Por Miguel Díaz Román
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A pesar de que en sus expresiones públicas la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, rechaza que se le apliquen recortes a las pensiones de los retirados, desde el 2017 el municipio de San Juan no paga las aportaciones para el retiro de los empleados del municipio y tampoco ha cumplido con las aportaciones para el nuevo sistema de retiro para los empleados públicos conocido como Pay Go.
“Desde el 2017, al día de hoy, el municipio de San Juan ha acumulado una deuda con Retiro de cerca de $69 millones por concepto del pago de pensiones a sus retirados, y desde que comenzó el ‘PayGo’ no han pagado ni un centavo”, sostuvo el administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), Luis Collazo Rodríguez.
Collazo Rodríguez reveló la información al anunciar que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del municipio de San Juan que pretendía detener el cobro del cargo “PayGo” al municipio.
Según el funcionario, del análisis del Tribunal de San Juan se desprende, que al amparo de la Ley 106-2017, no procede la expedición de un injuction para prohibir la puesta en vigor del cobro del cargo “PayGo”, ya que se trata de una ley válida cuya constitucionalidad no se ha cuestionado.
“Entendemos que la demanda era un subterfugio para no cumplir con su obligación según dispone la ley. No obstante, las pensiones de los miles de retirados del Municipio de San Juan se han seguido pagando por que el Gobierno Central asumió el pago de esas pensiones”, dijo Collazo Rodríguez en declaraciones escritas.
Añadió que el interdicto que solicitaba el Municipio de San Juan era para que los Sistemas de Retiro no hicieran gestiones de cobro hasta que se produjera un registro de las cantidades que les corresponden a los participantes, pensionados y beneficiarios.
“Un interdicto improcedente pues buscaba detener la aplicación de la Ley 106-2017”, dijo Collazo Rodríguez.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced, señaló que “nuestra administración mantiene su compromiso ineludible de garantizar y salvaguardar las pensiones de nuestros retirados. Muestra de ello, es el resultado de este pleito. El gobierno de Puerto Rico seguirá fiscalizando para que todas las entidades públicas que tienen este deber fiscal cumplan con nuestros pensionados”.
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