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Según los documentos financieros radicados por LUMA ante el Negociado de Energía y los publicados por AAFAF sobre las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en el año fiscal 2022, LUMA gastó $103.5 millones en consultores y servicios legales. Los gastos de LUMA representan un incremento de 55% en comparación con el año fiscal 2021, cuando la AEE gastó $67 millones en estas partidas, y de 125% en comparación con el año fiscal 2020, cuando la AEE gastó $46 millones. (En ambos casos se excluyen los gastos de representación ante el tribunal de quiebras). 

“Nos vendieron que la privatización iba a traer conocimiento y experiencia para reducir la dependencia en contratistas, pero vemos todo lo contrario”, señaló en un comunicado la ingeniera Ingrid Vila BIaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO. “LUMA contrata consultoría externa y servicios legales por $100 millones adicionales a los $117 millones que ya recibe bajo su contrato de privatización. Claramente se les está pagando por un peritaje que no tienen y que acaban subcontratando, encareciendo el servicio”.

La organización denunció también que hay poca transparencia sobre los contratos firmados por LUMA porque muchos no se encuentran en la página web de la Oficina del Contralor. Por ejemplo, aunque LUMA gastó $7.1 millones en servicios legales en el año fiscal 2022, los contratos por servicios legales disponibles en el registro de contratos de la Oficina del Contralor solo totalizan $250,000 para dicho año.

“Enviamos una carta a la Contralora para urgirle que le exija a LUMA la radicación de sus contratos y que cumpla con la ley. LUMA está gastando dinero público y el pueblo tiene el derecho de saber quién está recibiendo este dinero y para qué tipo de servicios”, expresó Cathy Kunkel, gerente del programa de energía de CAMBIO.

Ahora, en los primeros meses de este año fiscal, LUMA otorgó contratos millonarios a contratistas externos para servicios de gerencia de proyectos y servicios de ingeniería, relacionados con los miles de millones de dólares en fondos de FEMA destinados a la reconstrucción de la red eléctrica. Entre ellos está un contrato por $120 millones por tres años con un solo contratista, TRC Solutions. 

“Nos dijeron que una de las razones para traer a LUMA a Puerto Rico era su conocimiento para manejar los fondos federales asignados al sistema eléctrico. Inclusive ahora dicen que sacar a LUMA retrasaría los trabajos con fondos federales. Sin embargo, las contrataciones muestran que LUMA evidentemente no tiene capacidad para manejar fondos federales.  Además, ¿cómo esto se diferencia de tantos casos de malversación que hemos visto en Puerto Rico en los que el gobierno selecciona empresas sin el peritaje necesario que subcontratan a terceros para realizar el trabajo, aumentando los costos para el país? Esta información añade a los cuestionamientos que hemos levantado desde el primer día sobre las irregularidades en el proceso de contratación de LUMA y su servicio deficiente y llevan a concluir que este contrato tiene que rescindirse”, dijo la ingeniera Vila Biaggi.