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Expertos condicionan apoyo a moratoria de construcción en las costas

Redacción Es Noticia Publicado en agosto 25, 2021

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

Científicos, municipios y organizaciones ambientales condicionaron su apoyo al Proyecto del Senado 43, sometido por la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, que busca crear la “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera”.

El establecimiento de una moratoria de construcción en las costas, permitiría espacio para el diálogo y promover la planificación, y la reducción de exposición y vulnerabilidad de la población, infraestructura y servicios que ubican en la zona costera.

El proyecto fue evaluado durante una vista pública realizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, presidida por la senadora Gretchen Hau.

La audiencia comenzó con la lectura de la ponencia de la alcaldesa del municipio de Loíza, Julia Nazario Fuentes, quien avaló el proyecto.

“La intención de esta moratoria sería dar tiempo para que gobierno y sociedad repensemos el espacio costero y reevaluamos las estructuras que construimos allí; corrigiendo las vulnerabilidades y deficiencias de este patrimonio edificado y protegiendo el medioambiente”, expresó Nazario en su escrito.

De igual forma, el Administrador Municipal y alcalde interino de Rincón, Francisco J. Mercado, envió una ponencia donde endosó la implantación de la moratoria.

“Los dirigentes de los municipios que ubican en la región noroeste, desde Isabela hasta Añasco, tenemos que iniciar de inmediato acciones para evitar daños mayores a nuestras costas. El esfuerzo tiene que ser integrado, pues los daños que provoca un fenómeno atmosférico fuerte afectan a toda la región”, manifestó Mercado, quien propuso que la moratoria incluyera la realización de un censo de las estructuras existentes que están localizadas en terrenos de propiedad privada.

Por su parte, la oceanógrafa geológica y miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, Maritza Barreto Orta, reafirmó su apoyo al proyecto de moratoria.

“Deseo anotar que mi posición de apoyo a este proyecto se basa en el análisis de datos e información obtenidos en estudios que hemos realizado sobre el estado de la costa de Puerto Rico, experiencias observadas sobre los impactos sobre la costa de eventos tales como el Huracán María, marejadas asociadas a eventos extratropicales como lo fue Riley en marzo del 2018 y observaciones de campo recientes”, explicó.

Barreto aseguró que, la pieza legislativa está alineada con el mandato de la Ley 33 del 2019 sobre Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, y que la planificación tiene que repensar la ordenación del territorio costero y dirigirse a establecer una nueva ley de costa.

En la vista también participaron Ruberto Chaparro Serrano, director del Programa Sea Grant; y los doctores Aurelio Mercado Irizarry y Miguel Canals Silander, ambos expertos en oceanografía.

Los tres estuvieron de acuerdo en que hay que establecer una moratoria, pero propusieron enmiendas al proyecto para clarificar, por ejemplo, la duración de la misma y la amplitud del espacio de costa en la cual aplicaría el cese temporal de construcción.

“A lo largo de muchísimos años he abogado por el establecimiento de orden y planificación en donde es obvio que no lo hay, que es la zona costera de Puerto Rico. No creo que sea necesario demostrar esa aseveración ya que la situación se ha puesto tan mala que el tema, por fin, se discute cada rato en la prensa escrita, radial, y televisiva… hay que hacer una pauta inmediata en la otorgación de permisos, y en la preparación de deslindes de la zona marítimo-terrestre que no son otra cosa que una chapucería”, aseveró Mercado.

En el caso de las agencias de gobierno, a pesar de que inicialmente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se opuso tajantemente a la medida, el licenciado Samuel Acosta Camacho, ayudante especial del secretario del DRNA, comentó que la agencia consideraría apoyar la misma si se tomaba en cuenta las enmiendas propuestas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación (JP).

El presidente designado de la JP, Manuel Hidalgo Rivera, describió en su ponencia que el PS 43 es “un paso afirmativo”, que va de la mano con las iniciativas que está llevando a cabo su agencia, para la mitigación de riesgos.

“Concurrimos, en principio, con lo que propone la medida sobre la protección de un recurso natural tan particular e importante como lo es nuestra costa”, indicó Hidalgo Rivera.

Para tales efectos, Rivera propuso varias enmiendas, entre ellas: que la vigencia no sea de más de un año, que se atienda cualquier lenguaje para evitar que toda la costa sea tratada de igual manera, que no se restrinjan actividades como reparaciones de infraestructura y que no se incluya un lenguaje que choque con otras de mitigación financiadas con fondos federales.

En última instancia, la Asociación de Constructores de Puerto Rico -quien fue altamente criticada durante la vista pública tanto por senadoras, senadores y otros deponentes- manifestó su rechazo al proyecto tildándolo de irrazonable, innecesario, inválido y de carácter confiscatorio.

El presidente de la Asociación, Alfredo Martínez Álvarez, en su ponencia intentó minimizar el problema de la erosión costera, al asegurar que es un error y que no hay data que lo sostenga, decir que el aumento del nivel del mar es uno de los principales factores de la erosión.

Aunque no pudo deponer en la vista, la Coordinadora de Política Pública Ambiental de El Puente—Enlace Latino de Acción Climática, Amy Orta Rivera, sometió su ponencia apoyando la moratoria y proponiendo enmiendas, dirigidas especialmente a incluir los conceptos de justicia climática.

Orta Rivera reconoció que “la erosión costera y el aumento del nivel del mar, no solo son temas ambientales, sino que también son de carácter social y económico, ya que el 62% de la población en Puerto Rico vive en pueblos costeros y la falta de acción en las políticas públicas traen repercusiones adversas para la vida y propiedad de nuestra gente”.