria, el Campamento Zarzal en Río Grande también será clausurado “en algún momento dado” por deficiencias estructurales en la institución.
Con estas consolidaciones, el DCR espera producir ahorros iniciales de 1.7 millones de dólares por concepto de la renta que se le paga a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), nómina y otros gastos operacionales.
A preguntas de Santa Rodríguez sobre las condiciones las instituciones aún operantes y si cumplen con los estándares mínimos, Escobar Pabón comentó que la agencia continúa el proceso de mejoras a las facilidades. Entre los trabajos realizados se encuentra sellado de techos, reparación de verjas perimetrales y portones eléctricos, así como instalación o renovación de generadores eléctricos.
“Unas condiciones óptimas en estos momentos no las tenemos totalmente, pero sí tienen las garantías mínimas constitucionales para la población correccional”, aseguró la funcionaria, al tiempo que aseguró que el personal carece de equipos de seguridad como chalecos antibalas y máscaras de gas.
No obstante, recientemente la agencia recibió 22 nuevos vehículos oficiales para poder realizar las rondas perimetrales y otros 13 para la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).
Santa Rodríguez – quien radicó la resolución de presupuesto junto al presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández – solicitó al DCR la entrega en cinco días laborables de un análisis sobre un contrato de 42 millones de dólares para la partida de servicios comprados. La Comisión Conjunta continuará las vistas públicas el miércoles con el Departamento de Salud (DS), la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Comprensivo de Cáncer y el Centro de Diabetes de Puerto Rico.
