Por CyberNews
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La exsecretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones de Longo, confirmó -el miércoles- en vista pública que la ayudante especial de la gobernadora Wanda Vázquez le pidió que firmara un contrato en 20 minutos para varios respiradores.
“Lo que testifiqué es lo mismo que he dicho públicamente. Me hicieron muchas preguntas sobre la compra de pruebas, compra de ventiladores, todos los eventos que se dieron en las dos semanas que yo estuve como secretaria interina. Yo les contesté y tenía algún material de evidencia que se los pude traer. Ellos quedaron que tienen todavía algunas preguntas que quieren hacer sobre el Departamento, que me citarán para alguna otra ocasión”, dijo Quiñones de Longo a preguntas de la prensa.
A preguntas sobre si Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, le llamó para realizar el contrato en 20 minutos para ventiladores, Quiñones de Longo contestó: “Si”.
¿Quién la llamó?
“Marisol Blasco”, contestó Quiñones de Longo.
¿Para qué?
“Para pedirme que firmara unos documentos en 20 minutos”, respondió.
¿Quién la llamó para decirle que Mabel Cabeza era indispensable cuando usted la sacó?
“Eh, el licenciado Antonio Pabón (secretario de la Gobernación)”, apuntó.
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Gobernadora rechazó alegaciones de Quiñones de Longo
“Si, Marisol Blasco es mi ayudante especial y la información que tengo es que eso no es correcto. Ella en ningún momento le dijo eso así que, hemos visto cómo en otras instancias, en la misma circunstancia de hechos las cosas que ha manifestado la (ex) secretaria interina (de Salud) no es correcto. Ya se los expresé aquí, se los traje y se los he desglosado, así que en ese sentido, corresponde a los foros pertinentes evaluar los testimonios de todo el mundo y que tomen las determinaciones que entiendan”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
De otra parte, el representante Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, tras interrogatorio a funcionarios del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en vista pública sobre compra de pruebas COVID-19 expresó: “En la vista pública de hoy, quedó clara la nefasta e irresponsable compra de $39 millones en pruebas de COVID-19″.
«La misma fue revisada y aprobada por el Departamento de Salud, el Negociado de Manejo de Emergencias, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y nadie investigó. Incluso no corroboraron el nivel de peritaje en el área de salud, equipos y pruebas médicas de la empresa que las vendía -que es ninguno- y si las mismas contaban con la aprobación de la FDA», indicó.
«El Comisionado del NMEAD, José Burgos, aceptó, a preguntas mías, que era correcta la información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CIP) a los efectos de que el Dr. Juan Salgado, miembro del “task force” de salud, le refirió suplidores de pruebas de COVID -19 durante la emergencia, aun cuando no le correspondía manejar ese tipo de asuntos. Sí negó que el Dr. Salgado hubiera recomendado a la compañía suplidora de las pruebas fallidas por $39 millones».
«Me aceptó que ningún funcionario del Departamento de Salud emitió por escrito algún análisis o recomendación desde el punto de vista de salud pública del porqué contratar a esta compañía, en otras palabras, que nadie dio ninguna recomendación. Como si la emergencia del COVID-19 no fuera suficiente como para que el pueblo de Puerto Rico tenga que lidiar, además, con la ineptitud, falta de transparencia y los gérmenes de corrupción que impiden una recuperación efectiva y ordenada. Exactamente lo mismo que con los huracanes y terremotos”.
Según trascendió, Quiñones de Longo señaló mediante denuncias públicas que recibió una orden de Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para realizar un contrato en 20 minutos para adquirir por $14 millones en 713 respiradores.
Quiñones de Longo, previo a su cita en una comisión cameral que investiga el asunto, rechazó haber tenido contacto con representantes de las compañías Apex General Contractors o 313 LLC. Dichas compañías – de construcción y que modificaron en marzo sus objetivos corporativos para incluir servicios de salud- obtuvieron un contrato por $38 millones para la compra de miles de pruebas rápidas (rapid test) de COVID-19.
Sin embargo, la entrega no se completó y se supo que se devolvió al Departamento de Hacienda (DH) un adelanto de $19 millones. Dicho contrato fue cancelado.
Por otro lado, Adil Rosa Rivera, exsecretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, negó que tuviera vínculos con los contratistas que se agenciaron órdenes de comprar de hasta 38 millones de dólares para pruebas rápidas que miden la posible exposición al COVID-19. Ésta levantó su derecho a estar acompañada de representación legal en la vista Ejecutiva con la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y fue citada para el próximo 14 de abril.
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