Por Redacción Es Noticia
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El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó hoy -viernes- que considera apelar la determinación del juez Anthony Cuevas en la que desestimó el recurso especial que solicitaba la destitución de la cabildera/delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez.
La petición, según explicó, responde al «incumplimiento craso» con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa.
“Respetamos, pero diferimos de la determinación del honorable juez en cuanto a este caso, por lo que estamos considerando seriamente presentar un recurso de apelación. La solicitud fue presentada conforme al mandato expreso de la Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, y no representa una cuestión política, ya que no se configuran los elementos de dicha doctrina», indicó.
«Aquí se planteó una controversia justiciable y clara de si persona está cumpliendo o no con los deberes establecidos en la legislación; para responder a esa controversia, el juzgador no tiene más que evaluar la evidencia y para eso precisamente está la Rama Judicial”, expreso por escrito.
La Ley 167 del 2020 dispone específicamente en el artículo 12 que “el incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”.
La doctrina de este caso impide la revisión judicial de los asuntos delegados a otras ramas políticas de gobierno o, en última instancia, al electorado.
El Secretario indicó que “permitir que la señora Torres Rodríguez permanezca como delegada derrota el propósito de la legislación y representa la erogación de fondos públicos para propósitos ajenos a la función pública”.
“A la señora Torres Rodríguez no se le paga su salario para que invierta su tiempo en asuntos personales y rechace cumplir con su función, justificando su salario con una bitácora de opiniones y quejas personales. Si bien la peticionada tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, a la misma vez tiene la obligación de realizar las gestiones por las cuales fue electa”, señaló.
Torres Rodríguez devenga un salario de $90,000 anuales y podría solicitar hasta $30,000 anuales en reembolsos. Estos fondos provienen del presupuesto asignado por el Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), por lo que es dinero que proviene del Pueblo y se consideran fondos públicos.
De acuerdo a la Ley 167 de 2020, para cumplir con el mandato de los electores, los delegados congresionales tienen el deber de exigirle al Congreso federal que respete y haga valer el resultado del Plebiscito de 2020. Con el fin de que se evidencie lo encomendado, los delegados, tienen que presentar un informe sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico cada noventa (90) días. Sin embargo, en sus informes la delegada se concentra en criticar y rechazar el plebiscito. Asimismo, en aras de degradar la importancia de la votación, Torres Rodríguez solicitó la disolución de la delegación a la que pertenece, y la celebración de un nuevo plebiscito. Este reclamo es completamente contrario al juramento que hizo de hacer valer el Plebiscito de 2020.
Además, señaló que la delegada decidiera unilateralmente no entregar el tercer informe impreso y, en cambio, publicó un video en su página electrónica. “Con tal acto obvió el mandato expreso de la ley y no cumplió con su responsabilidad estatutaria de presentar ante el Gobernador un informe sobre sus gestiones para exigir al Congreso la admisión de Puerto Rico como un estado”, lee la demanda.
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