Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Wanda Vázquez Garced enmendó hoy las Reglas de Procedimiento Criminal para, entre otras cosas, permitir modificar la sentencia más allá de la mitad de la pena establecida, así como disponer los criterios a considerarse cuando se presente ante el ministerio público una solicitud para modificar una sentencia.
“El Estado debe contar con herramientas adecuadas que le permitan enfrentar la lucha incansable contra la criminalidad, por lo que, con la colaboración sustancial de un participante, podríamos esclarecer mayor cantidad de casos”, aseguró la gobernadora.
La enmienda ocurre en momentos en que se aboga para dejar libre un número no definidos de confinados bajo el argumento de la pandemia por coronavirus que afecta el mundo, incluyendo a Puerto Rico.
“La alta incidencia de crímenes violentos trastoca la paz y seguridad de nuestro pueblo. Lamentablemente, muchos de estos casos quedan impunes porque no se logran esclarecer por la falta de testigos necesarios para poder probar los delitos en los tribunales más allá de duda razonable. Es por esto que la alternativa de modificación de sentencias es una manera efectiva de estimular la cooperación de convictos sentenciados para agilizar el acceso a la información y evidencia que les permita someter cargos y prevalecer en los tribunales en contra de los delincuentes”, expresó la primera mandataria.
Explicó que contrario a otras jurisdicciones y al Gobierno federal, el ordenamiento jurídico de Puerto Rico prohíbe que se reduzca una sentencia más allá de la mitad, aún en los casos de colaboración sustancial de un participante de la violación de ley o convicto. «Esto en ocasiones constituye un obstáculo para el proceso de negociación», dijo la otrora secretaria de Justicia.
El Ministerio Público está impedido de solicitar mejores términos, aun cuando la cooperación ofrecida por el participante o convicto sea sustancial y pudiera, según dijo, desarticular organizaciones criminales y evitar que «co-participantes convictos» se animen a delatar a los autores de delitos.
“Somos conscientes de que las vidas de estos testigos corren peligro cuando deciden participar activamente en el procesamiento criminal de otra persona, y estimando el valor y calidad de la información suministrada, consideramos meritorio incentivar de forma adecuada su cooperación igual que se hace en la jurisdicción federal”, indicó.
Vázquez Garced citó estadísticas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para resaltar que la tasa de esclarecimiento de crímenes violentos a nivel federal -relacionados a asesinatos- superó el 60% en el 2018 y las agresiones agravadas en un 50% mientras la tasa de esclarecimiento de asesinatos en Puerto Rico, para dicho periodo, fue de un 23%.
“Tomando como referencia el estatuto de Virginia, delimitamos el análisis aplicable a la modificación en términos de la naturaleza, alcance y utilidad de la asistencia brindada por el convicto-cooperador, así como la suficiencia y veracidad de la información ofrecida», explicó.
Por otra parte, señaló que el Ministerio Público tiene que velar por el cumplimiento a la Ley Núm. 22, conocida como la «Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito”, así como la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, esto en aras de que tanto las víctimas, testigos, testigos potenciales y los familiares o allegados de estos, se le salvaguarden los derechos pertinentes.
Explicó que la enmienda cobra más relevancia luego que el Tribunal Supremo dictaminó que la exigencia de los veredictos unánimes en los casos penales por delitos graves, pautada recientemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Ramos v. Louisiana, aplica a Puerto Rico.
Previo a eso, la norma en la isla permitía convicciones 9 a 3, lo que significa que el Ministerio Público debe poder convencer a los doce miembros del jurado sin excepción, lo que se pudiera facilitar con las herramientas que esta medida hoy convierte en Ley.
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