- Anuncio -

Quiebra

Gobierno  / PORTADA  / Salud
Crean ‘Mesa de Trabajo’ para atender quiebra de varios hospitales
Sandra Caquias Cruz Publicado en enero 2, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Ante la posible quiebra del Hospital El Maestro, la senadora Keren Riquelme, citó una reunión de emergencia con miembros de la Asociación de Hospitales, Colegio de Administradores de Servicios de Salud y personal del Departamento de Salud, para desarrollar un plan de acción con el fin de mitigar los efectos de un posible cierre de esta facilidad médico-hospitalaria.

Mediante unas expresiones públicas circuladas en el 31 de diciembre de 2022, la Senadora destacó que la quiebra del Hospital El Maestro, al igual que la del Hospital de Niños San Jorge, demuestra una fragilidad en el sistema hospitalario de la Isla.

“Eventos como la quiebra de un hospital deben ser analizados cuidadosamente. Durante este año dos facilidades mayores, El Maestro y San Jorge, se han acogido a procesos de quiebra por deudas millonarias. Estas dos situaciones nos demuestran que existe una problemática con la plataforma hospitalaria que debemos atender antes de que se convierta en una crisis. Nuestra administración ha inyectado incentivos y provisto asistencia directa, lo que buscamos con esta reunión, con esta mesa de trabajo, es apoyar ese esfuerzo desde la Legislatura con nuevas propuestas que sean viables y ejecutables”, expresó la Senadora.

Riquelme espera realizar la reunión a principios de la nueva sesión ordinaria del Senado la cual esta pautada para comenzar el 9 de enero.

“Nuestro interés es buscar soluciones y para eso tenemos que reunirnos todos en una mesa que sirva como catalítico para el flujo de nuevas ideas que permitan, además de identificar los problemas, establecer un plan de acción que redunde en soluciones a corto, mediano y largo plazo”, indicó.

Hace varios días, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, entidad que administra el Hospital El Maestro, informó que se estará acogiendo a un proceso de quiebra ante una deuda de $12 millones con el Banco Popular.

Entre las posibles alternativas contempladas por la Asociación se encuentra la posible venta del antes mencionado hospital, el cual opera en el área de San Juan desde 1957.

En septiembre, la generación del Hospital San Jorge confirmó su entrada al proceso de quiebra.

Actualmente operan unos 70 hospitales a través de toda la Isla. A esto se le añade los centros de salud primaria (Centros 330) y centros de diagnóstico y tratamiento en los municipios.


Sigue leyendo
0
806 Visitas
0

Economía  / PORTADA  / Salud
Se declara en quiebra el San Jorge Children & Women’s Hospital
Redacción Es Noticia Publicado en septiembre 2, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El director ejecutivo del San Jorge Children & Women’s Hospital, José Luis Rodríguez, informó este viernes que presentaron una petición voluntaria de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebra.

“El plan de reestructuración financiera fortalecerá nuestro negocio y permitirá que el hospital continúe el importante trabajo que está realizando. El hospital enfrenta importantes desafíos financieros, que se vieron exacerbados por las pérdidas de ingresos durante la pandemia de COVID-19. Este plan de reestructuración financiera reducirá significativamente nuestra deuda, los gastos anuales por intereses y posicionará mejor a nuestro hospital para el crecimiento futuro” manifestó Rodríguez a través de la página del hospital en la red social Facebook.

Según Rodríguez, quien también es vicepresidente de operaciones, los trabajos del Hospital no se verán afectados y todos sus servicios estarán disponibles para brindar atención al paciente. El hospital está enfocado en garantizar que los empleados, médicos y proveedores puedan continuar ofreciendo la atención médica acostumbrada a los pacientes y las comunidades a las que sirven. Los empleados no se verán afectados a raíz de la reestructuración.

“Los objetivos de la declaración de reorganización van encaminados a mantener alrededor de 400 empleos y en invertir en obtener capital adicional para apoyar las necesidades de atención médica de la comunidad. El nuevo financiamiento y el efectivo generado por las operaciones en curso de la compañía se utilizarán para apoyar el negocio y reducir la deuda”, concluyó Rodríguez.


Sigue leyendo
0
670 Visitas
0

Economía  / Gobierno  / PORTADA
JSF reparte culpas y apunta al Gobierno
Redacción Es Noticia Publicado en febrero 19, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) repartió culpas sobre los que provocaron que el pueblo puertorriqueno acumulara $72,000 millones en deuda y que advirtió que sus siete miembros continuarán “cumpliendo con sus obligaciones legales”.

Las declaraciones las hizo en una comunicación escrita, de tres páginas, y que tiene publicada en su portal: JSF

«Durante décadas, los gobiernos de Puerto Rico han prometido demasiado y no han cumplido con el pueblo de Puerto Rico. Se han hecho promesas en diferentes administraciones y partidos políticos, promesas sin cumplir por la incapacidad del Gobierno de conseguir el financiamiento necesario.

La mala administración financiera condujo a la crisis financiera, la única razón por la que se adoptó la Ley PROMESA hace más de cinco años. El pueblo de Puerto Rico ha pagado el mayor precio y merece más de sus funcionarios electos.

Antes de PROMESA y de la creación de la Junta de Supervisión, los gobiernos de Puerto Rico sobrestimaban los ingresos, se excedían en los gastos y se endeudaban de más no solo con los bonistas, sino también con los proveedores locales, los empleados y los retirados.

Los gobiernos anteriores acumularon más de $72,000 millones de deuda, sin construir un Puerto Rico robusto con una educación excelente, una infraestructura impecable, carreteras bien mantenidas, electricidad fiable y una economía próspera con oportunidades para su pueblo.

La recesión, la emigración, la pérdida de competitividad, el gasto desmedido, el endeudamiento excesivo y la falta de inversión en la infraestructura, en los servicios gubernamentales y en el pueblo causaron estragos injustificados en la vida de los residentes de Puerto Rico.

Los gobiernos locales permitieron la quiebra de los sistemas públicos de pensiones de la Isla.

Durante los últimos cinco años, los miembros de la Junta de Supervisión han trabajado en conjunto con los funcionarios electos, la comunidad empresarial y el pueblo de Puerto Rico para poner fin a las prácticas que condujeron a esta crisis, para acabar con el ciclo de gasto deficitario que perjudica a todos los residentes y empresas de la Isla, y para poner en marcha las políticas y las prácticas que volverán a ofrecer oportunidades y prosperidad a la ciudadanía.

La Junta de Supervisión consiguió reducir la deuda pública en un 80% y ahorrar al contribuyente $50,000 millones en pagos de deuda. También logró que pudieran pagarse las pensiones con cargo al presupuesto del Gobierno, ya que no existen fondos de pensiones; también garantizó que todos los funcionarios tuvieran derecho al Seguro Social y allanó el camino para establecer un Fideicomiso de Reserva de Pensiones independiente que empezara a reconstruir lo que había desaparecido: los fondos destinados al pago de las futuras pensiones.

El Congreso de los Estados Unidos fue claro en que el propósito de la Junta de Supervisión es «proporcionar un método… para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital».

PROMESA exige que los planes fiscales certificados «garanticen el financiamiento de los servicios públicos esenciales, proporcionen un financiamiento adecuado para los sistemas públicos de pensiones, dispongan para la eliminación de los déficits estructurales, y mejoren la gobernanza fiscal, la responsabilidad y los controles internos».

La ley, adoptada únicamente por la mala administración financiera del pasado, establece que «cualquier solución duradera para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico debe incluir reformas fiscales permanentes que fomenten el crecimiento.

Debido a este mandato legal, y como resultado, los planes fiscales para Puerto Rico certificados por la Junta de Supervisión incluyen la agenda de administración financiera necesaria para restaurar la responsabilidad fiscal y las reformas estructurales fundamentales para el crecimiento económico:

    • El fomento de la participación de la fuerza laboral formal y las oportunidades de desarrollo para la fuerza laboral general.
    • La reforma educativa para mejorar drásticamente las tasas de graduación y los resultados de los exámenes de los estudiantes.
    • La reforma de la facilidad para hacer negocios a fin de reducir los obstáculos que impiden el inicio y sustentabilidad de un negocio, mediante la mejora de los procesos de obtención de permisos, de registro de la propiedad y de pago de impuestos.
    • La reforma del sector eléctrico para brindar una electricidad más fiable, asequible y limpia.
    • La reforma de las infraestructuras para mejorar la transportación pública.

No se puede restaurar la prosperidad y el crecimiento económico de Puerto Rico meramente reestructurando la deuda e invirtiendo fondos federales en infraestructuras más modernas y resilientes. Estos aspectos son necesarios, aunque insuficientes de por sí para el retorno del crecimiento sostenible. Se debe restaurar la responsabilidad fiscal e implementar las reformas estructurales necesarias para mejorar las oportunidades de cada residente y empresa.

Para evitar el exceso de promesas, de gastos y de endeudamiento del pasado, se debe aplicar prácticas de administración financiera en todo el Gobierno. La responsabilidad fiscal requiere disciplina, para no prometer de más, y la priorización de los recursos disponibles.

Si un gobierno desea gastar más recursos de los que dispone sin el acceso a los mercados de crédito, entonces debe encontrar una forma de aumentar los ingresos.

En Puerto Rico, eso implicaría la reconsideración de los más de $20,000 millones en exenciones contributivas anuales que el gobierno reparte o el aumento de los impuestos, o ambas cosas. De no ser una opción, no se puede continuar con los gastos. La propia Constitución de Puerto Rico consagra el concepto de presupuesto balanceado.

Los siete miembros de la Junta de Supervisión continuarán cumpliendo con sus obligaciones legales. El propósito de estas obligaciones es que se garantice una sólida gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos para evitar por siempre las prácticas del pasado que requirieron la existencia de la Ley PROMESA; también, que se supervise la implementación de las reformas estructurales necesarias para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad».


Sigue leyendo
0
947 Visitas
0

Economía  / Gobierno  / PORTADA
AAA refinancia bonos y pide a JCF que los retire de PROMESA
Redacción Es Noticia Publicado en agosto 26, 2021


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) refinanció todos los bonos de esa corporación pública bajo la Serie 2012 A y B (la «Serie 2012 AB») y pidió a la Junta de Control Fiscal (JCF) que los retire de la lista de entidades cubiertas bajo la Ley PROMESA.

“Este refinanciamiento de cerca de $1,800 millones en deuda senior, representa la totalidad de los bonos emitidos por la AAA en el 2012. Es importante recalcar que esta transacción no aumenta nuestra deuda ni extiende su vencimiento, por el contrario, reduce el interés actual y el balance adeudado ya que los bonos se emitieron a prima”, expresó la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo.

La transacción representa el financiamiento de alrededor de $1,800 millones:

-$1,655 millones en bonos:

  • Serie 2012 AB se conocerán como «Revenue Refunding Bonds»
  • Series 2021A «Revenue Refunding Bonds»
  • Series 2021B «Federally Taxable Revenue Refunding Bonds»
  • Series 2021C «Revenue Refunding Bonds»
  • Series 2022A (Forward Delivery)

-$209 millones en prima recibida como resultado de la venta de los nuevos bonos.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar J. Marrero, destacó que entre los beneficios de dicha transacción está:

  • Un ahorro promedio anual en el servicio de la deuda de $22 millones.
  • Alivio en la carga del servicio de la deuda de la AAA de aproximadamente $570 millones durante la vigencia de los nuevos bonos.
  • Apoyo adicional de los tenedores de bonos de la AAA para permitir que se dé prioridad a los gastos operacionales sobre otras obligaciones, incluyendo la deuda.
  • Apoyo del 74% de los tenedores de deuda «senior».

Explicó que, al combinar los ahorros logrados tras el refinanciamiento de la mayoría de los bonos de la AAA del 2008 en diciembre de 2020 con los ahorros logrados por esta transacción, la AAA reduce el servicio de su deuda anual por un promedio de $35 millones al año y el servicio de la deuda total hasta su vencimiento por aproximadamente $920 millones.

“Ciertamente gracias a esta transacción, a la disciplina fiscal demostrada y a nuestros logros financieros nos encontramos en una posición muy favorable para que la Junta de Supervisión Fiscal considere retirar a la AAA de ser una instrumentalidad cubierta bajo PROMESA. Este logro es resultado de un gran trabajo que demuestra el nivel de compromiso que tiene el gran equipo de la AAA con todos los abonados, así como con Puerto Rico”, expresó Pagán Crespo.

Los nuevos bonos tienen vencimientos similares a los bonos refinanciados y representan ahorros anuales hasta el 2047, fecha final de vencimiento de los bonos senior. El costo total de los intereses, incluidos los gastos asociados con la estructuración y la venta de la nueva emisión, fue del 3.22%.

Marrero hizo un llamado a la Junta de Control Fiscal para que analice los resultados financieros y operacionales de la AAA y establezca claramente los próximos pasos con miras a retirar a la AAA de la lista de entidades cubiertas bajo PROMESA.


Sigue leyendo
0
1.1K Visitas
0

Gobierno  / PORTADA
JSF asegura que nuevo acuerdo de deuda marca inicio para salir de la quiebra
Redacción Es Noticia Publicado en febrero 23, 2021


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Junta de Supervisión Fiscal anunció -hoy- que el acuerdo al que llegaron con diversos acreedores del Gobierno reduce $18,800 millones a la deuda de Puerto Rico, reduce el servicio de la deuda a $1,150 millones al año y representa el inicio de la salida de la quiebra en que se encuentra Puerto Rico.

Los términos de un acuerdo de reestructuración de deuda con ciertos tenedores de bono son un «gran avance» para lograr un Plan de Ajuste y resolver $35,000 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda, señaló el organismo en un comunicado de prensa.

El nuevo acuerdo con bonistas de Obligación General (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en resumen:

  • Reduce $18,800 millones de la deuda del Estado Libre Asociado en poder de los tenedores de bono de GO y AEP en un 61%, a $7,400.
  • Reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda contractual originales previos a PROMESA a $34,100 millones bajo el nuevo acuerdo (incluidos el principal y los intereses de los bonos de COFINA).
  • Provee a los bonistas de OG y AEP $7,400 millones en bonos y $7,000 millones en efectivo, lo que quita el peso de una deuda insostenible a futuras.
  • Incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) que brinda un valor incremental a los bonistas de OG y AEP solo si la economía de Puerto Rico se crece más de lo proyectado en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico.

«Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico», dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.

“Creo firmemente que este es el mejor acuerdo que pudimos alcanzar considerando la incertidumbre económica actual, no solo para el pueblo de Puerto Rico, sino también para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solvencia de Puerto Rico a largo plazo», expresó.

El presidente de la Junta de Supervisión resaltó que «este nuevo acuerdo coloca a Puerto Rico en una posición fiscal significativamente mejor cuando se compara con los términos que pudimos negociar previo a la grave pandemia, y cuando se compara con otros estados de la Nación con altos niveles de deuda».

«El Plan de Ajuste que esperamos presentar el próximo mes se basa -en parte- en este acuerdo con los acreedores, junto con los acuerdos ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados (COR) y con ciertos sindicatos, así como el resultado de una mediación que continúa con otros grupos de acreedores. El Plan garantizará que Puerto Rico resuelva la insolvencia de una vez y por todas. Ese es el objetivo que se fijó la Junta de Supervisión: una vez y ya. Tenemos la intención de lograrlo”, manifestó Skeel.

De igual modo, el abogado experto en quiebras apuntó que “alcanzamos el acuerdo presentado hoy gracias a los esfuerzos en buena fe de todas las partes y el liderazgo de nuestra mediadora. Quisiera agradecer a las juezas Barbara Houser y Roberta Colton, así como a su equipo de mediación por su destacado y vital desempeño en este proceso”.

El acuerdo reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a $1,150 millones para bonos de interés actual, en comparación con los pagos de hasta $4,200 millones sin la reestructuración. El servicio de la deuda anual en el acuerdo previo a la pandemia fue de unos $1,500 millones, mientras que el nuevo acuerdo liberaría más de $300 millones adicionales al año para los servicios que ofrece el gobierno. Es decir, los pagos anuales suman a $34,100 millones a lo largo de la vida de la deuda bajo el nuevo acuerdo, una reducción de 62% en comparación a los $90,400 millones que Puerto Rico tendría que pagar bajo los acuerdos de deuda contractual originales previo a PROMESA.

Sin PROMESA, 30 centavos de cada dólar de los impuestos y honorarios que el gobierno cobra al pueblo de Puerto Rico irían a los acreedores. Este nuevo acuerdo reduce aún más los pagos anuales a menos de 8 centavos de cada dólar de lo que el gobierno recauda.

“La reducción en los pagos anuales correspondientes al servicio de la deuda es un logro significativo en el camino hacia recuperación de Puerto Rico”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. «Junto con la política de deuda legislada el año pasado, que restringe la emisión de deuda incremental para evitar los errores del pasado, este acuerdo establece niveles de deuda sostenibles, le permite a Puerto Rico enfocarse en reformas estructurales y crecimiento, al tiempo que tiene la capacidad presupuestaria para proveer los servicios que las personas necesitan y merecen. Todo esto encamina a Puerto Rico hacia un acceso renovado a los mercados».

De igual modo, en el nuevo acuerdo, la consideración de efectivo/deuda a los bonistas provee una reducción promedio del 27% para los tenedores de bonos de OG y una reducción promedio del 21% para los tenedores de bonos de AEP, además de reducir sus reclamos por el equivalente a muchos años de pagos de intereses.

Dada la considerable incertidumbre sobre el crecimiento económico de Puerto Rico a largo plazo, tras los huracanes, sismos y ahora la pandemia, el nuevo acuerdo incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI) que comparte una porción del rendimiento superior a lo anticipado con los acreedores si la economía de Puerto Rico crece más que las previsiones del Plan Fiscal Certificado en 2020. El CVI utiliza el 5.5% del Impuesto sobre Ventas y Uso de Puerto Rico (IVU) comprometido con COFINA como medida de rendimiento superior. Si el gobierno de Puerto Rico cobrara más IVU del 5.5% proyectado, los acreedores -que son partes en este acuerdo- recibirán 45% del incremento sobre la cantidad proyectada, sujeto a límites máximos anuales y de por vida. Si la economía se desempeña según lo proyectado o cae por debajo de las expectativas, los acreedores no reciben ninguna compensación incremental del CVI.

“Añadir el CVI al acuerdo nos permitió reducir aún más la deuda de Puerto Rico en este tiempo incierto», dijo Jaresko. «La reducción sustancial de la deuda y el aumento del efectivo inicial ahora, en lugar de mayores pagos de servicio de la deuda más tarde le provee estabilidad a Puerto Rico y le quita la carga de pagos excesivos a futuras generaciones. La bancarrota ha estado frenando a Puerto Rico y este es un paso importante hacia la resolución”, expresó Jaresko.

Los miembros de la Junta de Supervisión aprobaron el nuevo acuerdo por unanimidad. Los tenedores de más de $11,700 millones de bonos apoyan el acuerdo, incluidos los inversionistas municipales tradicionales y las aseguradoras (monolines) Assured Guaranty Corp., Syncora Guarantee, Inc. y National Public Finance Guarantee Corp.

La mediación continúa con los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, reclamos generales no asegurados, las aseguradoras de bonos (monolines) con reclamos de recuperación, y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.


Sigue leyendo
0
899 Visitas
0

Gobierno  / PORTADA
Aval de Pierluisi al acuerdo firmado por JSF
Redacción Es Noticia Publicado en febrero 23, 2021


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiaspr.com

 

El gobernador Pedro Pierluisi avaló que la Junta de Control Fiscal firmara anoche -lunes- un acuerdo con un grupo de acreedores de bonos que será presentado ante el Tribunal del Título III el próximo 8 de marzo y el que esperan sea aprobado más tarde este año.

«Los términos económicos del acuerdo anunciado por la JSF y el Grupo de Acreedores son positivos para Puerto Rico. Más aún, estoy convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno», indicó Pierluisi en declaraciones escritas.

Los términos del acuerdo reflejan las negociaciones con los acreedores incluidos en el acuerdo de reestructuración que la Junta de Supervisión había alcanzado el año pasado tras un análisis del efecto acumulativo de la pandemia de COVID-19, la recesión y los desastres naturales que han azotado a Puerto Rico y su economía en los últimos años, informó la JSF.

«El acuerdo, por ejemplo, representa una reducción en la deuda total de Puerto Rico de casi 80% y reduce el servicio total a la deuda en aproximadamente 62%. En comparación con el Plan de Ajuste propuesto por la JSF en febrero de 2020, se reduce enormemente la cantidad de deuda garantizada y sustituye la totalidad de la deuda del Gobierno central con bonos de obligación general no garantizados e instrumentos de valor contingente exclusivamente».

Pedro Pierluisi

 

Expresiones del Gobernador:

«Culminar el proceso de restructuración de la deuda de Puerto Rico es una prioridad de mi administración. Dejar atrás la quiebra del gobierno es un paso fundamental para la recuperación y para el desarrollo económico de Puerto Rico. Con ello acabará la incertidumbre que representa este proceso, así como los gastos de restructuración que ha tenido que incurrir el Gobierno.

Sin embargo, el Plan de Ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados, por lo que, aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el Grupo de Acreedores, el Gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la Jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal.

Durante los últimos meses, el Gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”), ha participado del proceso de mediación que permitió el PSA anunciado hoy por la JSF. Durante este proceso, el Gobierno fue enfático en que cualquier PSA a ser implementado mediante un Plan de Ajuste que incluya un recorte a las pensiones de los servidores públicos no contará con nuestro apoyo. Lamentablemente, la JSF aún no ha abandonado los recortes de pensiones incluidos en el Plan de Ajuste de febrero del 2020. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico le ha comunicado a la JSF y al Grupo de Acreedores que no será parte del PSA anunciado hoy».


Sigue leyendo
0
1.1K Visitas
0

Economía  / Gobierno  / PORTADA
JSF defiende su Plan de Ajuste de la Deuda
Redacción Es Noticia Publicado en enero 22, 2021


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) informó -hoy- que la deuda de Puerto Rico es grande, insostenible y extraordinariamente compleja; la bancarrota de $130 mil millones es la más grande en la historia de los bonos municipales y aminoró el gasto en abogados con el trabajo que han realizado para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal en que se encuentra.

«Terminar con la bancarrota es un paso crítico para restaurar el crecimiento económico y la prosperidad de Puerto Rico, cumplir con el mandato de PROMESA y darle fin a la Junta de Supervisión», señaló el organismo en declaraciones escritas.

Las expresiones fueron horas después de una reunión entre los integrantes de la Junta y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

“Fue una reunión productiva en la que volví a establecer las prioridades del gobierno y los cuatro asuntos medulares que son: mi oposición a recortes en pensiones, municipios y la UPR, y la necesaria inversión en el servicio público”, dijo Pierluisi Urrutia.

“Conversamos sobre el proceso de mediación que es confidencial y reiteré que de la única manera que voy a apoyar un plan de ajuste de la deuda es que el pago sea uno manejable desde el punto de vista fiscal, que sea una cantidad de deuda que podamos pagar y que no vayamos a incumplir”, añadió.

En la reunión, el gobernador anunció que someterá la petición presupuestaria el martes 2 de febrero.

 

Declaraciones de la JSF: 

«Los gastos incurridos en el proceso para que Puerto Rico emerja de la quiebra son sustanciales pero inevitables para reducir la carga de su deuda. La deuda de Puerto Rico es grande, insostenible y extraordinariamente compleja. La reestructuración se está llevando a cabo bajo un proceso de quiebra ordenado, juicioso y equitativo que ya generó y continuará generando ahorros significativos para el pueblo de Puerto Rico.

La bancarrota de Puerto Rico de aproximadamente $130 mil millones es la más grande en la historia de los bonos municipales, agravada por el declive económico, la recesión, la emigración significativa y los desastres naturales. La deuda se emitió por más de una decena de entidades públicas. Más de 165,000 acreedores han presentado evidencias de reclamación.

Los gastos legales incurridos son una fracción de los ahorros que se han logrado y se lograrán en el futuro mediante una reducción sustancial de los pagos del servicio de la deuda. De hecho, los gastos incurridos hasta el momento son menos de 1% de los ahorros que la Junta de Supervisión generó para el pueblo de Puerto Rico mediante las reestructuraciones de deuda completadas.

Además, una parte significativa de los honorarios legales de la Junta de Supervisión es el resultado del litigio iniciado por los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico, como la apelación presentada anoche por el Gobierno de Puerto Rico sobre cinco leyes que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ya prohibió su implementación dado que el Gobierno no cumplió con PROMESA.

La reestructuración de la deuda de COFINA por sí sola le ahorró a Puerto Rico $17,500 millones en pagos del servicio de la deuda y redujo la deuda nominal total pendiente en $6 mil millones, de $18 mil millones a $12 mil millones. La deuda del Banco Gubernamental de Fomento se redujo en $2 mil millones, de $5 mil millones a $3 mil millones. El cambio de perfil de la deuda de PRASA redujo los pagos totales de la deuda en $380 millones durante 10 años, y el cambio de perfil de la deuda de PRIFA le ahorró a Puerto Rico $82.5 millones.

La Junta de Supervisión está negociando la reducción de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y la AEE. El acuerdo alcanzado solo con los acreedores del Estado Libre Asociado antes de la pandemia de COVID-19 le habría ahorrado a Puerto Rico cerca de $51 mil millones en pagos del servicio de la deuda, y el objetivo de la Junta de Supervisión en las negociaciones ahora es reducir aún más los pagos del servicio de la deuda para reflejar el grave efecto de la pandemia en Puerto Rico, en su gente y en su economía; y para reflejar el continuo retraso en la implementación de las reformas estructurales necesarias definidas en el Plan Fiscal Certificado.

En general, la estrategia legal de la Junta de Supervisión eliminó billones de dólares en reclamos iniciales presentados contra el Estado Libre Asociado. Varios acreedores habían presentado un total de 172,893 reclamaciones, por un total aproximado de $44 mil millones. El equipo legal de la Junta de Supervisión logró eliminar la mayoría de esos reclamos: hasta la fecha, 56,506 reclamos por un total de más de $43 mil millones. Además, las reclamaciones por un total de casi $42 mil millones están en el calendario para una posible resolución por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, o las objeciones están listas para presentarse.

El objetivo general de la Junta de Supervisión es llegar a un acuerdo consensuado con el mayor número posible de acreedores y, al mismo tiempo, garantizar un acuerdo estructuralmente sostenible en el mejor interés de Puerto Rico, tan pronto como sea razonablemente posible. Las negociaciones de reestructuración de la deuda están en curso y la Junta de Supervisión está trabajando para que Puerto Rico salga de la bancarrota este año calendario. Terminar con la bancarrota es un paso crítico para restaurar el crecimiento económico y la prosperidad de Puerto Rico, cumplir con el mandato de PROMESA y darle fin a la Junta de Supervisión».


Sigue leyendo
0
937 Visitas
0

Gobierno  / PORTADA
Junta de Gobierno de la UPR repudia expresiones de Jaresko
Redacción Es Noticia Publicado en junio 17, 2020


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Los representantes claustrales de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico repudiaron las expresiones de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, en torno a la posibilidad de que ese centro docente podría terminar acogiéndose al Título III de la ley PROMESA.

“Estas expresiones son irresponsables, falsas y solo tienen el efecto de confundir y crear ansiedad en el país. La sustentabilidad económica de la Universidad de Puerto Rico se ha mantenido, aún con la intervención destructiva de la JCF, quienes desde el primer día se han propuesto destruir el primer centro docente del país», expresó el organismo en un comunicado de prensa.

Los representantes claustrales, destacaron, que era necesario aclarar este tipo de «desinformación» a la comunidad universitaria. «La JCF nunca ha certificado los planes fiscales aprobados por la Junta de Gobierno de la UPR y siempre nos han impuesto su propio plan fiscal”, indicó el doctor Alan Rodríguez.

El también Secretario de la Junta de Gobierno añadió que “la UPR y su presidente, han realizado acciones para mantener la calidad de enseñanza y reputación internacional. Seguiremos siendo el primer centro docente de Puerto Rico y su principal proyecto social”,

Mientras, la doctora Olavarría señaló que  las expresiones de Jaresko forman parte «de una estrategia concertada» en contra de la Institución.

“La intimidación, como herramienta para persuadir a la Junta de Gobierno a actuar a gusto y conveniencia de la JCF, tampoco es nueva. Son múltiples las ocasiones en las que la JCF ha recurrido a las amenazas y desinformación, para lograr sus objetivos de achicar nuestra institución y de crear una mala imagen sobre la manera en que la UPR maneja sus finanzas”, dijo.

“Pero el récord es claro, la UPR ha cumplido con todas sus obligaciones económicas y más aún ha sido fiel a su ética de reforzar la equidad y la justicia social entre sus empleados. Su plan de pensión y plan médico, son solo alguno de los ejemplos», señaló.

El organismo resaltó que la UPR ha cumplido con un 88% de las imposiciones certificadas por la JCF en sus planes fiscales, esto con la mayor de las prudencias y siempre teniendo como norte la equidad entre nuestros empleados y estudiantes.

«La soberbia de la JCF los ciega y una vez más muestran sus malas prácticas con nuestra centenaria institución, hay un límite en que la tolerancia deja de ser virtud», señalaron por escrito.


Sigue leyendo
0
777 Visitas
0