Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) informó -hoy- que la deuda de Puerto Rico es grande, insostenible y extraordinariamente compleja; la bancarrota de $130 mil millones es la más grande en la historia de los bonos municipales y aminoró el gasto en abogados con el trabajo que han realizado para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal en que se encuentra.
«Terminar con la bancarrota es un paso crítico para restaurar el crecimiento económico y la prosperidad de Puerto Rico, cumplir con el mandato de PROMESA y darle fin a la Junta de Supervisión», señaló el organismo en declaraciones escritas.
Las expresiones fueron horas después de una reunión entre los integrantes de la Junta y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
“Fue una reunión productiva en la que volví a establecer las prioridades del gobierno y los cuatro asuntos medulares que son: mi oposición a recortes en pensiones, municipios y la UPR, y la necesaria inversión en el servicio público”, dijo Pierluisi Urrutia.
“Conversamos sobre el proceso de mediación que es confidencial y reiteré que de la única manera que voy a apoyar un plan de ajuste de la deuda es que el pago sea uno manejable desde el punto de vista fiscal, que sea una cantidad de deuda que podamos pagar y que no vayamos a incumplir”, añadió.
En la reunión, el gobernador anunció que someterá la petición presupuestaria el martes 2 de febrero.
Declaraciones de la JSF:
«Los gastos incurridos en el proceso para que Puerto Rico emerja de la quiebra son sustanciales pero inevitables para reducir la carga de su deuda. La deuda de Puerto Rico es grande, insostenible y extraordinariamente compleja. La reestructuración se está llevando a cabo bajo un proceso de quiebra ordenado, juicioso y equitativo que ya generó y continuará generando ahorros significativos para el pueblo de Puerto Rico.
La bancarrota de Puerto Rico de aproximadamente $130 mil millones es la más grande en la historia de los bonos municipales, agravada por el declive económico, la recesión, la emigración significativa y los desastres naturales. La deuda se emitió por más de una decena de entidades públicas. Más de 165,000 acreedores han presentado evidencias de reclamación.
Los gastos legales incurridos son una fracción de los ahorros que se han logrado y se lograrán en el futuro mediante una reducción sustancial de los pagos del servicio de la deuda. De hecho, los gastos incurridos hasta el momento son menos de 1% de los ahorros que la Junta de Supervisión generó para el pueblo de Puerto Rico mediante las reestructuraciones de deuda completadas.
Además, una parte significativa de los honorarios legales de la Junta de Supervisión es el resultado del litigio iniciado por los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico, como la apelación presentada anoche por el Gobierno de Puerto Rico sobre cinco leyes que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ya prohibió su implementación dado que el Gobierno no cumplió con PROMESA.
La reestructuración de la deuda de COFINA por sí sola le ahorró a Puerto Rico $17,500 millones en pagos del servicio de la deuda y redujo la deuda nominal total pendiente en $6 mil millones, de $18 mil millones a $12 mil millones. La deuda del Banco Gubernamental de Fomento se redujo en $2 mil millones, de $5 mil millones a $3 mil millones. El cambio de perfil de la deuda de PRASA redujo los pagos totales de la deuda en $380 millones durante 10 años, y el cambio de perfil de la deuda de PRIFA le ahorró a Puerto Rico $82.5 millones.
La Junta de Supervisión está negociando la reducción de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y la AEE. El acuerdo alcanzado solo con los acreedores del Estado Libre Asociado antes de la pandemia de COVID-19 le habría ahorrado a Puerto Rico cerca de $51 mil millones en pagos del servicio de la deuda, y el objetivo de la Junta de Supervisión en las negociaciones ahora es reducir aún más los pagos del servicio de la deuda para reflejar el grave efecto de la pandemia en Puerto Rico, en su gente y en su economía; y para reflejar el continuo retraso en la implementación de las reformas estructurales necesarias definidas en el Plan Fiscal Certificado.
En general, la estrategia legal de la Junta de Supervisión eliminó billones de dólares en reclamos iniciales presentados contra el Estado Libre Asociado. Varios acreedores habían presentado un total de 172,893 reclamaciones, por un total aproximado de $44 mil millones. El equipo legal de la Junta de Supervisión logró eliminar la mayoría de esos reclamos: hasta la fecha, 56,506 reclamos por un total de más de $43 mil millones. Además, las reclamaciones por un total de casi $42 mil millones están en el calendario para una posible resolución por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, o las objeciones están listas para presentarse.
El objetivo general de la Junta de Supervisión es llegar a un acuerdo consensuado con el mayor número posible de acreedores y, al mismo tiempo, garantizar un acuerdo estructuralmente sostenible en el mejor interés de Puerto Rico, tan pronto como sea razonablemente posible. Las negociaciones de reestructuración de la deuda están en curso y la Junta de Supervisión está trabajando para que Puerto Rico salga de la bancarrota este año calendario. Terminar con la bancarrota es un paso crítico para restaurar el crecimiento económico y la prosperidad de Puerto Rico, cumplir con el mandato de PROMESA y darle fin a la Junta de Supervisión».
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