Por Redacción Es Noticia
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) asignó un fiscal para que investigue a la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, y a su asesora, Katherine Erazo García, por la supuesta comisión de violaciones a la ley.
La determinación del PFEI surge luego de evaluar el Informe de Investigación Preliminar sometido por la secretaria de Justicia Interina, Inés del C. Carrau Martínez, y suscrito por la licenciada Phoebe Isales Forsythe, directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor y la fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga.
Del Informe de Investigación Preliminar, señaló el PFEI, surge que durante horas laborables Torres López le solicitó a Exel López Vélez que organizara una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. Además, lo instruyó a que vendiera las taquillas de dicha actividad entre los empleados de confianza de la JRT’, las empresas de telecomunicaciones reguladas por la JRT y los contratistas de dicha entidad gubernamental.
Agrega que López Vélez se comunicó con los funcionados y contratistas con el propósito antes mencionado. Como resultado de la pesquisa de Justicia, se acompañó con prueba y con una declaración jurada que López Vélez.
De otra parte, López Vélez relató que también había presentado varias quejas contra Torres López.
La primera, ante el Tribunal Supremo. Otras ante la Secretaría de la Gobernación, la Oficina de Ética Gubernamental y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Según expresiones de López Vélez, en las instalaciones de la JRT y durante horas laborables, Erazo García le comunicó a éste y a Torres López, que el exgobernador Rosselló Nevares había ordenado a cada una de las agencias del ejecutivo recaudar fondos para su campaña de reelección.
En ese momento, supuestamente, Torres López expresó que la JRT iba a colaborar, cita el informe de referencia.
Además, según el récord, surgen otras intervenciones, tanto de Torres López, como de Erazo García, durante horas laborables, relacionadas con asuntos político partidistas.
En su Resolución sobre este caso, el Panel expone que López Vélez, podría ser acreedor a alguna protección como denunciante de actos de corrupción, sin embargo, no necesariamente, tales protecciones legales son extensivas a todas sus actuaciones e incumplimientos que lo involucran como funcionado.
Por consiguiente, la determinación sobre la ampliación de la investigación y la posible presentación de denuncias en su contra es un asunto que deben dilucidar los FEI.
Además de la investigación realizada por Justicia, surgen otras irregularidades atribuibles a Torres López que, de ser ciertas, podrían constituir sedas violaciones de ley.
Entre éstas figuran utilización de vehículo oficial y chofer para asistir a reuniones de índole político partidista, así como, otras actuaciones relacionadas con la compra y pagos de servicios.
El Panel concluyó que a base de que el récord remitido por el DJPR contiene prueba conducente a demostrar que las alegaciones allí expuestas podría ser objeto de presentación de cargos criminales, ordena que se realice una investigación a fondo. Las infracciones de ley que se argumentan como violaciones son tanto al Código Penal de Puerto Rico de 2012, como varias disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, en el ámbito penal de dicha ley.
Para realizar esta investigación el Panel designó al licenciado Ramón Mendoza Rosario, como Fiscal Especial Independiente y al licenciado Miguel Colon Ortiz, como Fiscal Delegado. A esos fines, se les concedió el plazo de 90 días, dispuesto en la Ley 2-1988, contados a partir de la notificación de la aludida Resolución.
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