Por CyberNews
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El trámite para la compra de un millón de pruebas COVID-19 por la empresa Apex General Contractors y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) fue irregular, trascendió en una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
El millonario contrato, cabildeado por Juan Maldonado (exadministrador de la Administración del Transporte Marítimo (ATM) y quien fuera despedido por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares) por el monto de $38 millones, estuvo firmado previo a que el mismo fuera evaluado por el Departamento de Salud.
La deponente Mariel Rivera Rivera, quien se desempeña en el Departamento de Salud como Analista de Compras para el Crisis Program Management Office, le envió a Juan Maldonado de Jesús, abogado de Apex, un borrador de contrato.
Rivera Rivera expuso en la vista que en todo momento recibió instrucciones de Adil Rosa Rivera para llevar a cabo el trámite del contrato de Apex. Sin embargo, dijo no tener prueba de que Rosa Rivera le haya ordenado la autorización de la transacción.
Añadió que bajo instrucciones de Rosa Rivera, le llevó directamente al Task Force el contrato de compra del millón de pruebas de COVID-19. En ese entonces, estuvo el doctor Segundo Rodríguez, el doctor Salgado, entre otros.
Rosa Rivera expuso que la primera cotización de pruebas fue por 200 mil unidades a $74.53 cada una. Alegó que recibió un comentario que el precio es alto y que esperaban que bajara con la compra de 1 millón de unidades.
Cuestionada sobre si algún miembro del Task Force médico preguntó sobre la compañía suplidora, contestó que no.
Durante los trabajos legislativos, fue citada Graciela Malavé, una funcionaria contratada por Servicios Profesionales y quien tuvo a su cargo la evaluación de la Forma 113 que autorizó la compra de un millón de pruebas rápidas para COVID-19.
Malavé labora en la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuestas de Salud Pública, dirigida por la doctora Jessica Cabrera, gerente de evaluación de ejercicios y coordinadora interagencial en el COE estatal.
Explicó que recibió una orden de compra bajo el Formulario 113 para la adquisición de Pro Medical Test Kits COVID-19. Detalló que la cotización es de APEX por $42 millones para un millón de pruebas rápidas.
Su rol, según explicó a la Comisión legislativa, fue una evaluación de los documentos relacionada con la emergencia, pero no interviene en los asuntos de compra y cuantías en los documentos.
“Yo no evalúo compras, no tengo criterios para comprender si estaba caro o no estaba caro”, dijo Malavé cuando el presidente de la Comisión Especial le preguntó sobre si le pareció sospechoso el alto costo de la prueba.
“Al yo ver la 113 vi que estaba relacionado a Salud. Yo solo la procesé”, insistió. “Yo no le puedo decir que ese contrato ya estuviera firmado antes de yo verlo”, añadió.
Cuestionada si el contrato fue anejado a la Forma 113 de compra -que previamente aseguró que sí- no respondió.
El presidente de la Comisión le increpó sobre si durante su proceso de evaluación ya el contrato estaba firmado, la deponente tampoco contestó.
Mencionó bajo preguntas de Rafael “Tatito” Hernández, que cuando se manejaron los documentos, no existía secretario y subsecretario de Salud por lo que la decisión recae en Rosa Rivera.
Asimismo, indicó que teme que su contrato sea rescindido. “Como es mi firma la que está, pues yo estoy quedando como la responsable de lo que hubiera ocurrido. Esto recae sobre mis hombros”, dijo la contratista.
Cuestionada sobre si a su entender, el proceso estuvo mal desde el principio, la deponente contestó: “no”.
Dicha comisión, ordena indagar sobre las compras y distribución de equipos requeridos durante la emergencia y sobre la administración de la plataforma digital para la renovación de las 800 licencias que se conceden a través de la agencia.
Los integrantes de la Comisión Especial son María Milagros Charbonier, Ángel Bulerín Ramos, Lydia Méndez Silva, Jesús Manuel Ortiz González, Denis Márquez Lebrón, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, José Aponte Hernández, Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez.
La vista pública continúa con el testimonio de Adil Rivera Rosa, quien también vino acompañada de un abogado. Sin embargo, Diana Meléndez Díaz fue excusada y citada.
