Por CyberNews
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En la Cámara de Representantes se radicó la resolución 1670 que busca realizar una investigación sobre la legalidad del contrato suscrito entre la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro y la Administración de Terrenos.
En el mismo, se arrienda el edificio histórico del Antiguo Asilo de Beneficencia (hoy sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)) por un posible término de hasta 60 años.
Denis Márquez Lebrón, representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y autor de la resolución, anunció el jueves lo mencionado mediante su participación en la manifestación llevada a cabo en las inmediaciones del ICP en el Viejo San Juan en contra del acuerdo.
“Esta transacción se convierte en otro gran atentado a nuestro patrimonio nacional, cultural e histórico. Tal y como lo ha denunciado el sector cultural del país, este caso establece un precedente nefasto para la preservación del patrimonio edificado en Puerto Rico. La transacción no solo pone en riesgo la integridad de la estructura del primero de los edificios monumentales construidos en el Barrio Ballajá del Viejo San Juan, sino que además representa otro golpe al ICP entidad encargada de garantizar la custodia, permanencia y protección de nuestro patrimonio cultural, y que ya ha sufrido recortes sustanciales por parte de la Junta de Control Fiscal”, expresó por escrito el funcionario.
La resolución 1670 del líder independentista surge tras conocerse públicamente la noticia sobre una transacción, firmada el 27 de diciembre de 2016, mediante la cual el referido edificio histórico del Antiguo Asilo de Beneficencia pasaría a convertirse en un hotel “boutique” de 53 habitaciones. El contrato se firmó tres días antes del fin de la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla.
Márquez Lebrón, también abogado, explicó que, según el contrato, firmado por Arnold Benus, bajo la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro, y el entonces director de la Administración de Terrenos, Luis Rivero Cubano, el arrendamiento del edificio histórico se extendería hasta 40 años, permitiendo hasta dos extensiones consecutivas de 10 años.
El contrato establece que se pagará una renta de 5,000 dólares mensuales durante el proceso de construcción, $85,000 anuales los primeros tres años de operación, y $100,000 anual el resto. Después del décimo año, se aumentará la renta 15% de la base o 3.5% de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que, después del cuarto año de renta, pagarán además 5% de las ganancias netas después de los impuestos.
“A todas luces estamos frente a la privatización de un bien público y parte esencial de nuestro patrimonio cultural y nacional. Lo combatiremos mano a mano junto a los grupos de interés y defensores de nuestra cultura y emplazo a la Legislatura a que dé paso a esta resolución”, manifestó Márquez Lebrón.
