Por Miguel Díaz Román
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Revertir el toque de queda para que comience a las 7:00 de la noche, representará la pérdida de 20,000 empleos en la industria de restaurantes de un día para otro, sostuvo Ramón Leal, expresidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).
Leal sostuvo que está preocupado por el predominio de una visión punitiva contra todos los negocios por faltas que cometen unos pocos, en el proceso decisional de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se propone anunciar entre jueves y viernes las nuevas medidas que tomará para enfrentar el aumento en los casos de coronavirus que se ha registrado en el país en las últimas dos semanas.
“No pueden pagar justos por pecadores a la hora de tomar decisiones”, sostuvo Leal al indicar que la existe una minoría de negocios que no ha exigido a sus clientes el distanciamiento social y el uso de mascarillas, mientras la gran mayoría de los negocios y restaurantes han tomado las medidas y mantienen protocolos estrictos entre su personal y exigen el uso de mascarillas a sus clientes. Me aterra que se baje el toque de queda (de las 10:00 de la noche) a las 7:00 de la noche. Eso representará la pérdida de 20,000 empleos en la industria de restaurantes de un día para otro y el impacto negativo que tendría en la agricultura y en la economía”, dijo Leal.
Agregó que la atención del gobierno se debería concentrar en identificar e intevenir en los negocios que incumplen con las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas, así como intervenir con lo que llamó “caravanas” que estimulan conductas irresponsables e incumplen con distanciamiento social y el uso de mascarillas. Leal no especificó si se refería a caravanas políticas o de otra naturaleza.
“Esas caravanas que se están haciendo en los pueblos y lo que hacen es incitar que la gente salga a beber, a que estén sin usar mascarillas, a que estén por la libre.Tenemos identificados en videos, porque eso está en las redes sociales, todos los lugares que se han convertido en sitios de muchedumbre, de francachela, de libertinaje, de fiestas en horas que no deben. Este fin de semana vi varias peleas de mujeres y de hombres. Y pienso yo, que no sería justo que paguen justos por pecadores a la hora de tomar decisiones”, dijo Leal durante una entrevista realizada en la estación de radio WKAQ.
Leal también advirtió que le preocupa que prevalezca la visión punitiva contra los negocios en general, en momentos cuando entre el 20% y 25 % de los restaurantes no van reanudar operaciones debido al fuerte impacto económico que representó el cierre de la economía por más de tres meses.
De la expresiones de Leal, que fue miembro de “task force” económico de la gobernadora, se desprende que existen posiciones encontradas entre la visión del “task force” médico sobre cómo enfrentar el aumento de casos de coronavirus y la posición de los miembros del “task force“ económico.
Ayer, luego de sostener una reunión con los representantes de ambos grupos, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anticipó un amplio operativo de fiscalización para verificar el cumplimiento del distanciamiento social y el uso de mascarillas entre los negocios y sus clientes, especialmente negocios de bebidas alcohólicas, tras la difusión en las redes sociales de escenas donde grupos de personas consumen bebidas en comercios sin mascarillas sin guardar distancia.
Vázquez Garced reveló que entre jueves y viernes anunciará las medidas para frenar el aumento en los casos de coronavirus, por medio de cambios a la orden ejecutiva que permitió la apertura de la economía. Según la gobernadora, en la iniciativa de fiscalización participarían agencias reguladoras como el Cuerpo de Bomberos, el Departamento de Asuntos al Consumidor, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la Policía, el Departamento de Salud, el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Hacienda y otras agencias facultadas para poder intervenir en negocios.
El doctor José Aguelles, quien preside el Centro Unido de Detallistas y es miembro activo del “task force” económico de la gobernadora, reconoció que existe el choque de posiciones al indicar que la solución al problema no puede ser el cierre de los negocios.
“El cierre ultravires de los negocios y limitar sus horas de operación, incluyendo restaurantes y barras, no puede ser la solución. Los negocios han dejado de vender durante los meses en que estuvo cerrada la economía y para la apertura han tendido que hacer inversiones para mantener la prevención de contagios. No es justo que se penalice a los que cumplen. Lo que hay que hacer es que la Policía intervenga con los ciudadanos y los comercios que no cumplen”, advirtió.
Pero Arguelles hizo una importante distinción al destacar que los comerciantes son responsables de lo que ocurre dentro de sus negocios y no de las conductas de sus clientes en relación al coronavirus, y de cómo se comportan en las áreas aledañas a su negocio.
“Tanto que se habla de las barras y si entras en una barra lo más probable es que todos los clientes están usando mascarillas y separados. Lo que ocurre después de la puerta del negocio no es injerencia del comerciante. !El comerciante puede perdir al cliente dentro su negocio que use las mascarillas, pero afuera no!”, advirtió Arguelles.
El presidente del CUD insistió en que es responsabilidad de la Policía incrementar las medidas de fiscalización y evitar intervenir con los negocios bebidas y con los restaurantes, que fueron dos segmentos muy afectados por el cierre de la economía.
“Todavía están golpeados porque no pueden aceptar clientes en el 100% de su espacio. Ya ese segmento está lastimado y ahora lo vas golpear más con nuevas medidas que no atienden el problema”, cuestionó Arguelles.
El líder de detallistas también crticó la decisión de los alcaldes de Culebra y Cabo Rojo, de rechazar la visita de turistas o visitantes a sus municipios, y del alcalde de Yauco, quien ordenó el cierre de negocios de venta de bebidas y comidas y que limita las ventas a los pedidos para llevar. “Yo creo que esos alcaldes deben concederle un descuento en la patente municipal equivalente a lo que han dejado de vender esos comerciantes”, dijo Arguelles.
Leal también indicó que el gobierno debe detener el “libertinaje” en determinadas áreas de la isla, con la participación de los gobiernos de los 78 alcaldes y sus cuerpos municipales policíacos, junto con la intervención de la Guardia Nacional, la que recomendó debido a que el país experimenta un periodo de emergencia. El empresario, quien opera las cadenas Chili’s & Romano’s Macaroni Grill, señaló que los alcaldes han fallado en hacer cumplir el distanciamiento social y el uso de marcarillas en los comercios ubicados en sus municipios.
“Entiendo yo que si tuviéramos que activar la Guardia Nacional, pues estamos en un estado de emergencia. No puede ser que exista un libertinaje en lugares donde hay una falta total de control y de respeto y de procedimientos y nadie se dé cuenta a nivel de municipio. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte para que no se pierden empleos. Se ha dicho que las pérdidas de la economía por el coronavirus ya ascienden a $10,000 millones, temenos una industria de turismo muy lastimada…yo estoy muy preocupado con todo esto”, dijo Leal.
Finalmente, Leal indicó que a pesar de los diversos puntos de vistas de los médicos y el sector económico, la decisión sobre el alcance de la medidas que se anunciarán al final de la semana, será una determinación exclusiva de la gobernadora. “La decisión recae en sus hombros y es su responsabilidad”, concluyó Leal.
