Por Sandra Caquías Cruz
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PONCE – El médico Luis Irizarry Pabón reportaba al Departamento de Hacienda ingresos anuales que rondaban el medio millón de dólares cuando determinó radicar su candidatura a la alcaldía de Ponce. Llevaba 12 años como legislador municipal del Partido Popular Democrático (PPD).
El médico ganó por un amplio margen a la alcaldesa penepé María Meléndez Altieri, quien buscaba revalidar a un cuarto cuatrienio. La ventaja de Irizarry Pabón fue de 17,018 sufragios por encima de los 13,077 que obtuvo su rival principal, esto tras una campaña en la que aportó alrededor de $170,000 de su dinero ahorrado, según informes del Contralor Electoral.
Irizarry Pabón ganó las elecciones y estaba frente a lo que podría ser el anhelo de un niño de limitados recursos: criado en un residencial público, estudiar medicina, ganarse el favor de un pueblo y dirigir las riendas de Ponce, la llamada capital alterna de Puerto Rico.
No obstante, la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) lo suspendió como Alcalde. Los abogados adelantaron que estarían apelando esa determinación. El alcalde tenía tres días para convencer a la UPAD por qué no debía suspenderle su salario.
Podría ir a prisión
Irizarry Pabón podría ir a prisión si es encontrado culpable. Está acusado de dos cargos por enriquecimiento injustificado (Artículo 251) y otros dos por violación al Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental.
El Alcalde enfrenta un proceso judicial por acusaciones relacionadas a un préstamo de $50,000 que hizo para mejoras en el hogar, del que aportó $30,000 a su campaña y luego, supuestamente, le pidió a un grupo de empleados municipales que pagaran las mensualidades del préstamo.
Los empleados que supuestamente pagaron esas mensualidades son los testigos. Las Fiscales Especiales Independientes (FEI)tienen 23 declaraciones juradas, vídeos y documentos de las transacciones bancarias que supuestamente confirman que los empleados eran los que pagaban las mensualidades. Así trascendió en la vista -el pasado 31 de octubre- en la que la jueza Adria Cruz Cruz, del Centro Judicial de Ponce, encontró causa para arrestar al Alcalde y le impuso una fianza de $5,000 por cada cargo.
“Esto no es un caso de donativos políticos, aquí los empleados no estaban haciendo donativos voluntarios, aquí los empleados fueron obligados por el Alcalde; fueron instrucciones específicas del Alcalde, de que tenían que pagar ese préstamo, y no era un préstamo para campaña, era un préstamo personal”, afirmó la fiscal Fúster al salir del Centro Judicial de Ponce.
Cuatro cargos
El rostro de Irizarry Pabón está en una ficha de la oficina del FEI por enfrentar esos cuatro cargos. Las FEI, Fúster e Ileana Agudo, entregaron siete declaraciones juradas (de unas 23), copia de dos acuerdos de inmunidad, documentos del banco y sentaron un testigo con lo que pudieron probar a la jueza Cruz Cruz que había una cintila de evidencia para comenzar el proceso judicial en contra del Alcalde.
“Entendemos que vamos a prevalecer en todo el proceso”, aseguró la fiscal Fúster, quien explicó que se trata de un préstamo que el Alcalde tomó para él no para el comité de campaña y que luego le pidió a los empleados que lo pagaran. “La obligación (de pagarlo) era de él. No del Comité”, afirmó.
“Aquí hay 23 declaraciones juradas, entre ellas muchas de empleados, diciendo que el Alcalde les dio instrucciones”, dijo Fúster antes de contestar a la prensa que las expresiones de que se trata de un encargo político “me parece una falta de respeto… ese tipo de expresión es cuando uno no tiene más nada que pelear en relación a la prueba”.
El único sentado a declarar durante la llamada Regla 6 fue Miguel Fonseca, inspector del Negociado de Investigaciones Especiales, a quien Justicia encomendó para que investigara el caso. Fonseca explicó sobre las gestiones que realizó para su investigación.
La defensa del Alcalde, que incluía como abogado principal José Andreu y a los licenciados Ricardo Prieto y Carlos Torres Nolasco, intentó sin éxito, probar que esas acusaciones eran injerencia del Contralor Electoral y no de un caso criminal.
Fuera del PPD
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, informó -esa tarde- que separó a Irizarry Pabón de todos los cargos políticos que ocupaba en la colectividad, eso incluye la presidencia del PPD en Ponce. “Aunque he sido claro en que reconozco que al Alcalde le asiste el derecho a que el estado le pruebe cualquier acusación más allá de duda razonable; es mi deber actuar siempre en protección de la institución. Nuestro Reglamento es claro en torno a situaciones como esta”, expresó en declaraciones escritas.
Irizarry Pabón no es el primer alcalde de Ponce que sale debido a acusaciones en su contra. Un Gran Jurado federal acusó al alcalde penepé José G. Tormos Vega y a otros dos funcionarios de extorsión por $1.2 millones, en fondos del Departamento de la Vivienda federal. La acusación ocurrió en 1984.
Ordenanza de Sucesión
La Legislatura Municipal de Ponce aprobó -el pasado 10 de octubre- la Ordenanza 5 – Serie 2023-24, en la que identifica el orden de sucesión para que, en caso de que el alcalde no estuviera presente, esté identificado el cargo de la persona que asumirá la función de alcalde interino.
La Ordenanza aprobada identifica que en primera instancia será el vicealcalde o vicealcaldesa la persona que se convertirá en alcalde interino, cargo que actualmente ocupa Marlese Sifre Rodríguez, quien convocó una conferencia de prensa para presentar los planes de trabajo del ayuntamiento.
Sifre Rodríguez ha sido la mano derecha del Alcalde y una de las que se alega declaró en el caso porque estuvo involucrada en el pago del referido préstamo.
Mientras, el Alcalde suspendido deberá regresar al Tribunal de Ponce el próximo 7 de noviembre para la conferencia con antelación al juicio en la que se informan los cargos y otros datos sobre el proceso.
La Vista Preliminar está pautada para el próximo 16 noviembre.
