La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes tiene ante su consideración el Proyecto de la Cámara 1563 para proteger contra represalias a los maestros que reporten incidentes graves de buena fe y establecer un protocolo uniforme de respuesta ante agresiones, amenazas creíbles y situaciones de riesgo en las escuelas públicas.
La propuesta dispone expresamente que ningún traslado o cambio de tareas se utilice como sanción encubierta contra el personal docente. Además, requeriría que el Departamento de Educación establezca un mecanismo confidencial de revisión ante alegaciones de inacción o represalias.
“Un maestro no debe tener miedo de informar una agresión o una amenaza por temor a que hacerlo tenga consecuencias en su contra. Debe contar con una respuesta clara, medidas de seguridad y el respaldo institucional necesario para continuar su labor. Nuestros estudiantes también necesitan un ambiente seguro para aprender”, expresó la representante Tatiana Pérez Ramírez.
El proyecto, denominado como “Ley para el Fortalecimiento de la Autoridad Docente y la Convivencia Escolar”, permitiría implantar medidas protectoras provisionales de inmediato ante un incidente grave documentado, sin requerir que se agoten previamente las intervenciones ordinarias. Estas medidas tendrían que constar por escrito, expresar sus razones y duración inicial, notificarse sin dilación y revisarse oportunamente.
El protocolo propuesto establece que, ante un riesgo inmediato:
- La dirección escolar asegure la separación física, la supervisión continua, los primeros auxilios y la activación de servicios de emergencia cuando corresponda.
- Dentro de 24 horas o el próximo día laborable, se elaboraría un informe preliminar reservado y se notificaría a la Oficina Regional, bajo estricta confidencialidad.
- Personal autorizado tendría un término de 72 horas laborables para evaluar el riesgo, las necesidades de las partes y las intervenciones necesarias, sin alterar los requisitos aplicables a estudiantes con discapacidades.
“No basta con recibir un reporte. Tiene que haber seguimiento, evaluar el riesgo y atender a las personas afectadas. Con este proyecto buscamos establecer responsabilidades claras para que la comunidad escolar cuente con un procedimiento de respuesta ante una situación grave”, sostuvo la legisladora.
Los docentes que reporten incidentes graves de buena fe tendrían derecho a recibir constancia de su reporte y conocer las medidas de seguridad relacionadas, sin acceder a información estudiantil protegida. El Departamento también ofrecería orientación, referidos a apoyo psicosocial y evaluación de asistencia jurídica conforme a las leyes aplicables.
La prohibición de represalias se extendería a estudiantes y empleados que informen incidentes de buena fe. La propuesta también establece que la víctima no estaría obligada a participar en procesos de mediación.
Pérez Ramírez destacó que las medidas protectoras provisionales no constituirían sanciones finales ni autorizarían suspensiones fuera del plantel contrarias a la ley. El estudiante podría exponer su versión tan pronto sea viable, y el Departamento tendría que garantizar la continuidad educativa, los acomodos y los servicios requeridos, dando prioridad a alternativas seguras dentro del entorno escolar.
El proyecto también contempla:
- capacitación anual sobre intervención segura.
- documentación y prevención de la violencia.
- registro central de incidentes.
- publicación de estadísticas anuales que protejan la confidencialidad estudiantil.
- informe anual a la Asamblea Legislativa.
