Por Miguel Díaz Román
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Desde que comenzaron los sismos en secuencia reportados a partir del 28 de diciembre del 2019 ha quedado desnuda ante nuestros ojos una nueva realidad hasta entonces insospechada sobre la situación de vulnerabilidad económica y la ausencia de planificación que padece la sociedad puertorriqueña, sostuvo el sociólogo y exsecretario del Departamento de Educación, Cesar Rey.
Los terremotos también han dejado al descubierto el incumplimiento rampante de los códigos de construcción de parte de la ciudadanía y la falta de preparación del gobierno para atender este tipo de emergencias.
Salta a la vista además, la precariedad económica de los municipios del suroeste, donde existe un alto desempleo y niveles extraordinarios de dependencia en las ayudas del gobierno. Pero quizás el aspecto más desconcertante es el alarmante estado de pobreza y de vulnerabilidad socioeconómica que padece la mayoría de la población de estos pueblos y especialmente los niños y los adultos mayores de 55 años, dos grupos que se destacan como la población más afectada.
Nada de lo ocurrido debería ser una sorpresa. Sabíamos desde hace más de 100 años que sufriríamos un terremoto porque Puerto Rico se encuentra en un área de gran actividad sísmica. Desde el punto de vista de planificación el país está sacudido. Y falta mucho por hacer para mejorar la respuesta del gobierno frente a los desastres naturales. Sin duda hacen falta planes de contingencia más efectivos”.
Sociólogo César Rey
El sociólogo lamentó que la destrucción de residencias y de comercios causada por los terremotos agravará aún más la precariedad económica que ya padecían los pueblos de la zona suroeste. Rey recordó que el 67 % de los niños de la Isla viven bajo el nivel de pobreza y que el 30 % de nuestra población la integran mayores adultos de más de 55 años, un sector social que es muy dependiente de las ayudas del gobierno.
“Es una situación que se vienen dando desde los pasados 30 años y lo que hemos hecho es apagar fuegos. La inmediatez nos ha tragado”, sentenció el sociólogo. Agregó que los sismos y sus consecuencias han sacado a la luz la fragilidad económica del país y de la zona sur en particular; la pobreza y la desigualdad, como resultado de una mala repartición de la riqueza.
Rey indicó que existen razones para conservar el optimismo porque la respuesta espontánea de las comunidades con los pueblos afectados emerge como una luz esperanzadora frente a tanta adversidad.
“La solidaridad de las comunidades demuestra la capacidad del país para autoconvocarse para solucionar sus propios problemas”, advirtió el sociólogo.
Indicó que el estado de madurez que han demostrado las comunidades obliga a pensar en la necesidad de establecer un nuevo pacto social cuya agenda prioritaria sea mejorar al máximo los servicios de salud, la educación y la vivienda.
“María fue un gran ensayo, ahora tenemos un pueblo que ha demostrado tener más conciencia social, que está más preparado para enfrentar sus problemas”, agregó Rey.
Sobre este aspecto, planteó que los países que han despuntado son aquellos que han planificado su crecimiento socioeconómico por medio de un intercambio concertado entre todos los sectores de la sociedad.
“Se han sentado en una mesa los empresarios, los obreros, los comerciantes, los maestros ha decidir qué hacer porque en los pueblos la salvación no es individual, como dicen en la política, sino colectiva. Para los pueblos la salvación es colectiva”, insistió Rey.
La trabajadora social y ex presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Milagros Rivera Watterson, señaló que la historia del país ha cambiado a partir del 28 de diciembre de 2019 “y que la gente tendrá que aprender a vivir con esa nueva realidad que implica que en cualquier momento podemos sufrir un terremoto. Eso lo sabíamos, pero no estábamos del todo conscientes. Ahora tenemos que aprender a vivir preparados para enfrentar esa nueva realidad”.
Rivera Watterson agregó que en la medida que se reduzca la actividad sísmica el país deberá enfrentar los efectos postraumáticos de los terremotos, que pueden ocasionar múltiples efectos emocionales y físicos en la ciudadanía. La trabajadora social indicó que la respuesta del gobierno ante la emergencia “fue lenta”, lo que requiere desarrollar planes coordinados entre las agencias y los municipios para responder con mayor rapidez a los eventos sísmicos.
Aquí se reaccionó a lo inmediato y a lo loco. Y no puede ser así. Tenemos que aprender a actuar de manera comedida, asustados, pero con calma. Eso se aprende. Tenemos que volver a los simulacros que se hacían antes en las escuelas y que se abandonaron”.
Trabajadora social Milagros Rivera Watterson
Indicó que la nueva realidad exige que el gobierno desarrolle programas para educar a la ciudadanía a enfrentar un terremoto y cómo reaccionar durante y después de la emergencia.
Explicó que la renuencia de los damnificados a abandonar sus pueblos o las áreas cercanas a sus residencias mientras continuaba la actividad sísmica, obedece a que probablemente sus casas es el único bien material que poseen y por el cual han trabajado durante su vida productiva. “Hay que tener sensibilidad porque esas personas saben que, si abandonan el pueblo, sus casas serán escaladas y todo se lo robarán. Hay que tener eso en cuenta, porque esas personas se resisten a perder por lo que han trabajado 30 años”, dijo Rivera Watterson, quien también es la portavoz del Comité Amigos y Familiares del Confinado.
Otro aspecto preocupante es el deterioro de la actividad económica en los pueblos de la zona suroeste, por el efecto destructivo de los sismos en los comercios y en otras áreas del sector de los servicios, lo que aumentará el desempleo y la dependencia de la población residente. A su vez, los ingresos de los municipios ya se han visto afectados debido a la interrupción del cobro de impuestos.
La administración de Wanda Vázquez Garced ha estimado los daños en los pueblos del suroeste en $110 millones, pero los alcaldes estiman que los daños alcanzarán los $500 millones. Un nuevo escenario como resultado de los sismos es la gran cantidad de casas desplomadas o severamente afectadas y los múltiples condominios declarados como inhabitables que en el futuro se deberán demoler. Debido al alto costo de la demolición de estructuras y la remoción de escombros el gobierno central ha depositado sus esperanzas en la llegada de más fondos federales que deberá aprobar el presidente Donald Trump.
Un análisis económico realizado por la agencia clasificadora de inversiones Moody’s Investors Service, plantea un nuevo revés para la economía local en el que puede acontecer un nuevo éxodo de personas y de empresas debido al temor de nuevos terremotos.
Los daños causados por los terremotos pueden mitigar una reciente tendencia positiva en la actividad económica y aumenten el riesgo de que más residentes y corporaciones busquen reubicarse”.
Informe de Moodys Investors Service
Entre las tendencias positivas mermadas figura el aumento en la actividad económica, un alza en el empleo y el crecimiento de la población.
También menciona que un aumento en la frecuencia de desastres naturales podría entorpecer la atracción de inversiones o la expansión de operaciones existentes, en referencia a los efectos del huracán María en el 2017 y al episodio de terremotos que comenzó a finales del 2019 y que aún no ha concluido.
Moody’s sostiene que la situación económica del país pueda agravarse si el Tesoro Federal decide eliminar el crédito contributivo que reciben las empresas foráneas por el arbitrio que pagan en Puerto Rico por sus exportaciones.
