Por Redacción Es Noticia
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La legislatura tiene ante su consideración una medida que busca evitar el discrimen contra las personas que buscan adquirir una viviendas con fondos de programas federales.
El Proyecto del Senado 679, presentado por el senador Carmelo Ríos Santiago, propone la creación la “Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación Destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios”, con la que busca garantizar que los beneficiarios de programas federales de recuperación post-desastre, como el CDBG-DR, puedan adquirir viviendas seguras y libres de discrimen.
Según la exposición de motivos, la legislación responde a prácticas discriminatorias como el rechazo de vales federales para la compra de propiedades, la alteración de términos de venta o la difusión de información falsa sobre disponibilidad, que han impedido que el 66% de las familias beneficiarias adquieran una vivienda.
Para erradicar estas conductas, se tipifican como prácticas discriminatorias la negativa a vender, negociar o anunciar propiedades a participantes del programa R3, así como inducir a otros a no venderles.
Con esta ley, el Departamento de la Vivienda tendría la responsabilidad de atender con diligencia las transacciones que involucren estos fondos y de procesar querellas de personas perjudicadas.
También se establecería un régimen de sanciones que contempla multas administrativas de hasta $5,000 por violación, con excepciones para propiedades vendidas por entidades religiosas o por individuos que no utilicen corredores y posean menos de tres viviendas.
La medida también enmienda el Código de Rentas Internas para fijar en un 2% la contribución sobre ganancias de capital en ventas a beneficiarios certificados de programas federales de recuperación, siempre que la propiedad esté ubicada en una zona declarada de desastre en los últimos 10 años, se destine a rehabilitación, reconstrucción o uso comunitario, y el vendedor no sea un inversionista comercial ni haya usado la exención más de una vez en cinco años.
Ante esto, el director de los Programas de Planificación de CDBG-DR expresó su apoyo sin embargo sugirió que “la exención contributiva se extienda para incluir a otros actores del mercado, tales como los inversionistas”.
Por su parte, en representación de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Milton Serrano estableció que la medida tiene un fin loable y se posicionó a favor de la misma. “Nuestra Asociación rechaza todo acto de discrimen que lesione o violente los derechos constitucionales o estatutarios de toda persona en el proceso de financiar, adquirir o solicitar una vivienda”, dijo.
Resaltó que “no sería razonable la imposición de responsabilidad legal o económica a profesionales de los bienes raíces por actos, u omisiones atribuidas a los propietarios o clientes”.
