Por Luis J. Valentín Ortiz – Centro de Periodismo Investigativo
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La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) perdió el pasado mes de septiembre su acreditación con el Conference of State Bank Supervisors (CSBS), entidad que vigila los procedimientos y operaciones de las agencias estatales que regulan las instituciones bancarias en Estados Unidos, confirmó el CSBS al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Según la OCIF, la organización con sede en Washington, D.C., identificó deficiencias en su programa de exámenes a instituciones financieras que motivaron la desacreditación de la agencia.
“Como la participación de la OCIF en la acreditación del CSBS es voluntaria, la acción no tiene efecto en la habilidad y autoridad de la OCIF en seguir llevando a cabo sus funciones supervisoras y reguladoras, según establecidas por ley”, dijo por escrito el principal regulador de la industria bancaria en Puerto Rico.
A preguntas del CPI, el CSBS rechazó dar las razones por las que la OCIF perdió la acreditación que tenía desde 1994.
La desacreditación ocurre en momentos en que en el Tribunal Federal está pendiente el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, a quien se le imputa haber destituido en el 2020 al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner para nombrar a Víctor Rodríguez Bonilla, quien presuntamente fue escogido para ese puesto por el presidente de uno de los bancos que regulaba la OCIF. A cambio de esa alegada interferencia en el nombramiento del funcionario, Vázquez Garced recibiría un beneficio económico para su campaña política, según la acusación.
Durante los pasados cinco años, el sector bancario en Puerto Rico también ha estado en la mira debido a investigaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva a través de instituciones financieras de capital extranjero establecidas en la Isla y que son supervisadas por la OCIF.
Para recibir o mantener la acreditación del CSBS, las entidades reguladoras deben cumplir con unos estándares mínimos de supervisión y regulación de instituciones financieras, explicó Matt Comber, director senior de Acreditación del CSBS. Incumplir con estos requisitos mínimos puede ocasionar la desacreditación, añadió.
Una vez certificadas, las agencias reguladoras son auditadas y reacreditadas cada cinco años. Estas auditorías evalúan la administración, procedimientos y operaciones en cada agencia, según la CSBS.
En el 2015, la OCIF fue examinada y reacreditada por el CSBS de manera exitosa. La próxima auditoría debió iniciar en el 2020, y no fue hasta este año que culminó.
Al terminar su auditoría, el CSBS recomendó aumentar la cantidad de examinadores, además de mejorar sus condiciones salariales y oportunidades de entrenamiento, indicó la OCIF en expresiones escritas al CPI. Otra de las recomendaciones a la OCIF fue comenzar a examinar los sistemas de información y de tecnología de las instituciones financieras que regula.
La OCIF dijo que el informe que rindió el CSBS aclaró que “las deficiencias de la agencia anteceden la administración actual [de la OCIF], y muchas de estas deficiencias son el resultado de la crisis financiera de Puerto Rico entre 2014 y 2017, en la cual varios recortes presupuestarios impactaron severamente la habilidad de la agencia en reclutar, retener y entrenar su staff de examinadores”.
Una agencia sin recursos ni tecnología suficiente
La desacreditación ocurre en medio de la mayor cantidad de acciones regulatorias de la OCIF contra bancos internacionales en Puerto Rico, con al menos siete instituciones intervenidas, según El Nuevo Día.
Además, la OCIF mantiene en sindicatura y liquidación a tres bancos internacionales, incluyendo a Bancrédito, el banco de Julio Herrera Velutini, quien fue acusado de corrupción por la Fiscalía de EE.UU. este año junto a la ex gobernadora Vázquez Garced.
Como parte de Pandora Papers, la investigación multinacional del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés), el CPI reveló en el 2021 cómo algunos de estos bancos internacionales establecidos en Puerto Rico son utilizados para abrir cuentas y transferir dinero como parte de entidades y negocios offshore. Estos últimos, cuyos dueños suelen permanecer tras bastidores, pueden servir para ocultar activos del pago de contribuciones o, en el peor de los casos, lavado de dinero y realizar otras transacciones ilegales.
En ese momento, la comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira, reconoció que su oficina carecía de los recursos y presupuesto necesarios para llevar a cabo sus funciones en totalidad. Por ejemplo, la OCIF tenía solamente ocho examinadores y sistemas de tecnología de la década de los 90, para supervisar las casi 85 instituciones financieras que manejan desde Puerto Rico más de $136,000 millones en activos, según datos de la OCIF.
No fue hasta el pasado verano que la plantilla de examinadores aumentó de ocho a 15, dijo Zequeira, en entrevista con el CPI el pasado mes de agosto.
Aun así, la OCIF cuenta en promedio con un examinador para cada cinco bancos que supervisa. El salario inicial de estos puestos ronda los $24,000 anuales y tienen como requisito tener un bachillerato en contabilidad o finanzas.
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